Murió un jefe de Terapia Intensiva en Chaco y reavivó las denuncias por el manejo de la pandemia

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La provincia del Chaco amaneció este viernes en estado de conmoción. La muerte por coronavirus del médico terapista Miguel Angel Duré, jefe en ejercicio de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Perrando de Resistencia, fue un golpe demasiado duro en un momento apremiante de la crisis sanitaria local.

Chaco acumula 81 muertos, lo que representa casi un 10% del total de Argentina, con una población que no llega al 3%. Pero además, es la segunda jurisdicción con más muertes por millón de habitantes, después de CABA; y registra una mortalidad del 5,5%, que también es de las más altas del país.

La muerte del médico desató las críticas por el manejo de la pandemia
La muerte del médico desató las críticas por el manejo de la pandemia Crédito: multivision.tv

“Veíamos la placa en la computadora y sabíamos el pronóstico”, escribió esta mañana el doctor Julio Picón, médico reconocido y compañero de Duré. El pronóstico se cumplió: el doctor Duré murió en la madrugada y se convirtió en la víctima número 81 de la pandemia en el Chaco.

Conocida la noticia, el médico fallecido cosechó un reconocimiento público casi unánime e inmediato y el cariño de sus compañeros de trabajo. “Nos quebró a todo el Perrando su caída. Era un hombre sereno, callado. Cuando hablaba, lo hacía siempre con las palabras justas. Era sencillo como pocos y confió plenamente en sus colegas”, le dijo a LA Nacion Corina Acosta, residente y terapista.

Al mismo tiempo, la muerte del médico removió viejos dolores y motivó una catarata de críticas de profesionales de la salud y vecinos chaqueños hacía la política sanitaria implementada desde el primer día por el gobernador Jorge Capitanich, con resultados que no son satisfactorios.

Los profesionales que están en la primera línea de atención y exposición vieron en Duré un espejo del drama que viven cada jornada desde el inicio de la pandemia, que en Chaco ocurrió el 9 de marzo. “Su caída será la nuestra”, advirtieron en una carta que publicaron hace unos días en un diario local.

Condolencias oficiales

El Ministerio de Salud Pública a través de su titular, Paola Benítez, y el equipo directivo del Hospital Julio C. Perrando, hicieron saber que lamentan el fallecimiento del médico terapista Miguel Duré, lo mismo que el gobernador Capitanich, que escribió en su cuenta de Facebook: “Quiero expresar mi más profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Miguel Duré, (…) que trabajó incansablemente cuidando la salud de los chaqueños y chaqueñas. Nuestras más sinceras condolencias para su familia y seres queridos, junto al reconocimiento a él y a todos los trabajadores que día a día luchan durante esta pandemia que se lleva tantas vidas. Que Dios lo tenga en su Santa Gloria”.

El rechazo de la comunidad a las condolencias del gobernador fue casi inmediato. Lo acusan, como los médicos, de haber subestimado la situación y de no asumir ahora las consecuencias. Recién hoy, después de varios días de cruces mediáticos, se informó que el gobierno y la oposición intentarán un canal de diálogo conjunto para atender la crisis.

Chaco es una de las provincias más azotadas por la pandemia
Chaco es una de las provincias más azotadas por la pandemia

Por este y otros movimientos, considerados al menos tardío, los calificativos que más se repiten en cientos de mensajes que le dejaron en su página al gobernador son los de “hipócrita”, “cínico”, “mentiroso” y otros tantos irreproducibles. Algunos le piden la renuncia.

Los médicos y residentes fueron más allá. Motivados en la bronca por la pérdida de un jefe y compañero, pero también en falencias largamente denunciadas, asentadas en datos y estadísticas oficiales, los profesionales de la salud chaqueños hacen responsable de la crisis al propio gobernador Capitanich. También le endilgan la muerte del especialista, quien se contagió en el Hospital Perrando tras intervenir a un paciente que tenía la enfermedad, sin los elementos de protección adecuados.

Colegas de Duré, agrupados en la Gremial Médica Hospitalaria vienen denunciando, además de desprotección, persecución y aprietes. Los residentes del Perrando, en tanto, publicaron este viernes un duro comunicado en el que apuntan al Gobierno provincial por el hecho. “Subestimaron la situación desde el primer día (…) Fallaron. El sistema de salud falló. Este es el resultado. Personal de salud infectado. Un médico que ya no está. (…) Colocar un tubo en tórax a un paciente Covid que se está muriendo, con un barbijo de tela vegetal y uno quirúrgico encima, no es por elección señores”. El posteo rápidamente se viralizó cosechando adhesiones.

El contagio entre hombres y mujeres del servicio de salud fue uno de los más grandes en esta provincia: llegó a ser de casi un tercio en algún momento de la cuarentena. A mediados de abril, la mitad de los contagios estaba dentro de los hospitales y clínicas.

Hace diez días, hablando en cadena por varias radios de gestión nacional, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García sugirió este asunto: “El hospital Perrando ya tuvo dos focos importantes de contagio, y la verdad, me parece, que el libreto que tienen es bueno, lo hacen bien, pero que no se cumple totalmente”.

También dijo que hay “mucha omnipotencia, inclusive en muchos colegas de Resistencia que no se cuidan, desconocimiento de las cosas mínimas. Lo digo con mucho afecto porque en esto todos somos víctimas y no hay que culpar a nadie”.

La internación de Duré

El cuadro del doctor Miguel Angel Duré resultó delicado, aunque era un paciente joven. Tenía 53 años. Se contagió de Covid-19 e hizo una insuficiencia respiratoria grave con falla renal, lo que obligaba una dialización. El profesional fue el primer paciente del hospital Perrando internado en la unidad Covid que recibió plasma de convalecientes suministrado al menos en dos oportunidades por una fundación que articula con Salud Pública. Si bien en primera instancia la respuesta fue satisfactoria, luego surgieron otras fallas orgánicas que empeoraron su salud, según se informó extraoficialmente.

Duré era el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Perrando, estuvo más de 25 años al servicio a la Salud Pública. En los últimos días, desde su entorno y desde ámbitos no vinculados a la medicina, se pedían cadenas de oración por su recuperación, que al final no ocurrió. Cerca del mediodía de este viernes, sus colegas lo despidieron con aplausos y en silencio. Hicieron un cordón humano para que la camioneta utilitaria que llevaba su cuerpo pudiera salir del hospital, que era como su casa.

Fallas del sistema

El doctor Julio Picón, dolido por la pérdida de su colega, a quien vió por última vez en la guardia de esta madrugada, hizo alusión al número de casos que se incrementa día a día. Allí “te das cuenta que algo está fallando. Y después viene la noticia. Falleció Duré. Y pasa a engrosar una estadística fría, que no refleja el dolor que queda. Atrás de esto, tenés un montón de situaciones que bordean lo ridículo para un problema muy serio”, escribió en su página de Facebook.

Fue ese un resumen de una serie de denuncias que se realizan en cadena desde hace varios días acerca de la postura asumida por el Gobierno del Chaco en el manejo de la pandemia.

Días pasados, en una carta que se hizo pública, compañeros del médico fallecido contaron que “Duré contrae el virus cuando intubó a uno de los tres pacientes en grave estado que habían estado en la Unidad Covid y que luego habían sido trasladados a la terapia convencional porque el primer hisopado resultó negativo”.

Cifras alarmantes

Mientras todo ello ocurre, el Chaco aporta datos que sostienen el alerta. El senador correntino Martín Barrionuevo, que viene trabajando con las estadísticas de coronavirus en todo el país, informó ayer que el Chaco es la segunda provincia del país con más muertes por millón de habitantes, después de la Ciudad de Buenos Aires.

