Juntos como hermanos

 

“La inteligencia no sirve para ser jefe de Estado. Lo que cuenta en un jefe de Estado es la fuerza. El valor, la astucia y la fuerza”

Henry Kissinger
“Entrevista con la historia”
Oriana Fallaci

 

Aseguran que no hay ni habrá pelea, pero por las dudas llaman a la unidad. Invocan la necesidad de una cohesión interna, pero como reaseguro, porque nadie está pensando en quiebres ni en diásporas. Lo que hay, en todo caso, es la teatralidad de la disputa del poder, que a veces es teatro y a veces degüella de verdad. Y la sangre de verdad llega al río de verdad, generando problemas de verdad a una sociedad que mira desde un Coliseo distante, cómo se despedazan los hombres y las fieras. Y todo por el poder.

No ocurrirá aquí. Juntos, como hermanos o primos (como no se pudo en épocas de otros apellidos) los mandamases del principal partido de gobierno, la UCR, pusieron primera de cara a las elecciones de este año, comicios en los que Corrientes deberá elegir gobernador, intendentes, y una larga lista de legisladores comunales, provinciales y nacionales.

Los números que materializan las preferencias sonríen al gobernador Gustavo Valdés. No habría mayor margen en relación con ese tema, al menos puertas adentro de la Unión Cívica Radical, pues Valdés aventaja con holgura a Ricardo Colombi. A veces 2 a 1. A veces 3 a 1. Y son los que más miden en toda la alianza.

Hay quien dice, además, desde las galerías del rosado inquilinato del gobierno, que anoticiado de esos y otros guarismos, que entre el lunes a la noche y el martes a la mañana le mostraron Alejandro Catterberg (director de la consultora Poliarquía) y Andrés Rabossi (de la consultora Nordeste), Colombi sorprendió con el mensaje de unidad lanzado en el salón donde -distanciados por protocolo sanitario- se reunieron los popes del radicalismo vernáculo.

Sorprendió esa suerte de capitulación. Y sorprendieron después sus enojos impostados en entrevistas radiales cuando algunos periodistas le preguntaron sobre su relación con el gobernador. Molesto, el presidente de la UCR dijo que son los otros los que ven peleas allí donde él sólo ve unidad.

—No se discute la unidad. Hay algunos actores que están en una burbuja y tratan de crear discusiones todos los días, en un estado que no es real. ECO es una alianza social y política. La sociedad nos va a castigar con el voto si no hacemos las cosas bien. Tenemos que ser racionales, cautos, moderados, cerrar lo que tenemos que cerrar hacia adentro, consolidar hacia adentro y presentar un proyecto político hacia la provincia —dijo en Radio Dos.

Mensaje correcto, digno de impresionar a los ingenuos. Mensaje astuto, también, digno del avezado jugador que es con las piezas y los tiempos de la política. Sucede que Ricardo Colombi llamó a la unidad justo en momentos en los que viene hablándose -y mucho- de que él mismo estaría detrás de otras candidaturas que buscan esmerilar ciertas estabilidades internas, sin contar que no son pocos los dirigentes que lo ven dispuesto a dar nuevas batallas. Hay otros, también, que intentan jubilarlo, como él mismo dice.

Ahora bien, más allá o más acá de lo que se declara en la prensa, la cuestión central para el radicalismo estriba en la gestión de su propia interna. El resto de los socios parecen convidados en una conversación en la que se definirán cosas menores. El premio mayor parece problema de dos personas, y ello también, más allá de la gastada estrategia del miedo a la que apela Colombi para que los propios trabajen un poco más de lo que les permite el aburguesamiento que da como resultado el ser parte de un gobierno que lleva 20 años en ejercicio de la gestión. Y del poder.

—Hay declaraciones que no sirven para nada. Hay dirigentes que no recorren, que no salen del aire acondicionado, que no andan por la calle, que no salen del café y no hablan con el empresario, el docente, el policía, el comerciante, el productor —reclamó el exgobernador.

Muy parecido al reto de Cristina Kirchner cuando dijo que “hay funcionarios y funcionarias (de Alberto Fernández) que no funcionan”. Perecido, solo eso, porque los modos de la señora están lejos de los modos del señor.

De hecho, Colombi pidió desperezarse y evitar los aires triunfalistas porque “el Gobierno nacional intentará poner a un peronista en el sillón de Ferré”. Y lo dijo como si fuera una novedad, aunque sonó más bien como si fuera un demérito o una ilegalidad esa aspiración. Además de una posibilidad que debe conjurarse con trabajo.

Más allá de esto, lo cierto es que la UCR largó su campaña. Dicen que en breve llamarán a los socios, que empezaron también a moverse. Y a reclamar.

La maquinaria de la política empezó a rodar en busca de los espacios, mientras en paralelo azuza la pandemia y hay urgencias que todavía no tienen manuales protocolizados: por caso la vuelta a las clases, que es una prioridad para el Gobernador. Para el Presidente. Para todos. Será, al parecer, un trofeo en este año electoral.

Pero de nuevo en Corrientes, será ese un punto crucial para Valdés, porque conseguir la apertura de las escuelas y el retorno de la escolaridad presencial será una señal positiva para el futuro y una plataforma de lanzamiento ideal para su reelección, cosa sobre la que pocos dudan a estas alturas.

Colombi, mientras tanto, intenta marcar la cancha, como siempre. En su rol de regente del partido, dijo que recién en abril o mayo se decidirán las candidaturas. Seguramente será así, pero “las candidaturas” no son lo mismo que “la candidatura”.

Tal vez falte un poco más, sí, para terminar de definir la estrategia de Capital. Algunos referentes del Gobierno, como Carlos Vignolo, aseguran que habrá una repetición de fórmula y que Eduardo Tassano irá también por la reelección. Hay otros que ponen ciertas reservas; quizás el propio Colombi sea uno de ellos. También algunos funcionarios y varios socios.

Para colmo, la tormenta de la semana pasada reavivó un viejo fantasma: el de las lluvias enancadas a inundaciones pasajeras, fenómeno que eyectó a Fabián Ríos de la Municipalidad de Corrientes y, en el pliegue inverso, potenció la candidatura de Tassano, arropado por la publicidad de un plan hídrico que mostró algunos avances, pero que se demostró insuficiente. Funcionó en la seca, pero en la primera gran lluvia la ciudad volvió a nadar en sus peores recuerdos.

La oposición, que tampoco pudo hacer mucho cuando fue gobierno, salió a recordarle a Tassano sus déficits: “¿Se acuerdan del plan hídrico?”, preguntó con acidez el diputado Pitín Aragón en sus redes sociales, subido al tren de una candidatura con boletos kirchneristas. Para colmo de males, el ecónomo todo terreno de la Comuna, “Cuqui” Calvano, salió el mismo martes de la lluvia a decir que Tassano merece más tiempo porque hizo lo que nadie, y de eso, hizo muchas cosas que no se ven (sic).