CABA con 103.1 y Chaco con 63.9 lideran la tabla que luego completan Buenos Aires con 21.9, Córdoba con 9.3 y Santa Fe con 1.1. El promedio nacional de Argentina es de 19, según los estudios de este especialista.

Capitanich tomó nota e intentó una última jugada, después de decir que ya no sabía qué otra medida tomar para doblegar la curva. Cerró el Chaco desde el pasado lunes y ayer bloqueó incluso varios ingresos al Gran Resistencia. No obstante la rigidez de las medidas, se reportaron hoy los primeros casos en El Impenetrable: confirmaron un caso en El Sauzalito y otro en Nueva Pompeya.

Estos positivos estarían relacionados con los viajes que entre el 5 y el 8 de junio hizo una comitiva oficial a esas zonas del interior chaqueño, acompañando a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, quién dio positivo de coronavirus, al igual que otras tres funcionarias del gobierno local.

Hasta el mediodía de este viernes, Chaco registró 1.475 casos positivos de Covid-19, además de los 81 fallecimientos. De los casos positivos, 718 recibieron el alta clínica definitiva.

Por la crisis en Chaco, Corrientes restringe el cruce por el puente Belgrano y vuelve obligatorios los hisopados

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Dada la complicada situación epidemiológica del Chaco, pero también con la idea de ayudar a dar cumplimiento al blindaje para toda la semana que propuso el mandatario Jorge Capitanich, el gobierno de Corrientes anunció que extremará los controles en el ingreso a la provincia por el puente General Belgrano.

El propio gobernador Gustavo Valdés (UCR) informó que dio de baja los permisos de circulación interprovincial vigentes, que ahora será necesario tramitarlos de nuevo, y que quienes tengan las autorizaciones pertinentes deberán someterse a un hisopado obligatorio.

Valdés anunció que rubricó el Decreto 935, por medio del cual la provincia estableció la obligatoriedad del hisopado nasofaríngeo para todas las personas que tramiten permisos de circulación, en especial a las que circulen por el puente General Belgrano.

“Se incorporaron al stock de la provincia los test rápidos, con lo cual vamos a realizarlos inmediatamente y en el lugar”. Las personas “que se nieguen a los hisopados”, añadió, “no podrán cruzar por el puente”.

La iniciativa apunta especialmente a ese acceso interprovincial, que fue el viaducto por el cual ingresaron personas que luego facilitaron la aparición de casos en el interior de Corrientes. Por esa misma razón, Valdés informó que las localidades de Mocoretá y Saladas vuelven a las fases 5 y 3, respectivamente.

Gustavo Valdés
Gustavo Valdés Crédito: Facebook

Mocoretá, ubicada en el sur provincial, en el límite con Entre Ríos, tuvo casos importados de Buenos Aires. Saladas, a 100 kilómetros al sur de la Capital, tiene dos casos activos importados de Chaco. La situación está controlada en ambos lugares, pero todavía hay casos en estudio.

Conciencia colectiva

Chaco y Corrientes son dos provincias separadas por el río Paraná pero unidas por el puente General Belgrano. Sus capitales comparten historia y vínculos económicos, educativos y familiares, por lo que el flujo es intenso e incesante. Pero como las realidades en ambas márgenes del río son bien distintas en relación al coronavirus, ambos gobiernos apelan a la responsabilidad individual y colectiva.

Chaco reportó 1364 casos positivos y 77 muertos, mientras que Corrientes reportó 105 casos, solo 11 activos y sin víctimas fatales.

Además de que ese pedido es fundamental, está protocolizado y lo piden todos los organismos nacionales e internacionales que trabajan en la contención de la pandemia, en esta región del Nordeste argentino resulta una necesidad imperiosa por ciertos brotes de anomia detectados a lo largo de la cuarentena, sobre todo en el Chaco, pero también en Corrientes.

El gobernador Capitanich reitera en cada aparición pública la necesidad de guardar el aislamiento, pero sus palabras no lograron hacer carne en la población. Hubo más de 16 mil detenidos y demorados por violar la cuarentena. Aunque hoy, en el debut de la nueva fase 1, la movilidad se redujo un 60 por ciento, según se informó. Corrientes registra una movilidad casi normal, acorde con su estatus de nueva normalidad con distanciamiento social.

En lancha, para evitar controles

Pese a su situación crítica, Chaco parece no poder contener ciertos desbordes. Uno de los últimos se detectó el fin de semana: la policía descubrió el viernes que dos mujeres chaqueñas llegaron a la ciudad de Corrientes en lancha para participar de una fiesta. Un grupo de vecinos alertó al 911, la Policía llegó hasta el lugar y se encontró con las dos mujeres, que tenían domicilio en Resistencia.

Al realizar las investigaciones sobre el caso se determinó que habían llegado a Corrientes en lancha para evadir los controles apostados en el puente. El episodio fue confirmado por el comisario César Fernández, de la Dirección de Seguridad Metropolitana de Corrientes.

“En un trabajo conjunto con la Policía de Chaco logramos que vuelvan a su provincia”, contó el comisario, pero “a raíz de lo sucedido, le pedimos a la Prefectura que intensifique los controles en el río para evitar que suceda lo mismo en adelante”, agregó.

Caos en las estaciones de servicio

Otro hecho sorprendente se registró este lunes. Vecinos de todo el territorio chaqueño coparon las estaciones de servicio luego del anuncio del gobernador Capitanich de que Chaco volvía a fase 1. Hubo varias cuadras de cola para cargar combustible, e incluso situaciones de tensión en algunos surtidores.

La situación se generó luego de que se conociera el alcance del Decreto N°702 del Poder Ejecutivo que prohibió la carga de combustible desde este martes, a excepción de vehículos oficiales destinados a contener la pandemia y de los automóviles de personas que cuenten con el permiso por actividades exceptuadas.

Alberto Fernández, durante una visita a Chaco
Alberto Fernández, durante una visita a Chaco Crédito: Presidencia

La medida, que en teoría buscaba a evitar la circulación y las aglomeraciones, consiguió el efecto contrario. Muchos vecinos e incluso referentes del sector de los combustibles hicieron responsable del malentendido al propio gobernador, pues el equívoco provocó que en muchas estaciones de servicio se originaron colas de varias cuadras, postal que se replicó en muchas ciudades del interior de la provincia.

Allí radican las críticas oficiales hacía el comportamiento de la población. Hace cuatro días, Ginés González García se mostró sorprendido por porque en el Chaco se siguen “saludando con dos besos”.

En una entrevista radial, el ministro de Salud dijo además que le sorprende la “poca observancia” a las medidas básicas de bioseguridad que se da en los ciudadanos de Resistencia, en general, y en el personal médico, en particular. Dijo que hay un “desconocimiento de cosas mínimas” en el marco de los cuidados para evitar la propagación del coronavirus.

No obstante, también existen errores en la comunicación de las medidas. “Esto es un caos, no entendemos y nadie nos comunicó nada”, dijo a la prensa local Mauro Silvestre, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, quien lamentó la situación que se vivió en Resistencia el lunes por la tarde, con largas colas para cargar nafta en todas las estaciones.

“Estamos muy desconcertados. Salió un comunicado que dice que solamente vamos a poder despachar a vehículos oficiales, pero oficialmente a nosotros no se nos comunicó nada. Tampoco entendemos, si volveríamos a fase 1, donde la gente no se puede movilizar, a qué se deben las largas colas en toda la ciudad”.

Preocupación interna

Otro asunto que tiene en tensión al Chaco tiene que ver con los contagios confirmados de tres funcionarias. Son los de la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; de la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; y de la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.

A esto se sumó después la confirmación del contagio de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, quien estuvo en contacto con todas estas funcionarias, con el gobernador Capitanich y con muchas otras personas con Covid-19 durante tres días, del 5 al 8 de junio.