En connotadas parcelas oficialistas ensayaron sonrisas ante esa frase que puede querer decir otra cosa, pero que no fue indiferente a la ponzoña de las chicanas en tiempos electorales.

—Obvio que no se ven. Las obras que se ven en la Municipalidad las hace el Gobierno —ironizó alguien que conoce los pormenores puertas adentro de ECO y que no se escandaliza por los códigos de tanteo a los que se apelan en épocas de campaña.

En ese marco, todo está por verse. Y como todos perciben, números en mano, que la reelección de Valdés es posible, nadie quiere quedar afuera del reparto. Es un asunto difícil porque los espacios son exiguos y los pretendientes son muchos, en ambos esquemas provinciales. Veamos.

En las últimas tres elecciones a gobernador, el electorado polarizó su decisión. Ganó siempre el Gobierno, pero el PJ estuvo allí, cerca. Esa polarización, que parece razonable en términos políticos e incluso ideológicos (pues el mundo democrático se debate entre tres o cuatro ideas de administración y gobernanza), no se condice con la cantidad de partidos que viabilizan el voto. Ni con las visiones o proyectos de provincia que se explicitan, que hace rato son más bien conservadoras.

En Corrientes, aun así, en las últimas elecciones estuvieron habilitados 41 partidos políticos: 41. He allí la dificultad que tienen siempre los armadores y estrategas. Veremos cómo se resuelve esta vez. La carrera entra en tiempo de definiciones. Y de escarceos. Lo que no habrá es pelea, por suerte.

El peligro de las autocracias

“Este oficio surgió para fortalecer un sistema que creció a la par suya: la democracia. Pero hoy nuestras democracias no garantizan el acceso a derechos a la mayoría, y nos toca revelarlo”.
Cristian Alarcón
“Periodismo, instrucciones de uso”

Salidos a duras penas y con heridas del laberinto filoso que nos puso por delante el 2020 -que será recordado como el año de la peste-, ingresamos a un 2021 que promete una vorágine tan intensa y desafiante como su antecesor, lo que vuelve a poner sobre la mesa el asunto del futuro para la humanidad y sus instituciones; para nosotros mismos.
La pandemia de coronavirus no da tregua. Se burla e insufla olas aun por encima de los esfuerzos de la ciencia, que en tiempo récord aportó con éxito varias presentaciones de vacuna. Pero mientras el mundo unifica acciones en ese sentido, la política menos democrática gana la escena y monta un peligroso espectáculo desde los Estados Unidos, hasta ayer una de las mayores democracias del globo.

La crisis sin precedentes que observamos desde todos los rincones del planeta tuvo uno de sus puntos culminantes el miércoles, cuando un grupo de partidarios de Donald Trump irrumpió en el Capitolio para protestar contra los legisladores que certificaron la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre pasado. Los manifestantes se enfrentaron con la policía, tomaron el estrado del recinto y ocuparon la rotonda dentro del edificio del Capitolio. Hubo muertos, heridos y detenidos.

El asalto ocurrió después de que Trump instara a sus partidarios a mantener el apoyo para rectificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Desde entonces hasta hoy pasó de todo. Algunos de sus propios partidarios tildaron a Trump de “desequilibrado”. La política promete que el Congreso tomará “medidas” si el presidente “no deja el cargo de manera inminente y voluntaria”. La Cámara de Representantes, que ya enjuició políticamente a Trump en diciembre de 2019 por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, amaga de nuevo con llevarlo a juicio. Hace dos años el Senado votó para absolverlo de los cargos. Ahora dicen que irán a exonerarlo e inhabilitarlo de por vida. Precedente, que le dicen, para que nadie más se atreva a tanto.

Solo tres presidentes estadounidenses han sido sometidos a juicio político, incluido Trump. Pero ninguno fue dos veces al banquillo en una sola gestión, lo que en este caso sería una novedad absoluta.

Mientras tanto, Donald Trump ya confirmó que no asistirá a la ceremonia de asunción de Joe Biden. Si cumple su promesa, será el cuarto presidente norteamericano en faltar a la asunción de su sucesor. El cuarto. (En Argentina tenemos fresco el desaire de Cristina Fernández a Mauricio Macri. Fue el alimento semanal para las granjas de trolls todavía activas en el mundo de la virtualidad. Ellos hicieron la síntesis: CFK es igual a Trump).

Pero la cosa no terminó allí: legisladores demócratas pidieron garantías a los militares para que el saliente mandatario no quiera iniciar una guerra o algo todavía peor.

Desde el punto de vista simbólico, la cosa no es menos dramática. Durante los hechos de barbarie antidemocrática, los partidarios del presidente ondearon la bandera confederada (tela roja, cruz azul, bordes y estrellas blancas) utilizada originalmente por los estados sureños que se separaron de la Unión y lucharon contra la abolición de la esclavitud en la Guerra Civil norteamericana, entre 1861 y 1865. Fueron derrotados, pero desde entonces la enseña se usa, entre otras cosas, para reivindicar la opresión, la esclavitud y la supremacía blanca, que no es otra cosa que la autopercepción de superioridad de una pequeña elite que se considera dueña de todo y, más aún, heredera del alma americana.

Se trata a todas luces de un hecho de gravedad extrema, que si bien ocurre lejos, podría tener implicancias para el resto del mundo o atolondrar su funcionamiento.

En Argentina, la crisis política de los Estados Unidos se usó toda la semana como un espejo para ensalzar o defenestrar actitudes que, de uno y otro lado, demuestran más puntos en común que diferencias. He allí lo peligroso. Tanto o más como los discursos que se escuchan masificados e irresponsables.

De todos modos, y por encima de la posición que tenga cada uno al respecto de lo que ve y escucha y de las herramientas intelectuales con las que tamiza la realidad que se le presenta, la evidencia muestra que la vida se volvió más difícil en todas partes, acicateada por las ausencias que dejan las víctimas, por los vaivenes emocionales que se encadenan a las pérdidas y por el confinamiento estirado como producto de la pandemia; por la economía en rojo y por una angustia que se profundiza por lo incierto del porvenir.

Es el contexto en el que Argentina ingresa a este año de definiciones.

Ni hablemos de la cuestión local, de Corrientes y la elección de su próximo gobernador, en el marco de una disputa que amaga siempre con romperse desde adentro, como producto de una interna no resuelta en el seno del oficialismo, entre otras cosas, por el manejo del poder.