Anteayer se confirmó que los pilotos del avión provincial que trasladó a la comitiva también dieron positivo. Las infecciones se produjeron en un viaje al Impenetrable, por lo que ahora se puso bajo especial atención lo que suceda en aquella zona del interior chaqueño.

La noticia causó alto impacto en el entorno de los pilotos. Debieron ser hisopados numerosos integrantes de las Fuerza Aérea además de personal de Salud Pública, ya que dicha aeronave se utiliza también para vuelos sanitarios.

Como saldo de toda esta cuestión, varios funcionarios locales, uno de El Sauzalito, y otro de Tres Isletas, pidieron al Gobierno que el gabinete evite moverse al interior para frenar posibles contagios.

Coronavirus en la Argentina: Chaco retrocede y Jorge Capitanich dio asueto toda la semana

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“Lo que queremos hacer esta semana, que es más corta, es reducir drásticamente y al máximo las actividades, en un esfuerzo duro e implacable para quebrar la tendencia de la curva” de contagios y muertes, dijo el gobernador Jorge Capitanich, ayer por la noche, cuando anunció en una conferencia vía streaming que la provincia volvía a una especie de fase uno de la cuarentena debido a los números desalentadores que perfilan la crisis sanitaria que golpea de manera particular al Chaco.

El gobernador anunció hoy el decreto 702 por el cual oficializa la vuelta de la provincia a la fase inicial del aislamiento obligatorio. La norma contiene un paquete de medidas para frenar la circulación de personas con el fin de doblegar la curva ascendente de contagios y muertes por Covid-19. La medida principal tiene que ver con la puesta en vigor de un asueto administrativo extendido desde mañana hasta el viernes , lo cual busca paralizar las actividades, sobre todo en la administración pública y en los demás organismos oficiales. El comercio no esencial deberá volver a cerrar al menos hasta el próximo domingo.

Capitanich anunció el domingo, de hecho, la suspensión de toda actividad que implique agrupamiento de personas, por lo que quedarán suspendidos los servicios de entidades bancarias, empresas públicas, instituciones de juego y demás actividades hasta el 21 de junio en primer lugar, y posiblemente hasta el 28. “Vamos a coordinar con autoridades del Banco Central la suspensión de pagos y cobros de instituciones financieras, bancos públicos y privados”, anunció el gobernador.

Las medidas restrictivas incluyen también el cierre total de controles fronterizos, con la sola posibilidad para pasajeros y vehículos que ingresan a la provincia por razones excepcionales y que cumplirán aislamiento garantizado por los intendentes de cada localidad o lugares específicos de aislamiento.

Refuerzan los controles en las calles chaqueñas
Refuerzan los controles en las calles chaqueñas

Continúa el licenciamiento obligatorio del personal de la administración pública y la restricción de actividades presenciales será total durante el transcurso de la semana. “En el caso de reclamos y protestas sociales pretendemos adoptar una medida de consenso solidario para impedir cualquier circulación de personas”, expresó el gobernador. No es un dato menor: hasta el momento el Chaco registra más de 16 mil detenciones por violación de cuarentena, pero también muchas denuncias por la violencia con la que la policía hace cumplir las normas.

Testeos y estadísticas

Capitanich informó además que se dispondrá de 20 equipos de testeos para llegar a 700 muestras procesadas diariamente con la red de laboratorios públicos y privados a partir del 16 de junio, con el objetivo de llegar a 4800 test para el 21 de junio. Del mismo modo, se implementarán test rápidos de IGM e IGG para llegar a una meta de 4.000 hasta esa fecha.

Según Capitanich, hicieron todo lo que estuvo a su alcance, siguiendo las recomendaciones de los especialistas. “Ya no sabemos qué otras medidas tomar”, dijo casi abatido anoche, aludiendo a que hicieron todo lo posible para contener la epidemia, pero que también depende de la gente, de su responsabilidad individual y social.

Las calles de Resistencia lucieron vacías
Las calles de Resistencia lucieron vacías

Los números que preocupan a Capitanich son: el Ministerio de Salud Pública del Chaco informó hoy el registro de 1326 casos positivos de Covid-19 (587 altas médicas definitivas) y 73 fallecimientos. Hasta el momento hay 666 casos de coronavirus que se mantienen activos (57 personas se encuentran internadas, 13 de ellas en estado de gravedad). El gobierno tiene tres funcionarias con la enfermedad y además del problema de los médicos y centros de salud como foco de contagio, ahora preocupa también el medio centenar de casos reportados en la Policía. Otros tantos agentes están aislados preventivamente, lo mismo que el jefe de la fuerza provincial, Fernando Romero.

Las localidades más afectadas por Covid-19 son Resistencia (1016 casos), Fontana (107), Barranqueras (104), Puerto Vilelas (27), La Leonesa, Margarita Belén, Puerto Bermejo, Isla del Cerrito y Colonia Benítez. Pero se esperan los resultados de los hisopados en el Impetenetrable Chaqueño, donde la semana pasada estuvieron las funcionarias que dieron positivo. La situación es de creciente preocupación.

Tres funcionarias dieron positivo y Jorge Capitanich cerró fronteras: “Ya no sabemos qué otras medidas tomar”

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La ministra de Seguridad y las secretarias de Desarollo Territorial y de Derechos Humanos del gobierno del Chaco contrajeron coronavirus. El resultado positivo del hisopado encendió varias luces de alerta en la administración de Jorge Capitanich. En principio, porque las tres funcionarias mantienen contacto diario y estrecho con el gobernador y otros referentes de la mesa chica del poder chaqueño, pero además porque ellas y otras personas con Covid-19 recibieron hace una semana a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda.

Luego de confirmar los tres casos, Capitanich anunció que a partir de este lunes 15 de junio “habrá una máxima restricción de circulación” en toda la provincia. Para ello, dijo que el gobierno suspendió todos los permisos de circulación existentes y decidió bloquear las nueve fronteras terrestres de Chaco. También comunicó que pedirá al Banco Central frenar los pagos y cobros en todas las entidades bancarias y crediticias por los próximos 15 días, para evitar aglomeración de personas.

Capitanich pidió un “último esfuerzo” a la ciudadanía para evitar “un desastre absoluto”. También pidió a los chaqueños “no compararse con otras provincias” y, en todo caso, aislarse para poder, en 15 días, “reducir al máximo e interrumpir la circulación comunitaria del virus” que se da, según dijo, en uno de los 25 departamentos y en cuatro de 69 municipios.

Agregó que su gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance, siguiendo las recomendaciones de los especialistas. “Ya no sabemos qué otras medidas tomar”, dijo Capitanich.

Las funcionarias contagiadas

“Con la autorización correspondiente de las pacientes, queremos comunicar que la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, manifestaron síntomas compatibles con Covid-19, se realizaron el hisopado y dieron positivo”, informó el gobierno chaqueño a través de su cuenta de Facebook.

Magdalena Odarda, Analia Rach, Marta Soneira y Silvana Pérez, durante un acto, la semana pasada
Magdalena Odarda, Analia Rach, Marta Soneira y Silvana Pérez, durante un acto, la semana pasada Crédito: Twitter

“La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, a pesar de no presentar síntomas, también se realizó el hisopado y dio positivo. Todas continúan en funciones ya que se encuentran en buen estado de salud, en sus casas, realizando el aislamiento indicado y teletrabajando”, agregaron desde la cuenta oficial.

La propia Soneira utilizó su cuenta de Facebook para confirmar la noticia y llevar tranquilidad: “Me encuentro en cuarentena debido al aislamiento por protocolo Covid-19”, pero “en perfecto estado de salud”, afirmó en la red social. “Di positivo en el hisopado que solicité se me realice ante mínimo síntoma que tuve”, agregó.

Marta Soneira y Gloria Salazar, en ambos extremos de la imagen, durante una recorrida con Odarda
Marta Soneira y Gloria Salazar, en ambos extremos de la imagen, durante una recorrida con Odarda Crédito: Facebook

La preocupación por estas horas en el Chaco radica en no perder el nexo epidemiológico de estos casos, pues los mismos ponen en peligro la línea de protección del gobernador. Pero no solo eso, pues ambas mujeres desarrollan una agenda activa y en particular en los últimos días se cruzaron con muchos funcionarios, tanto de sus respectivas áreas como de otras, tanto de Resistencia como del interior provincial.

Por eso mismo, las autoridades sanitarias chaqueñas realizaron los hisopados a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga (quien informó un resultado negativo); a la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana; al titular de la Cámara de Diputados, Hugo Abel Sager; y a los pilotos del avión oficial que los transportó en varias de las actividades desarrolladas la semana pasada.

Hasta este mediodía, al menos de manera oficial, no hay información sobre la aplicación de un protocolo especial con el gobernador Capitanich y la Ministra de Salud, Paola Benítez. De todos modos, se espera que los resultados de los hisopados estén en la tarde de este mismo domingo.

La presencia de Odarda

Hay otro nexo bajo análisis: la visita que el 5 de junio hizo a la provincia la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, quien no solo se reunió con el gobernador Capitanich, sino que también viajó al interior con la vicegobernadora, varias ministras, el titular de la Cámara de Diputados y una secretaria de Estado chaqueño.

Cuando volvió a Buenos Aires Odarda tuvo síntomas, según informaron sus propios familiares, por lo que la hisoparon. LA NACION se contactó con la funcionaria para consultarla, sin respuestas.

La importancia de este nexo radica en la apretada agenda que Odarda cumplió y en la nutrida comitiva con la que interactuó durante los tres días que estuvo en el Chaco, provincia a la que llegó para interiorizarse de la situación de violencia institucional luego de que se conociera un video donde al menos cuatro policías sometieron violentamente a varios miembros jóvenes de la comunidad qom de Fontana, en el Gran Resistencia.

Magdalena Odarda visitó la familia qom violentada por la policía

En ese marco, la funcionaria desarrolló una extensa agenda en la provincia. Estuvo desde el 5 al 8 de junio y cuando regresó a la ciudad de Buenos Aires, comenzó a tener síntomas compatibles con Covid-19.

Las primeras derivaciones de ese contacto estrecho se conocieron ayer sábado en Chaco, cuando dieron positivo para Covid-19 las ministras Zalazar y Soneira.

Según informaron medios locales, Magdalena Odarda se habría comunicado inmediatamente con las autoridades del gobierno del Chaco para que tomaran los recaudos del caso y realizaran los test correspondientes a todos los funcionarios que la acompañaron en su estadía y las personas con las que tuvo contacto, que fueron muchas.

El derrotero de Odarda

Odarda se reunió el 5 de junio con Capitanich “para articular políticas para los pueblos indígenas en la provincia de Chaco”, escribió en su cuenta de Twitter. Ese mismo día participó de la entrega de alimentos, elementos de higiene y de bioseguridad, a 1000 familias que habitan las distintas barriadas que componen Gran Toba.

También se estudian los movimientos de las ministras Zalazar y Soneira. La primera estuvo recorriendo el interior y mantuvo contacto con muchas personas. Soneira se reunió durante la semana con la intendenta de Charata, con la presidenta del Concejo Deliberante y con el secretario de Gobierno de esa localidad. Además mantuvo reuniones con referentes de una Escuela Agropecuaria y con periodistas.

El clima es de preocupación. Uno de los primeros en salir esta mañana fue el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, para quien “hay que reconocer la gravedad del problema y volver atrás” con la cuarentena. “Quizás llegó el momento de tomar decisiones antipáticas le pese a quien le pese, porque sino la cuestión puede empeorar y lo más difícil será si perdemos el control de este angustiante panorama”, dijo en un comunicado de prensa.

Coronavirus: una joven residente desnudó la crisis del sistema sanitario de Chaco y fue amenazada

Publicado en La Nación

Corina Acosta es médica. Nació hace 27 años en Isla Apipé, frente a la represa hidroeléctrica de Yacyretá. Hace un año trabaja en el Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, como muchos profesionales correntinos. Pero en las últimas horas se convirtió en noticia porque le puso voz a un reclamo ensordinado de médicos, residentes y auxiliares sobre el contexto de alta vulnerabilidad en el que desarrollan su tarea en la primera línea de combate contra el coronavirus, que en el Chaco parece estar cobrando deudas atrasadas.

Fue apenas un posteo en Facebook, pero el efecto fue de una enorme supura. Incluso el gobernador Jorge Capitanich modificó ayer su agenda y recibió en la tarde a un grupo de médicos residentes, ante quienes se comprometió a mejorar sus condiciones laborales. Y según se informó, volverán a reunirse la semana próxima para analizar las propuestas, que serán incorporadas a la iniciativa legislativa para regularizar la situación y garantizar el acceso a la seguridad social, cobertura de seguros, condiciones de trabajo y especializaciones.

¿Qué fue lo que pasó? Acosta, junto con su colega Facundo Ávalos, utilizaron sus cuentas en Facebook para manifestar, el domingo, que trabajan desprotegidos. “Los equipos de protección personal que vestimos lo compramos nosotros”, contó, para señalar una larga lista de incumplimientos y concluir: “Estamos agotados, frustrados, decepcionados”.

La publicación se multiplicó y rápidamente se viralizó, pero también provocó una rápida reacción: una amenaza explícita de la directora del Hospital Perrando. A través de una nota del 8 de junio, la titular del Perrando, Nancy Trejo exigió a Acosta que “en el plazo de 24 horas proceda a rectificar o ratificar todas y cada una de las falaces afirmaciones efectuadas sobre falta de insumos”, debido a que “generan miedo e incertidumbre en la población”. Y amagó con aplicarle el Código Penal e iniciarle acciones administrativas y judiciales.

Repudio generalizado

La escalada siguió y casi no hubo sector social, sindical, e incluso político que no repudiara la actitud y la carta amenazante de la directora del Hospital, cuyo tono pareció querer acallar no una voz, sino la grave crisis del sistema sanitario que, por añadidura, deja en evidencia la crisis de control y de manejo que atraviesa el gobierno de Jorge Capitanich.

La Gremial Médica Hospitalaria salió entonces a acusar a directivos del hospital Perrando de abuso de autoridad, violencia laboral e intimidaciones. El titular de la Comisión de Salud de la Legislatura del Chaco, Alejandro Aradas, rechazó los hechos de violencia institucional y presentó un proyecto rechazando el abuso de autoridad para “silenciar los justos reclamos de los médicos residentes de Terapia Intensiva”.

Además, a través de comunicado enviado a los medios, las entidades médicas de la salud del Chaco expresaron su solidaridad con los Médicos Residentes de los Hospitales de la Provincia.

A su turno, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, junto a los legisladores que integran la bancada, expresaron su rechazo a las amenazas efectuadas por la directora y el subdirector del Hospital Perrando, Nancy Trejo y Daniel Pascual, y su preocupación por la crítica situación de la salud pública chaqueña frente a la pandemia Covid-19.

Apoyo y vuelta atrás

Ante semejante nivel de apoyo, Corina recobró el aliento. “Yo este viernes regreso a la terapia intensiva normalmente. Legalmente soy medica residente, tengo contrato y como tal no pueden echarme ni suspenderme. Es lo que me aseguraron los abogados”, dijo a LA NACION.