En todo caso, allá como acá, la lupa debe estar puesta sobre la democracia. Es la visión autocrática del manejo del poder lo que mueve las alocadas acciones de Trump. Nuestro país tiene también sobrados ejemplos. Y la provincia ni hablar.

Por eso importa la democracia y su calidad. Sus efectos sobre la ciudadanía, porque allá y acá, en todas partes, lo cierto cede ante los efectos. La verdad sucumbe ante lo impactante. Lo colectivo se rinde ante lo propio. Hay distancias largas y perniciosas entre lo que se dice y lo que se hace, y eso tensiona sobre los tejidos sociales, sobre los contratos que deben mediar entre los mandantes y los mandatarios.

La oportunidad que nos presenta esta crisis es que ante lo dinamitado de los caminos de siempre (lo cual incluye al periodismo, claro), podemos emprender la búsqueda de caminos alternativos para retomar la discusión política, para que hablemos de proyectos, de modelos, del futuro, y no solo de cargos o de contrataciones reñidas con la ley, o del tamaño de la cuenta bancaria con que saldrá el mandamás de turno por sus servicios prestados a él y a sus amigos.

Hablar más de política tal vez sea un camino. Es una propuesta.

Quien esto escribe desconoce los pormenores de la institucionalidad norteamericana, pero no los pormayores estructurales del régimen democrático. Y si bien está radicado lejos de los entretejidos de la política nacional (que de vez en vez parece más porteña que nacional), está, como todos, habilitado a la observación y a una decodificación. A ver y sopesar resultados. Y como cualquier correntino en ejercicio de su ciudadanía, tiene al alcance de sus sentidos la posibilidad de una observación y conclusión del proceso que se inició en la provincia hace exactamente 20 años.

Es ante ese devenir y sus logros -más bien escasos o ya exiguos a estas alturas- que cabe una petición: la elaboración de políticas públicas que puedan superar el pago de los salarios como única fortaleza real, objetiva y continua del Gobierno, y como única demanda ciudadana en una provincia en la que, por si fuera poco, el Gobierno parece regir absolutamente todo: desde el trabajo hasta el ocio; desde la salud hasta las recetas de cocina por televisión.

Tal vez, después de la peste, o como reacción a ella, sea el momento de abandonar los discursos románticos sobre la pobreza y hacer algo alguna vez para mitigarla, porque la pandemia la reprodujo incluso más rápido que las políticas erradas o indolentes del peor de los gobernantes.

Tal vez sea momento de dejar de lado los prejuicios sobre los que más tienen y en todo caso ayudar a que puedan invertir su dinero en vez de atesorarlo, fugarlo o ponerlo en situación cría en los corrales de la timba financiera que pagamos entre todos.

Trabajar sobre los aspectos centrales de la soberanía de los individuos y los derechos sociales, sin primacías pero con responsabilidad; propender a la expansión de derechos políticos y la redistribución de recursos económicos en áreas claves como salud o educación. La pandemia nos dejó desnudos también en estos dos asuntos. Nos mostró en el mismo acto su esencialidad y su profunda precariedad.
Ante todo o por todo, entonces, tal vez sea el momento de revisar las cosas a fondo. Revisar los sistemas electorales arcaicos y, ya que estamos, dejemos de hablar de los nuevos derechos para llevarlos a la práctica. La paridad, por ejemplo. O el voto joven, pues en Corrientes, como señaló hace poco una senadora nacional, una niña de 10 o 12 años puede ser obligada a parir un hijo, pero a los 16 no puede elegir un concejal. Tan incongruente es nuestro sistema que los chicos y chicas de 16 en adelante pueden votar por su presidente, pero no pueden elegir a su gobernador.

Tal vez sea el momento de salir de las cavernas y abandonar el miedo a los cavernarios. Dejar de mirar para atrás y asumir el compromiso de ir hacia adelante. Pero en serio. Estar a la altura de la historia tiene que poder ser negocio para todos.

Crujidos radicales

La provincia se juega mucho el año que viene, en el marco de una crisis que se presenta como problema para los que gobiernan y como posibilidad para los que no.

La oposición local tomó nota y empezó a trabajar. Esto quiere decir que los legisladores peronistas jugaron sus cartas para activar un mecanismo de presión e incorporar muchas de las múltiples necesidades de Corrientes en el presupuesto nacional, instrumento que tuvo su primera sanción el jueves en la Cámara de Diputados.

El Gobierno de la Nación hizo lo propio y habilitó una bolsa grande de plata para darle material proselitista a los propios, y material institucional al extraño. En este caso el extraño sería el gobernador Gustavo Valdés, con quien el presidente Alberto Fernández mantiene una relación de cercanía madura, aceitada sobre un concepto de federalismo. Mantener la equidistancia facilitaría las cosas si es que tienen que convivir más allá de 2021, lo cual implicaría la reelección de Valdés.

Esa posibilidad, que en principio debería ser un problema para la oposición (que hace tres elecciones queda en la puerta, pero sin poder entrar al palacio de Salta y 25 de Mayo), parece ser más un problema del radicalismo, que hace crujir su interna por asuntos no resueltos, más allá de los números, que siempre fueron un ordenador político en la era del colombismo.
Sucede que los números ahora acompañan a Valdés, y Ricardo Colombi parece no convencerse ante esa evidencia amarga, entonces apela a lo que sabe y que tiene aprendido de sus viejos libros gordos de chicanas y zancadillas.

Y si bien en público se desmienten las intencionalidades, o se las minimizan, vale hacer un racconto para dejar constancia, al menos, de un problema político que ya tiene algunos síntomas y que mal gestionado podría agravarse. Veamos los puntos más importantes de lo que hasta ahora es sólo una puesta en escena:

Acto 1

Esta semana se trató y se aprobó el presupuesto nacional en la Cámara de Diputados. Allí obtuvo su primera sanción con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones.

Los diputados correntinos se dividieron en dos bloques. Por un lado están los que aprobaron, es decir los tres peronistas (“Pitín” Aragón, Nancy Sand y Jorge Romero) y las dos del PRO (Ingrid Jetter y Sofía Brambilla); y por el otro están los que se abstuvieron, es decir los dos radicales (Estela Regidor y Jorge Vara).

Parece el mundo del revés, pero no lo es. Es el mundo de la política.

—¿Cómo se entiende?

—Así:

El Gobernador pidió a los legisladores correntinos de ECO-Juntos por el Cambio que “acompañen” el proyecto, entre otras cosas porque sus voces fueron escuchadas y el presupuesto prevé la afectación de unos 116.000 millones de pesos en obras. El asunto es que sólo las diputadas macristas lo hicieron.

Regidor y Vara, radicales ellos, se abstuvieron de votar en general, aunque votaron en particular los artículos que beneficiaban a Corrientes. En ese mismo acto desoyeron el pedido del Gobernador, alegando conducta partidaria, pues siguieron la bajada de línea del radicalismo nacional que les ordenó abstenerse.

Aquí hay que tener presente que una cosa es la estrategia nacional de la UCR, y otra la estrategia provincial de cara a las elecciones provinciales del año que viene, cosa que se diferencia todavía más de la estrategia del gobierno provincial, que tiene más responsabilidades, de cara a la gente, que la de pelear espacios o negocios.

En esa línea se manifestó el viernes el secretario general, Carlos Vignolo, quien hablando por radio dijo que Regidor y Vara “tomaron una decisión equivocada”.

Para agregar, solo decir que Vara fue siempre ministro de Ricardo Colombi, hasta que fue electo diputado ya en épocas de Valdés. Y Regidor fue siempre un comodín versátil que a veces cubre necesidades electorales, a veces necesidades administrativas y siempre responde a los requerimientos políticos del ex gobernador. Siempre. Es infalible. Por lo tanto, si siguió un mandato partidario, ese no partió de la ciudad de Buenos Aires sino de la calle Buenos Aires. El tiempo dirá por qué o para qué lo hizo de ese modo.

Acto 2

Si bien responde a una disposición nacional fundamentada en los impedimentos de la pandemia, la conducción de UCR Corrientes decidió prorrogar todos sus mandatos partidarios hasta por lo menos mediados del año que viene. Hay quien dice, no obstante, que ciertos sectores influyentes del partido intentarían alargar la prórroga hasta diciembre de 2021. He allí la clave.

En el resto de los distritos esa decisión tiene un peso determinado, pero en Corrientes, y pongamos por caso, en Santiago del Estero, que también elige gobernador en 2021, esta decisión es un tanto más trascendente porque los procesos electorales son más grandes y determinantes. Se juegan las gobernaciones e intendencias, además de la integración de los parlamentos.

Los mandatos de las autoridades de la UCR Corrientes caducan el 16 de diciembre, pero ante la imposibilidad de realizar convenciones y asambleas, el Consejo Nacional habilitó una extensión de los mismos.

En Corrientes, la decisión de prorrogar mandatos surgió tras la reunión de la Mesa Ejecutiva del Comité Central de la UCR realizada el pasado jueves 22 de octubre. Esa mesa está integrada por Ricardo Colombi, Héctor Lopez, Graciela Insaurralde, Graciela Rodríguez, Norberto Ast, Manuel Aguirre y Susana Nugara, entre otros.

En tal reunión, Colombi expuso la necesidad de considerar la prórroga dada la imposibilidad material de realizar procesos electorales en este contexto pandémico, ya que su concreción implicará el desplazamiento y aglomeración de personas. Es lo que pasará, de hecho, en las elecciones generales, pero para Colombi el riesgo de contagio está en la interna. (¿?)

Lo que no se dice de esa argucia es que tales autoridades tendrán responsabilidades en 2021, por caso la de fiscalizar los procesos y armar las listas de candidatos. (Por suerte lo tienen a Colombi, que se ofrece gratis a realizar esas tareas). De todos modos todavía no está dicha la última palabra. La decisión final debería surgir de la Convención Provincial. Allí necesitarían unos 70 votos para imponer una decisión al respecto.

Acto 3

La semana pasada ocurrió también un escarceo en la Cámara Baja de la Provincia. Diputados peronistas enrolados en el Frente de Todos solicitaron preferencia para agilizar el tratamiento de dos leyes clave para la sociedad en su conjunto, pero ambos fueron rechazados. Se trata de los proyectos de paridad de género y voto joven.

El diputado José Mórtola fue quien primero pidió preferencia para los proyectos de paridad de género, incluyendo el enviado por el gobernador Gustavo Valdés. Tras la votación, su petición fue desestimada. Más adelante, el diputado César Acevedo solicitó la preferencia para las iniciativas de voto joven, que también fueron rechazadas.

Es verdad que el PJ está en su derecho y casi en obligación de insistir con estos temas, aunque cuando puertas adentro tuvo que responder por la paridad, por ejemplo en la disputa entre Rubén Bassi y Patricia Rindel, no quiso hacerlo o no pudo. Y entonces recibió la ayuda solícita del oficialismo radical en el Senado, que con notable coherencia avaló al varón por sobre la mujer y terminó la discusión.

Tal vez no sea este el caso, pero desde entonces ya nadie puede mirar con ingenuidad los amagues opositores para poner en evidencia la supuesta negativa oficialista de tratar estos asuntos, porque negar espacios a la mujer o a los más jóvenes, no generan impacto directo en los generales de las sombras, sino que comprometen más la palabra del Gobernador, más allá de colocar a la provincia entre las más atrasadas en cuanto a la “real igualdad de derechos” que exige la propia Constitución.

Cada vez que es consultado por el tema, Valdés pide que en vez de reclamarle a él, se les reclame a los legisladores por su actitud de negativa constante. Tal vez tenga razón. El ministro Vignolo, que también respondió sobre esto el viernes en una entrevista en Radio Dos, intentó bajar los decibeles. Dijo que cuando estén dadas las condiciones, la Legislatura avanzará en ambas cuestiones.

Pero el tiempo es ahora, y él lo sabe, o debería saberlo. Demorar el debate implicaría votar otra vez, el año próximo, en las mismas condiciones de siempre, desoyendo fuertes demandas sociales, cambios culturales ya dados en el mundo con evidencias de sobra y las propias promesas formuladas por Gustavo Valdés hace casi 4 años.

También lo saben quienes frenan estas iniciativas, y tal vez por eso lo hagan: porque pescan en río revuelto, y mientras haya pesca, se demora la jubilación de varios pescadores. De todos modos tendrán que tener cuidado, porque el proceso de cambio ya empezó y hace tiempo que escapa de su control.

Peste, política y posverdad

La verdad fue otra vez víctima de la posverdad, abonada por intenciones políticas que traccionan detrás de la pandemia. Y si bien no es nueva la costumbre de tomar el todo por la parte para documentar el parecer propio en desmedro del ajeno, los daños se proyectan mayores cuando está en juego la salud, la vida y, por tanto, el futuro.

¿Qué pasó? Pasó que un delegado de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja sobre covid-19 en Europa, pidió a los países que “dejen de utilizar el bloqueo como método de control principal” para frenar el virus.

El pedido va en línea con la posición del organismo, que desde marzo advierte sobre los efectos negativos de los confinamientos masivos y prolongados y pide minimizarlos, con la aclaración de que estas medidas “son necesarias para suprimir rápidamente el virus”, pero que “deben tener una duración limitada” porque generan efectos socioeconómicos iguales o peores que la peste.