De todas maneras agregó: ” Estamos abrumados, sin descanso y con poco personal en el hospital, que es de referencia para toda la región. La unidad de Covid está colapsada, no tienen personal para el hospital modular (recientemente inaugurado) y quieren sacar a los pocos que quedan en la Unidad de Terapia Intensiva. Si pasa eso, no sé qué haremos”.

Las guardias de Corina son de 24 a 26 horas, día de por medio o cada 48 horas. Los únicos dos médicos de planta que están actualmente en el Perrando cubren hasta 36 horas. “Para dormir tenemos un día libre, luego volvemos, porque en la guardia no se duerme”, dijo.

Abrumada también por las críticas, la directora del Perrando no tuvo más remedio que salir a aclarar la situación. “No quise cortar la libertad de expresión de nadie”, dijo, para añadir que “cada uno es libre de expresarse”. De todas maneras no aclaró si habrá sanciones.

Hace unos días, el gobernador Capitanich dijo que la crisis sanitaria del Chaco se disparó por al menos tres factores: porque empezó muy temprano en el tiempo, porque no se cumplieron las medidas de aislamiento y porque el virus se ensañó de modo particular con el sistema sanitario, que aportó durante todo el proceso el 30% de lo infectados.

Nueva disputa con Corrientes

Por si fuera poco esta situación, este jueves surgió otra disputa con Corrientes por los profesionales de la salud. Sucede que la provincia gobernada por Gustavo Valdés volvió a registrar casos de Covid-19 y sus ministros de la Gobernación, Carlos Vignolo , y de Salud Pública, Ricardo Cardozo , apuntaron al Chaco.

“Necesitamos articular un ámbito de colaboración con los profesionales de la Salud que viven en Corrientes y trabajan en Resistencia y viceversa”, dijo Vignolo. “Estamos en el marco de una pandemia, con consecuencias muy serias, y eso requiere adquirir responsabilidades a la hora de transitar, y sobre todo de aquellos que trabajan en el ámbito de la salud, que están expuestos a una mayor posibilidad de contagio y a su vez de propagar el virus”, agregó.

Dijo también que hay algunos profesionales que no quieren hisoparse y eso levantó una ola de quejas e indignaciones. No obstante, el gobierno de Corrientes parece dispuesto a ser todo lo estricto que se pueda en el puente General Belgrano, que es el nexo con Resistencia.

“Pido que tengan buena voluntad, no con el Gobierno sino con toda la comunidad”, dijo Vignolo, a la vez que advirtió que si persisten las negativas, “no nos temblará el pulso para tomar medidas legales”.

Son muchos los médicos y auxiliares que pasan de Corrientes a Chaco diariamente. La razón principal: que el Chaco, aún con todas sus falencias, paga mejores salarios que Corrientes.

Corrientes: en menos de dos minutos robaron más de un millón de pesos de la Dirección de Rentas

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Al menos cuatro delincuentes, vestidos con mamelucos y cascos blancos, tipo escafandra , ingresaron a las 3.15 de hoy en la Dirección General de Rentas de Corrientes y en menos de dos minutos se llevaron más de un millón de pesos . La Dirección de Rentas es el principal agente recaudador de la provincia, está monitoreado por alarmas y por agentes de seguridad, pero nada de eso impidió el asalto. La zona, al parecer, estaba liberada al momento del atraco.

Según fuentes reservadas, el botín sustraído asciende a la suma de 1.057.000 pesos. Se habla de una supuesta entrega , pues los delincuentes fueron sin titubeos al lugar donde estaba el dinero. Dos de ellos fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar, lo que determina con precisión el horario del robo y la certeza de que tenían información precisa para localizar los fajos de billetes. Algunos investigadores creen, además, que los malvivientes conocían la ubicación y el barrido de las cámaras de seguridad.

Un dato que acredita esta hipótesis es el siguiente: la camioneta en la que se desplazaban fue captada por una cámara exterior, pero no así la chapa patente para poder identificarla .

El gobernador Gustavo Valdés afirmó que lo sucedido “es muy extraño” y que “llama la atención la forma” en que se perpetró el atraco. En declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno, aclaró que el dinero se encontraba en el edificio debido a que “no se puede depositar en el banco” y que “fue la recaudación del día”. “Vamos a dejar a la Justicia y a la policía que investiguen”, dijo.

Fuentes de la Policía contaron a LA NACION que incluso los agentes de la empresa de seguridad privada que monitorea el lugar asistieron a la Dirección de Rentas tras el disparo de la alarma, pero al no ver movimientos extraños en el frente, abandonaron la escena del robo.

Según las primeras informaciones, al menos cuatro delincuentes habrían participado del ataque a las oficinas de Rentas. Dos fueron captados por las cámaras internas. A la oficina donde se encontraba el dinero entraron a las 3.15.57 y se retiraron de allí un minuto y medio después..

La Dirección de Rentas de Corrientes está ubicada en una zona residencial del centro de la capital, por avenida Poncho Verde, entre Perú y Vélez Sarsfield. Es una zona de alta seguridad y donde regularmente hay agentes de la policía provincial. Frente a la oficina de Rentas vive el exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi.

Zona liberada y sospechas de un entregador

El jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, dijo que al momento del robo en el lugar no había custodia policial. Afirmó que es materia de investigación cuántos delincuentes ingresaron y cuánto tiempo estuvieron dentro.

A primera hora de la mañana se constituyó en el lugar el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, mientras que personal de la comisaría 5a. y de las divisiones especiales de la policía concretan las actuaciones investigativas.

En diálogo con la prensa, el ministro Desimoni sostuvo que en la entidad no se maneja efectivo habitualmente, pero por la pandemia cambiaron la modalidad de trabajo. Esto significa que la caseta del Banco de Corrientes, que está en el lugar, dejó de funcionar dado el aislamiento, por lo que las oficinas de Rentas hacían de agente recaudador y al final de cada día depositaban el dinero de las tasas e impuestos cobrados.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el ingreso al salón se realizó a través del techo y mediante la rotura de una ventana.

La Fiscalía de Instrucción 5, a cargo de Graciela Fernández Contarde, está a cargo de la pesquisa, al igual que personal de la División de Delitos Complejos, Investigaciones y de la Policía Metropolitana.

El gobierno nacional auxilió al Chaco, en una virtual intervención sanitaria

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CORRIENTES.- Visiblemente preocupados por la grave situación sanitaria en el Chaco, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, viajaron a Resistencia para coordinar con el gobernador Jorge Capitanich un plan de emergencia para contener el avance del coronavirus.

Los enviados de la Casa Rosada visitaron hospitales y recorrieron el barrio Toba, uno de los epicentros principales de los altos niveles de contagio en la provincia, y acordaron con Capitanich la aplicación del plan Detectar para intensificar los controles en las viviendas. Para ello, el gobierno nacional entregó ayer 4000 kits de testeos a la administración chaqueña y colaborará en un plan de inversiones en infraestructura, entre otras acciones, para mitigar el impacto de la pandemia.

La intervención del Estado nacional en el Chaco, que empezó con el envío de fondos, obras y equipamiento sanitario, se intensificará con un “trabajo conjunto”, similar al desarrollado con la ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Eso lo hacemos independientemente de la situación epidemiológica”, explicó Cafiero, ante una pregunta de LA NACION.

Aunque las autoridades nacionales aclararon que no habrá una “intervención sanitaria” en el Chaco, se espera una presencia más activa del gobierno nacional frente a la emergencia.

Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades
“Esto es algo mundial, no es patrimonio de los argentinos, ni de los chaqueños. El mundo no ha encontrado la vacuna, ni los medicamentos. Lo que nos queda es la responsabilidad colectiva”, declaró Cafiero.