El tema es que las declaraciones del delegado, David Nabarro, volvieron a poner en debate la utilidad de las cuarentenas e hicieron tambalear la posición de la OMS. El cuadro se completó cuando intereses partidarios volvieron a tomar la parte por el todo, apalancados en esas declaraciones. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó esas palabras para asegurar que la OMS le dio la razón y para pedirles a los gobernadores demócratas que “abran sus estados”.

Pero también en Argentina se sintió el efecto media-verdad, según escribió José Giménez, haciendo un racconto aclarativo para chequeado.com. A raíz de las declaraciones del delegado especial, en Argentina “La OMS” fue tendencia en Twitter. El argumento se utilizó además para cuestionar las medidas de aislamiento aplicadas desde marzo por Alberto Fernández y para respaldar las acciones que terminaron en una manifestación ciudadana el pasado 12 de octubre.

Las críticas, que no cabían en marzo, caben ahora por los resultados. La cuarentena es una medida extrema para frenar la propagación, pero acarrea costos altos. Se la tomó para ganar tiempo y de ese modo preparar el sistema de salud, pero desde el primer momento, más allá de ciertas actitudes triunfalistas tempranas, se dejó dicho que tales decisiones no acabarán con la epidemia.

En su chequeo, Giménez recordó que la OMS recomendó acciones para detener la propagación: ampliar el sistema; localizar los casos sospechosos; aumentar la capacidad de los test, y adaptar y equipar instalaciones destinadas a tratar y a aislar a los pacientes.

En la Argentina se avanzó bien en algunos ítems; poco y nada en otros. En Corrientes la cosa estuvo más pareja, con un alto nivel de cumplimiento de esas recomendaciones: se creó un sistema sanitario paralelo para atender, tratar y aislar pacientes, se informó una buena capacidad y número de testeo por habitante y hasta el último mes, al menos, la Provincia informó que tenía controlado el nexo de contagios. Y esto más allá de las múltiples versiones que circulan por el territorio de la virtualidad y que indican lo contrario, a caballo de algunos datos que surgen de usinas de distintos niveles de credibilidad e intencionalidad, con acceso a información confidencial, que echan raíces allí donde la oficialidad llega tarde o calla.

Esto ocurre aquí como en todas partes, porque a la salud y a la economía se les abalanzó la política que tensiona desde los atriles del proselitismo en puertas, con base de sustentación en otra recomendación que parece no tener una respuesta clara: la planificación de una transición gradual para salir de esta situación y reimpulsar la actividad anclada en la famosa “nueva normalidad”, que implica drásticos cambios culturales, además de contención sanitaria.

Es allí donde se inserta la más certera crítica contra el aislamiento, porque demostró no ser una solución sostenible. En ese sentido, Nora Bär escribió el viernes en La Nación que una de las primeras equivocaciones tal vez haya sido seguir la idea de “aplanar la curva”, en vez de “aplastarla”, estrategia que mostró su efectividad en Córdoba, por ejemplo, o en Corrientes misma, pero que fue insuficiente cuando volvió la movilidad.

Pero, además de esos aspectos técnicos, “hay dos factores cruciales que incidieron en los resultados actuales: la falta de un trabajo interdisciplinario sostenido entre médicos y científicos, incluso con los de campos no afines a la medicina; y la visión de que la pandemia es un hecho meramente biológico, dejando de lado aspectos sociológicos y culturales determinantes”.

Entonces, como vimos, usar la parte por el todo, además de ser engañoso, no es válido como opción, y menos en sistemas deteriorados como el de la Argentina, por caso también el de Corrientes, que debió montar en paralelo un nuevo sistema porque no existía ninguno en condiciones de soportar las exigencias de la pandemia.

El deterioro es una de las herencias de las que habla con cierta desvergüenza el peronismo bonaerense o nacional, que pocas veces acepta el tamaño de su responsabilidad que deviene de la cantidad de años en el gobierno; pero también es una herencia de la que no puede hablar el gobernador Gustavo Valdés, pues más bien es un lastre solapado que le vino del enquistado colombismo, como la pandemia, pero que emergió gracias a ella.

Acá, como en el país, y también como en todas partes, la cuarentena sirvió para preparar hospitales y para aletargar lo que está pasando ahora: las olas de contagios con números de muertos que empiezan a preocupar pero que hubieran sido peores sin la preparación previa necesaria. Lo dicen en el Gobierno de la Nación, pero también aquí en Corrientes, en ambas veredas de esa ancha avenida que a veces suele mostrarse como grieta. En ambos búnkers muestran, aunque en privado, que la gente murió menos en el comparativo marzo-agosto/2019-2020, incluso menos por afecciones respiratorias. Suena fuerte decirlo así, pero es sobre la base de esas evidencias que se tomaron medidas de acción pública. Debería ser siempre así, por lo demás.

Pero más allá de la carrera por la peor estadística -que parece motivar a algunos-, se trata aquí y ahora de construir sobre los objetivos comunes, de salvar vidas, de recuperar la economía; se trata, sobre todo, de la verdad como cimiento para edificar soluciones necesarias y urgentes, y sociedades duraderas que puedan convivir aun en sus diferencias.

Quiere decir esto que saber la verdad de la pobreza, por ejemplo, nos abre la posibilidad de abordarla adecuadamente, contenerla, morigerarla, erradicarla. Se trata de un ejercicio que puede hacerse con cualquier otra cosa: con la pandemia, con la economía, o con la corrupción. Los resultados podrían ser sorprendentes.

Quiere decir que hay que respetar el derecho al trabajo, a la circulación, a la opinión, a la queja política, pero siempre. No solo cuando me conviene. Hacer respetar la libertad de uno, pero también la del otro, que incluye respetar a un “todos” que, en épocas de pandemia, asienta en la salud de la población.

Tal situación, en todo caso, lleva a plantear la necesidad de la responsabilidad individual, sin que ello implique bajar los controles o relajarlos, porque en países como los nuestros -y en provincias como las nuestras- hay factores que exceden el voluntarismo y que determinan conductas.

Es muy fácil criticar la movilidad o la falta de cumplimiento de ciertas normas, sobre todo las que implican costos económicos, sin mostrar en el mismo acto los altísimos niveles de informalidad laboral-salarial, de desempleo, de pobreza estructural y el raquitismo cultural derivado de la falta de educación, que es transversal a los estratos sociales y rangos etarios.

Los resultados conductuales de hoy, demuestran una decadencia en aumento en cuanto a valores de forma y fondo, e incluso demuestran enormes niveles de prepotencia pública, a veces insuflada por malos ejemplos que bajan desde la oficialidad: un contrato social que se deteriora todavía más cuando el Gobierno parece encubrir más que disciplinar, o dar el ejemplo.

Allí surge la importancia de la coherencia y de la verdad, que utiliza el vehículo de los hechos, de las pruebas, que se comunica echando mano a la información disponible, lo cual es contrario a su ocultamiento, y que a su vez debe ser lo más democrática posible.

A la mentira se la conjura con datos, con pruebas, no acallando voces o creyendo que el Estado es el único vocero posible o el único contralor válido. Entre otras cosas, porque hay evidencias de sobra, aquí y en todas partes, de las maniobras de censura en la que terminan cayendo muchos gobiernos mientras maquillan en el plano discursivo una aparente custodia de la libertad de expresión, que no es privilegio de medios o periodistas, sino un músculo de la democracia.

Para que sean creíbles, en todo caso, estos valores deben sostenerse siempre, no cuando queda a mano de alguien porque ilustra su sesgo de pertenencia. Si eso pasa, no estamos más que actuando como aquellos a los que criticamos.

Adoptamos una suerte de “tribalismo moral”, al decir de Eduardo Levy Yevati, en el que hay un “nosotros” y un “ellos”, pero que se parecen. “Asumimos que la gente como uno comparte nuestra visión; si no la comparte, lo más probable es que no sea como uno, y por lo tanto, mejor no escucharla”. La conclusión de eso es una tribu compacta, cerrada. Cuando, además, tal situación está mediada por el odio, o por un cierto resentimiento, el otro se convierte en alguien al que hay que eliminar. Muy peligroso.

Los nuevos pobres de una vieja pandemia

Según proyecciones elaboradas sobre la última medición del Indec, la pobreza en Argentina alcanzó un 47 % en el segundo trimestre de 2020. En promedio, todo el semestre estuvo en el orden de los 41 puntos, número escandaloso pero naturalizado que golpea a los más jóvenes: al 56 % de las chicas y chicos que viven en hogares con múltiples carencias. Son alrededor de 6,1 millones de afectados. Nombres y apellidos. Futuros condicionados.

La mayor tasa de pobreza se registró en Concordia (52,2 %) y la menor, en la Ciudad de Buenos Aires (17,3 %). Pero en términos absolutos, la mayor cantidad está en el conurbano bonaerense: son 5,8 millones de personas.

Este presente se explica de muchas maneras, aunque sea injustificable o constituya una deuda de la Argentina y de su democracia.

La pobreza se consolidó hace décadas, pero cobró impulso luego de dos años de recesión e inflación, y luego del duro impacto en los ingresos y en el empleo como consecuencia de la pandemia.

Corrientes y la región no escapan al problema, más bien todo lo contrario, pues a las cuestiones de coyuntura debe sumarse, siempre, la estructura de su pobreza desatendida, o no atendida con la fuerza que requiere torcer su curva degradante, inveterada.

En Corrientes la pobreza alcanzó el 41,2 % y se ubica en el tercer lugar de la región. El Chaco registra el mayor índice en el NEA (48,7 %). Le sigue Formosa (42,4 %) y cierra Misiones (38,1 %).

Estos números dicen también que en Argentina hay 18,5 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes. Que en un año quedaron bajo la línea de pobreza 2,6 millones de argentinos y bajo la línea de indigencia, 1,3 millón. Nuevos pobres para una doliente colección humana con serios problemas para su desarrollo.

Según algunos analistas, es la peor tasa de pobreza desde 2004, cuando afectó a cerca de un 45 % de personas. Eran momentos en que la Argentina salía de la peor crisis económica en su historia.

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Comparado con el desahucio planetario endilgado al coronavirus, hablar de crisis anteriores -aun en un país tapizado de crisis como la Argentina-, parece un cuento para chicos. La rígida cuarentena que se decidió como camino preventivo para morigerar-retrasar los efectos de la pandemia, destruyó en Argentina unos 4 millones de empleos. Los más afectados fueron cuentapropistas y asalariados informales, aunque el trabajo de calidad también cayó. Todo, pese al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la prohibición de despidos y la doble indemnización decretada por el Gobierno.

La licuación de salarios por inflación, además de la rebaja de ingresos que sufrieron miles de trabajadores en medio de la pandemia, perfilan lo que podría llamarse la profundidad de la pobreza: otra brecha que nos permite ver cuán pobres son los pobres, que en su mayoría -y dada la ayuda estatal- recibe en promedio la mitad de lo que se requiere para esquivar la degradante cucarda que se cuelgan sin remedio los pobres en la Argentina: casi uno de cada dos.

Pero hay más (que no son los indigentes, ni los jubilados). Se trata de aquellos que aun con trabajo formal y establecido, aun con trabajo de calidad, ya sea en el Estado o en el sector privado, cobran menos de lo que vale una canasta alimentaria. Esa es una situación que agrava los cuadros y que no se revierte con el mero uso de un efecto discursivo. O de una ayuda.

Agrava los cuadros porque esa transferencia de ingresos (que tanto molesta a los “exitosos” del sistema, que detestan los “vagos” a su alrededor) no resuelve la pobreza estructural sino que solo sirve de contención en medio de las crisis. Hay, por tanto, un alivio, pero también una mayor dependencia de las arcas públicas. Dinero que sirve para sortear la emergencia, pero no para mejorar las oportunidades ni la calidad de los empleos. Aquí hay otra mala noticia: la mayor dependencia del Estado alcanza también a los “exitosos” que se quejan (con altas dosis de hipocresía) de la dependencia de los otros, cosa que, además, no es privativa de la pandemia.

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Pero debajo de la superficie hay otros problemas asociados a la pobreza que van midiendo una degradación más silenciosa, aunque a la vez más dañina. Se trata del proceso de descenso social que en el último año empujó al fondo a una mayor cantidad de hogares argentinos que siempre se jactó de la movilidad social, pero ascendente.

Según informes publicados en los últimos días (Moiguer Compañía de Estrategia – Diario La Nación) con el derrumbe de la economía, el peso de la clase media en la sociedad argentina se redujo y, por primera vez en décadas, su participación cayó por debajo de del tercio. Esto quiere decir que la clase baja infló su participación en la pirámide social argentina hasta alcanzar al 64 % de los hogares, frente al 50 % que representaba en 2019.

“El salto, sin embargo, no se sintió tanto en el número de argentinos que pueden ser identificados como de la ‘clase baja extrema’, que se incrementó en cinco puntos -pasando del 20 % al 25 %- sino más bien por la consolidación de la llamada ‘clase baja’, que tuvo un aumento de nueve puntos (del 30 % al 39 %)”, dice el informe.