Sin embargo, tras la recorrida conjunta por hospitales, barrios del Gran Resistencia y una empresa textil que recibe ayuda del Estado nacional para el pago de sueldos, Capitanich reconoció la intervención nacional en el Chaco.
Dijo que “es un modo de abordar con seriedad el problema” y agradeció al jefe de Gabinete la intensificación del trabajo en Resistencia y el envío de recursos para montar un hospital modular. También llegarán respiradores mecánicos, se implementará el plan Sumar y otras herramientas administrativas y regulatorias para morigerar la gravedad de la emergencia sanitaria.

Urgencias
La provincia de Chaco es el tercer distrito del país con mayor número de contagios. Pasó la barrera de los 1000 casos y ya reportó 61 muertos, tres en las últimas 24 horas. “La situación requiere una intervención técnica, porque tenemos poblaciones distintas y cualidades culturales diferentes”, precisó el mandatario.

Vizzotti confirmó que entregó a la provincia 4000 test serológicos para la aplicación inmediata del plan Detectar y el desarrollo de un trabajo articulado para la formulación de protocolos. La intensificación de los testeos apunta a determinar la proporción de contagios en los barrios donde están los focos. “Ese estudio se va a planificar con el equipo de epidemiología de la provincia para definir las áreas geográficas y tener un panorama más claro de la circulación del virus”, anunció la funcionaria nacional.

En la última semana, Capitanich declaró que tres cuestiones se conjugaron para favorecer la propagación del Covid-19 en el Chaco: la temprana aparición de brotes en personal e instituciones sanitarias, el incumplimiento de medidas de aislamiento de enfermos o potenciales infectados y “la mayor virulencia del tipo de cepa que circula en el Gran Resistencia”.

Cafiero y Capitanich hablaron, también, de la agenda económica y productiva. Dijeron que, al igual que el resto del país, el 85% de la provincia está en marcha, trabajando y produciendo porque logró controlar la circulación comunitaria del virus, lo que no pasó en Resistencia.

“No dejamos de lado la otra realidad de la provincia, que avanza en sus actividades productivas y reanuda cada vez más sus actividades”, dijo el jefe de Gabinete, al desdramatizar la realidad del distrito.

Los funcionarios visitaron la fábrica textil Santana en Puerto Tirol, una de las primeras en ponerse en funcionamiento dentro de la cuarentena, y concluyeron la recorrida por el barrio Toba, uno de los focos más importantes de contagio.

Santiago Cafiero acordó con Jorge Capitanich la aplicación inmediata del plan Detectar, para realizar mayores testeos en la provinciaSantiago Cafiero acordó con Jorge Capitanich la aplicación inmediata del plan Detectar, para realizar mayores testeos en la provincia
Además de atravesar una muy difícil situación sanitaria y económica, la provincia de Chaco se vio envuelta en los últimos días en un grave episodio de violencia institucional y policial. Un video que se viralizó por las redes sociales mostró a un grupo de policías ensañándose con ferocidad contra varios miembros de una familia qom, en la localidad de Fontana.

Los policías fueron separados de sus cargos y denunciados, por lo que están siendo investigados, con el Estado como querellante. El martes pasado, el presidente Alberto Fernández condenó la agresión por Twitter y dijo que “las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables”.

El gobernador Capitanich pidió perdón a las víctimas, a sus familias y a la comunidad indígena, y anunció una reforma policial, que incluye un manual de buenas prácticas en la institución policial, la capacitación en políticas de género, derechos humanos y derecho indígena y la obligatoriedad de la ley Micaela para todos los agentes públicos.

Además, prometió un cupo indígena en las fuerzas de seguridad.

En Chaco hay 15.200 detenidos por no acatar la cuarentena

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CORRIENTES.- Tras la preocupación transmitida por el presidente Alberto Fernández a raíz de la violencia policial contra una familia qom en la localidad chaqueña de Fontana, se conoció un informe del Observatorio de Conflictos Sociales de la región, que depende de la Universidad Nacional del Nordeste, que posó la lupa sobre la “represión y control social en el Chaco durante la emergencia sanitaria por el Covid-19”.

El organismo advirtió que entre el 18 de marzo y el 30 de mayo pasado se produjeron 15.224 detenciones por violación de la cuarentena, unas 200 por día.

“La violencia, el racismo y el abuso de poder puestos de manifiesto en Fontana constituyen un botón de muestra de un estado policial instaurado en el Chaco a partir de la emergencia sanitaria. Una serie de mecanismos de control social han dejado a la ciudadanía a merced de unas fuerzas de seguridad con cada vez mayor cantidad de funciones, autonomía, legitimidad e impunidad”, revela el informe.

“Su poder y eficacia para doblegar los derechos de la población contrastan con la poca eficiencia para contener la epidemia, que en el Chaco ha causado casi el 10% del total de muertes, aunque su población representa el 2,5% de los habitantes de la Argentina”.

A partir del aislamiento obligatorio, en la provincia “se sucedieron medidas de control social que -con la excusa de la emergencia sanitaria- profundizaron la represión operada por los aparatos del Estado: detenciones callejeras, arbitrariedad policial, dispersión con postas de goma, creación de divisiones policiales especializadas, represión en contextos de encierro, cerramiento territorial, restricción de la movilidad en vehículos y a través de teléfonos celulares, toque de alarma sanitaria, ciberpatrullaje, persecución de dirigentes sociales y criminalización de la protesta”, enumera el informe de la UNNE.
El profesor Maximiliano Román, coordinador general del observatorio, explicó a LA NACION que el objetivo del relevamiento fue aportar información a un análisis colectivo. “Decidimos publicar el informe por lo ocurrido en Fontana y ahora esperamos que las organizaciones de derechos humanos hagan lo que crean conveniente”.

Al convertirse el hecho en un tema de debate nacional, el gobierno de Jorge Capitanich repudió el “accionar ilegal, violento y arbitrario de la policía” y separó a los efectivos involucrados. Se trata del oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, del sargento Cristian Benítez, del cabo Cristian Flores y del agente Orlando Cabrera, quienes aparecen en los videos viralizados.

La secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez, adelantó a LA NACION que denunciarán a otros dos agentes, actuarán como querellantes y elevarán recomendaciones para reconfigurar el esquema de poder dentro de la policía.

En la misma línea se pronunció el presidente del Interbloque de diputados del Frente Chaqueño, Juan Manuel Pedrini, para quien “la policía, por ley, deberá capacitarse en derechos indígenas”.
Policía brava, en datos
Los datos del Observatorio de Conflictos Sociales están siendo analizados por el Comité de Prevención de la Tortura (CPT), que ya presentó un informe preliminar, con carácter urgente, en la Fiscalía de Derechos Humanos. “Seguimos analizando pruebas y recabando información para formular una estrategia inteligente de actuación”, dijo a LA NACION Silvio Del Balzo, titular del organismo.

El informe del observatorio enumera irregularidades en las detenciones por violación de la cuarentena. Detalla que entre el 18 de marzo y el 30 de mayo hubo 15.224 detenciones por violación del aislamiento, un promedio de 200 personas por día (ocho personas por hora), con un máximo de 563 detenidos el 22 de marzo. Del total de detenidos, 1650 son menores de edad, a pesar de que su detención es ilegal, de acuerdo con el Régimen Penal Juvenil, agrega el informe.
“Estos operativos de control pueden encuadrarse en las formas de represión preventiva, definida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), como aquella que se aplica de manera indiscriminada sobre los más pobres, y en particular los jóvenes, para disciplinarlos en el respeto al orden y la autoridad. Su objetivo real es imponer el miedo”, se explica en el relevamiento.

Y denuncia que la policía del Chaco “asesinó a 21 personas en los últimos diez años, bajo la modalidad de ejecuciones ilegales”.