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“Las clases medias fueron históricamente consideradas un rasgo particular de la estructura social argentina respecto del contexto latinoamericano y un factor esencial en el modelo de integración social”, dicen Inés González Bombal y Maristella Svampa en un estudio comparativo sobre movilidad. “Sin embargo, en las últimas décadas la Argentina ha conocido un gran aumento de las nuevas y viejas formas de pobreza, de precariedad laboral y, más recientemente, tasas de desempleo nunca alcanzadas en el pasado”. Esta inflexión estructural revela una creciente polarización entre los “ganadores” y los “perdedores” del modelo, con una virulencia nunca vista, lo que echó por tierra la representación de una “clase media fuerte y culturalmente homogénea” y sus esquemas de armonización con los modelos económicos implementados en el tiempo.

Los modelos cambiaron. Los valores también. Y “la dimensión colectiva que tomó el proceso movilidad social descendente arrojó del lado de los ‘perdedores’ a vastos grupos sociales, entre los cuales se incluyen empleados y profesionales del sector público, sobre todo provinciales, “antes protegidos, ahora empobrecidos”, en gran parte como consecuencia de las reformas encaradas por el Estado y el devenir de la economía que tributa en los altares del mercado. La ruptura de esos lazos culturales está a la vista. Fundamentan discusiones acaloradas entre los que pretenden una reconstrucción desde la realidad apremiante del hoy, y los que ven el presente filtrado por el color sepia de un pasado monolítico, supuesto, efectivo a los efectos moralizantes, pero difíciles de verificar e imposibles de recrear.
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El diagnóstico no es bueno. Ni la proyección. Y no lo será nunca si seguimos en la misma, como sugirió Einstein; si seguimos variando recetas que ya fracasaron una y otra vez, y que tienen a la pobreza como instrumento de la política: de la peor de ellas.

Tal vez el punto fundante que nos plantea la pandemia pueda habilitar, en todo caso, una redefinición de urgencias: generar otros pactos y que esos pactos miren el futuro con los elementos de la complejidad actual. Volver al pasado no es una opción. No debería serlo, al menos, y no deberían permitirlo los que miran la vida desde la tabla de los resultados.

Y dados los números, tal vez sea necesario -además de urgente- sustentar mayor cantidad de políticas públicas que perfeccionen las herramientas que atienden a las infancias. Rediscutir los alcances de una real igualdad de oportunidades. Sostener con hechos la inclusión de la mujer en la agenda pública y política. Tomarse en serio la protección del ambiente y, en todo caso, retomar la agenda de la región, que era ya una agenda hace 60 años, para, entre otras cosas, hacer valer nuestras demandas en función de nuestras potencialidades, y dejar de ser solo los mendigos solitarios del poder central por una reparación que no llega y que por tanto nos incapacita.

Tal vez llegó el momento de entender que el poder por sí solo no engendra sabiduría. Que es necesario incluir para pensar. O mirar, por ejemplo, estrategias como las que plantea la Universidad del Nordeste en su regionalización, en su implementación de planes encadenados en las provincias en las que está presente, su postura de gestión y autogestión ante la realidad virtual que aceleró la pandemia, su producido de conocimientos y su generación de profesionales, acciones que en conjunto siguen siendo la puerta más grande y segura hacia la consecución de un capital preparado para exorcizar las impericias que, al abundar, robustecen el estado de cosas.

Paridad, voto y veto

Acabo de mandar nuevamente a la Legislatura dos proyectos de ley claves para Corrientes: voto joven y paridad de género. Debemos garantizar a los jóvenes la posibilidad de elegir a sus representantes y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en política”, avisó el viernes 3 de julio, por Twitter, el gobernador Gustavo Valdés.
La utilización del adverbio “nuevamente” no es ingenua ni producto de la impericia en el manejo del lenguaje. Remite a un hecho reiterado, simbólico y concreto, no resuelto por obstáculos políticos que se suceden, pero no se declaran.

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El camino de Valdés a la gobernación fue tapizado por promesas de inclusión y desarrollo. Ya en el poder, pidió que se lo juzgue por indicadores de lastre atávico, como el de la pobreza. En el mismo acto, empezó a transitar el camino de construcción de su propio liderazgo poniendo en discusión temas centrales de una agenda más progresista y desusada en una provincia aletargada por el conservadurismo que se meció, por muchos años (pero sobre todo desde 2001 en adelante), bajo la brisa tranquilizadora del pago de los sueldos. En rigor, el mecanizado sometimiento del salario estatal, que ante la falta de mejores oportunidades, allegó una paralizante opresión con efectos sociales y culturales insondables, a la vista de quien lo quiera ver.
En 2019, no obstante, el gobernador Valdés pasó a los hechos. Encolumnó detrás de su figura al frente político que lo sustenta y encaró una campaña para las elecciones de medio término blandiendo las banderas que plantó en el instante de asumir: la obra pública; los procesos de modernización e inclusión con trabajo; y el pedido a los legisladores para aprobar las leyes de voto joven y de paridad de género. Se comprometió con las políticas de igualdad de derechos; de contención para la comunidad Lgbtq+ y las acciones de ataque contra la violencia de género.
En junio ganó las elecciones y el gobernador obtuvo los avales legislativos que necesitaba para avanzar con las reformas, las declamadas y las necesarias para el gobierno. Y las que demanda la sociedad en su conjunto, que se impone con su agenda aún cuando los líderes tengan otras.
Valdés y los suyos lograron una diferencia de más de 40 puntos en las elecciones de 2019 y consiguieron, a partir del 10 de diciembre, no sólo mayoría sino dos tercios en ambas cámaras legislativas. Así y todo, los proyectos oficiales tropezaron contra una llamativa, férrea y silente quietud. El discurso se dió contra la evidencia. Y donde no se requerían las mayorías de otros, también hubo tropiezos. Lo que se dice no es igual a lo que se mantiene: un gabinete lleno de varones, veteranos en la función, incapaces ante la inclusión.