Violencia policial y discriminación en Chaco: la historia detrás del video del ataque a una familia qom

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CORRIENTES.- Con niveles de violencia desmadrados y un grado de ensañamiento anclado en la discriminación racial -tal lo demuestran los registros fílmicos de los propios damnificados-, un número todavía indeterminado de agentes de la Policía del Chaco que prestan servicio en la Comisaría Tercera de Fontana fueron denunciados pública y formalmente. Los acusan de ingresar sin orden de allanamiento a la casa de una familia de la comunidad qom ubicada en el barrio Bandera Argentina, de esa localidad, y golpear a quienes estaban en el interior de la vivienda, entre los que se encontraban mujeres, jóvenes y menores de edad.

Fontana es una localidad cercana a la capital, parte del Gran Resistencia. El hecho ocurrió el domingo a las 4 de la mañana. Varios agentes policiales ingresaron a las patadas a una humilde vivienda y golpearon a hombres y mujeres de la comunidad qom. Al parecer, buscando a varios jóvenes que habrían apedreado la comisaría, a cuatro cuadras de allí.
El violento accionar policial -que consiguió un repudio casi unánime -, empezó con un allanamiento ilegal contra una familia originaria y que terminó con cuatro jóvenes detenidos y torturados, con sus familiares golpeados por intentar defenderlos y una menor de 16 años en estado de shock por vejaciones que se investigan.

A las 4 del domingo, más de 15 policías de uniforme y de civil, derribaron a patadas la puerta de la casa ubicada en el barrio Bandera Argentina y después de agredir a culatazos y patadas a hombres, mujeres y niños, arrastraron a cuatro jóvenes a la comisaría.
Una vez allí, los encerraron en un cuarto oscuro, los golpearon, les rociaron con alcohol y los amenazaron con encender fuego. Saltaron sobre sus cuerpos al grito de “indios infectados”, haciendo alusión a la situación que atraviesan las comunidades originarias, golpeadas por el coronavirus. Incluso los amenazaron de muerte, según contó por radio Daniel Rolón, dirigente de la comunidad. Su relato sustentó la denuncia de varias organizaciones de Derechos Humanos del Chaco.

Las denuncias públicas posteriores a la represalia policial sostienen que el ataque no fue solo con golpes, sino también con balas, tortura y abuso, lo cual es materia de investigación. Un episodio que suma zozobra a la crítica situación que atraviesa el Chaco por el avance no controlado de la pandemia de Covid-19.

Pasado el mediodía, la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Zalazar, informó en una conferencia de prensa que todos los efectivos involucrados fueron separados de sus cargos. “Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario por parte de la policía”, procedimiento “que nada tiene que ver con el compromiso del Gobierno con el estado de derecho y las garantías de derechos humanos”, dijo.

Racismo y discriminación
“Agarraron del cabello a mi hija y la arrastraron. Entre seis policías agarraron a mi hija y a mí. El oficial Antonio Fernández me pegó con la 9 milímetros en el rostro “, relató Elsa, en uno de los videos que se viralizaron desde este lunes.

“A los chicos los molieron a palos. Y a las chicas es irreparable lo que le hicieron, todavía no se animan a contar, solo lloran y tiemblan”, relató también Daniel Rolón, del Comité Provisorio Indígena por la Pandemia.
Ese es otro punto clave. La comunidad Qom se mantiene hace días en el centro del escrutinio público justamente desde que el coronavirus se metió en el Área Gran Toba de Resistencia, un territorio extendido y que incluye unos seis barrios resistencianos con más de 5000 personas en su interior.

La propagación del virus en esas barriadas pobres de la capital chaqueña, sin infraestructura básica ni medioambiental, además de la actuación diferencial del Estado, que blindó la zona con tierra y vallas, algo que no hizo en otros lugares de la capital ni de la provincia, los expuso al ojo discriminador del resto de la comunidad. Y también al miedo.

” Pero ese ensañamiento, ese racismo y discriminación no brotó como un hongo. Estaba desde antes de la pandemia, sólo que ahora fue magnificado. Y muchas veces desde el mismo Estado”, dijo a LA NACION Cecilia Solá, integrante de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chaco.

El Inadi también repudió la violencia policial hacia una familia de la comunidad qom. La delegada del Instituto Nacional en la provincia, Nancy Sotelo, emitió un comunicado amonestando el hecho que ocurrió en la madrugada del domingo. ” Este procedimiento se da en un contexto de fuerte racismo, en el marco de la pandemia de Covid-19, que ya se venía denunciando desde el Inadi “, señaló Sotelo.

El racismo es un elemento central. El Chaco convive con extendidas comunidades aborígenes en todo su territorio, pero muchas veces no son tratados como iguales.

“En el lenguaje oficial ya empieza la discriminación. Cuando pedimos asistencia, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos nos dicen que ‘ya están bajando con la asistencia’, como si ellos estuvieran arriba”, graficó Cecilia Solá.

Encerrados
En este juego de divisiones, se acentúan los parámetros negativos de los determinantes sociales de la salud de la población Qom, donde hace punta la discriminación. Laura Pérez, referente de una de las comisiones vecinales del barrio Toba contó días pasados a LA NACION que cuando “pedimos intervención sanitaria urgente y un cordón sanitario” el Gobierno “puso vallas y montículos de tierra”.

En su mayoría, los vecinos del Gran Toba y las demás barriadas aborígenes son artesanos o changarines hoy desempleados. Ya ni siquiera pueden salir a vender en los espacios públicos, pues aflora con ellos lo peor de la segregación.

“Métanse en sus chozas, indios infectados”, le dice la gente, pero también los efectivos policiales que todas las noches recorren las ciudades por el toque sanitario, contó Solá.

“Aflora el racismo, porque nos exponen. A los otros barrios no se los menciona. Y a nosotros nos tratan de salvajes. Pero además no nos escuchan. La gente dice que no respetamos el protocolo, que ni siquiera usamos barbijo. Pero, ¿alguien se preguntó si podemos comprarlo? “, se quejó Laura Pérez, hace unas semanas, cuando surgió el brote en el Toba.
Ahora, dado este nuevo episodio de violencia policial, las organizaciones de mujeres del Chaco trabajaron activamente en la contención de las familias agredidas de las niñas. Insistieron para que puedan ser contenidas desde el punto de vista sanitario, de seguridad y de los derechos humanos. La asistencia sanitaria llegó con demora, pero llegó. Ahora se quejan de que los procedimientos administrativos no se hicieron como mandan los protocolos.

Este martes las organizaciones feministas y de derechos humanos supieron que los policías que actuaron ya fueron sumariados.

” En la comisaría, les apagaron la luz, les dieron una paliza, los chicos tienen las caras y los cuerpos reventados a golpes y las chicas hablan de abuso, manoseo y de métodos de tortura. La policía puso la excusa de que cascotearon la comisaría. Aunque hayan o no hayan cascoteado, el grado de tortura y violencia que han sufrido esos jóvenes y sus familias es inenarrable”, agregó Cecilia Solá, en su carácter de integrante también de la Mesa Multisectorial Feminista.
Desde esa organización dicen además que no es un hecho aislado la represión y persecución a los pibes de los barrios y asentamientos populares. Es moneda corriente en el Chaco, dicen, pero este caso ha cobrado relevancia gracias a la valentía de la familia que decidió difundir los hechos.

Tras entender la gravedad del hecho, la delegada del Inadi solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para que impulsen una investigación que permita la identificación del personal policial que intervino y que se establezcan responsabilidades y sanciones para quienes actuaron al margen de lo que establece la ley para este tipo de procedimientos. También pidió al Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y llevar tranquilidad a toda la ciudadanía.

El parte policial
Oficialmente, antes de la viralización de los videos, las oficinas de información de la policía del Chaco señalaron que cuatro jóvenes, entre ellos dos menores, atacaron una comisaría de Fontana y que como saldo de ese ataque, hay dos policías heridos.

“Si bien todavía no se determinó el motivo del ataque por parte de dos parejas a la comisaría Tercera de Fontana, se logró identificar a los agresores: tienen 20, 18 y 16 años”, dice el parte.

Según consta en el texto policial, pasada las 4.30 un grupo de personas arremetió contra la dependencia policial tras arrojar objetos contundentes. A raíz de ello, “los agentes iniciaron un operativo para calmar la situación logrando, luego de unos minutos, reducir y detener a los agresores”. Sin embargo, dice el parte, dos agentes resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital Perrando: Antonio Fernández y Cristian Flores.

Chaco: la víctima más joven y los motivos de una crisis sin control

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CORRIENTES.- La cara mortal de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus no deja de mostrar su ferocidad en el Chaco. Esta vez se llevó la vida de una adolescente de 14 años, que se ha convertido en la víctima más joven del país desde el comienzo de la pandemia. La menor falleció alrededor de las 20 del domingo 31 de mayo, en una de las salas del Hospital Perrando, que desde el inicio de la crisis sanitaria es, además, uno de los focos infecciosos más grandes del Chaco. La provincia ya suma 54 muertes y 896 contagiados. Más de 500 siguen activos.

La víctima argentina más joven de Covid-19 tenía 14 años. Estaba internada desde el sábado en la Pastilla 6 del Hospital Perrando, con asistencia respiratoria mecánica. Dio positivo en los últimos días, pero también, según los informes médicos, tenía lupus como patología de base. Otros informes extraoficiales hablan de que fue alcanzada por una insuficiencia renal en el marco de un posoperatorio por apendicitis aguda, con compromiso pulmonar.

En el parte epidemiológico de este lunes, el subsecretario de Salud del Chaco, Alejandro García, dijo que la adolescente de 14 años era oriunda de Presidencia La Plaza, una localidad distante 104 kilómetros al noroeste de la capital chaqueña, y que se encontraba internada desde el sábado. El domingo murió.

La chica era conocida de los médicos. Primero del Hospital Pediátrico y luego del Perrando, al que fue derivada por cuestiones de edad. Era tratada hace años por lupus, pero en los últimos días ingresó a la internación por un cuadro de neumonía agudo. Luego de los estudios de rigor, se detectó que padecía Covid-19. Ahora, los epidemiólogos trabajan en la confirmación del nexo.

Se cree, por un lado, que la chica tuvo contacto con el virus en un barrio de Resistencia, que hacía de residencia familiar temporaria, donde está confirmada la circulación comunitaria del virus. No obstante, tampoco se descarta la línea de investigación de contagio intrahospitalario.

Sucede que el subsecretario García también confirmó este lunes que el Ministerio de Salud se encuentra investigando un nuevo brote de casos de pacientes que se infectaron con coronavirus dentro del Hospital Perrando. Dijo que allí se optimizaron las medidas de aislamiento, de fortalecimiento de la seguridad, que se hicieron testeos de pacientes asintomáticos y que hubo restricción al máximo de circulación. Así, se readecuaron los grupos y las guardias para seguir atendiendo.

Por el momento, en esa institución hay 52 personas internadas con el virus, pero además se reportaron contagios entre médicos, un kinesiólogo y varios enfermeros y enfermeras.

El agotamiento, la falta de materiales de protección, pero también la subestimación de los efectos de la enfermedad por parte de los profesionales, según dicen desde el Gobierno, llevaron al Perrando a ser uno de los mayores focos de contagio de todo Resistencia, aunque no es el único. Varias clínicas privadas también registraron brotes entre sus agentes sanitarios.

Esa, la de los profesionales de la salud, es hasta hoy la línea de contagio por contacto estrecho que denuncia incluso el gobierno de Corrientes como puerta de entrada del virus a la vecina provincia. El protocolo de control para los médicos y auxiliares correntinos que trabajan en el Chaco es cada día más riguroso, sobre todo desde que Corrientes decidió pasar a la fase 5 de la cuarente, de apertura casi total.

Situación crítica
La situación en Chaco es crítica. Las localidades más afectadas por Covid-19 son Resistencia (715 casos), Barranqueras (78) y Fontana (45). Pese a esto, en un intento por transmitir una calma que escasea hace días en la provincia, referentes del Poder Ejecutivo mencionaron este lunes que hubo una disminución en la notificación de casos en los barrios de Resistencia donde hubo brotes, por caso en el Área Gran Toba.

No obstante, a la crisis sanitaria se suma la falta de una idea clara en el manejo de la pandemia, y un perenne y subrepticio chisporroteo político entre facciones internas del peronismo gobernante. Ante tal escenario, incluso la Universidad Nacional del Nordeste decidió acercar, hace poco más de 10 días, un protocolo básico de actuación y también ofreció equipos técnicos. La oferta continúa en estudio. El gobierno de Jorge Capitanich reacciona cambiando nombres propios en lugares clave, pero hasta el momento sin conseguir resultados nítidos.

La difícil situación social es la otra parte del problema. La informalidad de Chaco en su movimiento económico (como muchas de las provincias del norte) obliga a la gente a salir aún a riesgo de contagios para ganarse el sustento. El Gobierno blindó la provincia. Desde este lunes empezó a regir un sistema único de control con permisos estrictos para circular, pero los resultados son magros. Resolvieron posponer hasta el jueves la tramitación de las habilitaciones.

Voces críticas
El sábado último, el Gobierno del Chaco, a través de la Policía, impidió la realización de una manifestación de médicos que intentaban sumar su voz a la protesta del 30M, e incluso labró varias actas de infracción, pero al mismo tiempo, tanto el gobierno grovincial como el municipal capitalino, custodiaron y permitieron (con instrumentos legales incluidos), la organización de un encuentro religioso masivo.

Fue el domingo: una celebración por el día de Pentecostés, convocada por el pastor Jorge Ledesma, que se realizó en el estacionamiento del Portal del Cielo, un mega auditorio que tiene la Iglesia Cristiana Universal en avenida Arribálzaga al 2000, en el sur de Resistencia.

Si bien el pastor dijo que obtuvo el permiso por parte del Gobierno, y se exageraron las medidas de bioseguridad pensadas para una celebración con feligreses en sus respectivos vehículos (un “auto-culto”, cómo hacían otrora los autocines), la situación estuvo al borde del descontrol por la cantidad de gente, que al final fueron cerca de mil personas, las cuales llegaron en autos, pero también en motos y a pie, lo cual por lo menos se erigió como una contradicción en el manejo de la pandemia.

Es la misma contradicción que marcan ciudadanos y algunos medios locales, pues por un lado se persigue, criminaliza y desprotege a los médicos y médicas; y por otro lado propician encuentros religiosos masivos.

La cuestión es compleja, porque es el propio gobernador Capitanich uno de los principales promotores de la vuelta a la actividad espiritual. Ya lo intentó antes, pero su propuesta de apertura de templos se retrasó oficialmente por la muerte del pastor Raúl Gómez, del barrio Toba, ocurrida el 15 de mayo. El asunto es que el auto-culto del domingo dividió a la sociedad chaqueña, razón por la cual el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, tuvo que salir a negar que la actividad haya contado con el aval del Ejecutivo provincial. “La Provincia no autorizó oficios religiosos en ninguna modalidad”, remarcó en la tarde de este lunes.

Otra faceta de la contradicción es que mientras todo esto ocurre, se informó hoy mismo desde el Ministerio de Salud Pública que la provincia transita el aumento en la curva y que, aunque no se sabe cuándo llegará el pico, el sistema sanitario se prepara para ello.