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Pues bien: los proyectos murieron intoxicados con el polvo de los cajones legislativos y por eso, hace casi un mes, el mandatario volvió a enviarlos. A un año calendario de las elecciones generales de 2021, Valdés insistió “nuevamente” con sus proyectos. Los expedientes ingresaron el viernes 3 de julio por la Cámara de Diputados.
Hablando por radio en esos días, a prudente distancia de una interna que fluye en napas de profundidades variables, Valdés respondió a la pregunta más obvia de todas:
—Si el gobierno tiene mayoría en la Legislatura, ¿por qué no avanzan los proyectos enviados por el gobierno?
—No sé por qué tienen miedo a debatir la ley. (En todo caso) que los legisladores y legisladoras digan de cara a las mujeres que no quieren el proyecto de paridad y que les digan a los jóvenes de 16 años que no tienen derecho a voto —dijo Gustavo Valdés.
—Las mujeres tienen que exigir sus derechos. Y no a un hombre, sino a una Legislatura: todos cumplen el mismo rol ahí adentro —añadió.
Usar la frase “no a un hombre”, tampoco fue casual, como el “nuevamente” del trino inicial.
El “hombre” es el senador Ricardo Colombi: inspector que habilita o frena el avance de las leyes en la Legislatura y que, por lo que se vio, apuró el reenvío oficial luego de que el jueves 2 de julio pasado, sin que se le mueva un músculo de la cara, presidiera una conferencia virtual con mujeres tras la cual hizo decir que “con otros senadores estamos trabajando en un proyecto para que la paridad de género se dé en los tres poderes del Estado”. El expediente ingresó el miércoles último, y el jueves, en plenario, el Senado lo mandó a comisión.
—Son los desafíos que se vienen —dijo Colombi, escupiendo altas dosis de cinismo, recién enterado de una demanda que antecede a su voluntad de patriarca. —Esperemos que en el transcurso de este año lo podamos aprobar —anunció luego, ya en su rol de presidente de la UCR, en el cierre de la conferencia online “Estrategias para una sociedad más igualitaria”.
Del webinario otrora impensado para alguien plantado en las antípodas de cualquier virtualidad, participaron, entre otras, varias legisladoras que en privado todavía se quejan de los maltratos o ninguneos proferidos por el ahora “comprensivo y progresista” legislador, que por efecto de alguna magia efectiva decidió abrir los ojos y visibilizar a un colectivo como el de las mujeres, a las que trató casi siempre con distancia y reiterado desdén.
Aún así, a la luz del momento histórico, no deja de ser una buena noticia que Valdés y Colombi estén pensando lo mismo en cuanto a la inclusión y a la igualdad. Tal vez ahora sí avance el proyecto, pues depende de ellos el resorte legislativo.
La oposición -mínima y fragmentada- no talla en esta discusión. Varios de sus miembros ya adelantaron votos favorables, pero no es garantía. El PJ no estuvo a la altura cuando tuvo que demostrar que es verdadero su apoyo a la paridad. Patricia Rindel tiene mucho para decir al respecto. O Rubén Bassi, senador peronista que sopló el escaño de una mujer con votos radicales: sí, con el aval de los mismos que ahora parecen convertidos a la religión del igualitarismo. Una circularidad asombrosa.

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Tampoco fue casual este movimiento de piezas, en medio de la pandemia por coronavirus. No fue casual por cuestiones del momento histórico y político, por el atraso provincial en varias materias de debate candente, y por las acciones del propio Estado nacional. Sucede que el mismo viernes 3 de julio, el presidente Alberto Fernández, tras presentar el “Plan nacional de acción contra las violencias por motivos de género”, marcó un rumbo para enfrentar una problemática que no excluye a Corrientes.
El plan nacional tiene un presupuesto de 18.000 millones de pesos y responde a otro número escalofriante: hasta el 30 de junio se registraron 162 femicidios –81 durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio-, de acuerdo con el relevamiento del Observatorio “Ahora que sí nos ven”: el promedio fue de un femicidio cada 27 horas.
En Corrientes la cosa es igual de preocupante: hasta junio y con la cuarentena de fondo, se registró un caso de violencia familiar cada 30 horas, según la Inspectoría de Justicia de Paz del Superior Tribunal de Justicia.
Ante semejante presente, hablar de contención a las demandas de género o de paridad sólo en clave electoral parece por lo menos poco. Es un derecho que se reclama, no una dádiva que se espera.

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Corrientes está muy lejos de una “real inclusión” como manda la Constitución, y esta no es una apreciación sólo geográfica. Por ello resulta necesario que la intención se convierta en acción, y que el derecho esté por encima de la especulación proselitista, juego que practican al borde de la fascinación algunos referentes caudillescos de este firmamento político aldeano.
Los derechos inclusivos son fundamentales para cambiar realidades. Servirían para mejorar, ya que estamos en épocas de pandemia, los determinantes sociales de la salud.
Haber manejado con (relativo y todavía parcial) éxito la pandemia en la provincia, no fortalece la integralidad del sistema sanitario. Hablar de coronavirus en vez de los enfermos por siniestralidad vial, cardiopatías, desnutrición, chagas, dengue, o aborto, por ejemplo, no elimina la realidad que subyace al efecto totalizador de la peste. Para decirlo claro: silenciar no es erradicar.
Negar el aborto no disminuye la cantidad de interrupciones de embarazo que se siguen haciendo en la clandestinidad y que condena a muerte a muchas chicas desesperadas.
Corrientes tiene un código postal, al decir de la sanitarista Carolina Centeno, que determina también nuestra forma de vivir y de morir. Afecta más a las mujeres, sobre todo a las más pobres poco educadas, que son muchas en nuestro contexto. Esa es la conclusión de años de política negadora, internista, fratricida, excluyente, que convierte en tabú ciertos temas que queman como el fuego en cualquier sociedad del Siglo XXI.
Hay malas noticias: nada mata tanto como la costumbre.
También hay buenas noticias: tenemos una oportunidad para empezar a revertir el cuadro, ahora que internet llegó a ciertas cavernas.
¿Tenemos una nueva oportunidad?

Navegantes de la esperanza

Uno cree que los personajes, porque son de otra época, sienten las injusticias de manera diferente. Y la realidad es que no: las pasiones, emociones y temores han sido siempre los mismos. Las que cambian con las épocas son las aspiraciones”.
Con esta y otras frases de similar hondura, proyección y enorme humanismo, la escritora chilena Isabel Allende dejó inaugurada el miércoles la décima edición de la Feria Provincial del Libro, que esta vez asumió un formato virtual como consecuencia de la pandemia por coronavirus.
El acto fue una transmisión por Instagram Live, por lo que cientos de pantallas de computadoras, tabletas y celulares se constituyeron en el espacio-marco que contuvo a la escritora de 76 años, radicada hace 30 años en Estados Unidos, y que en esta ocasión fue guiada con solvencia y en clave de divulgación casi docente por la periodista Constanza Pérez Ruiz, que la llevó de paseo por su monumental obra.
La biblioteca Isabel Allende tiene punto de partida en 1974, con sus libros infantiles “La abuela Panchita”, “Lauchas y lau­chones, ratas y ratones” y su recopilación de columnas periodísticas “Civilice a su troglodita”. Su salto a la fama internacional se produjo en 1982 con “La casa de los espíritus”, y al día de hoy mantiene un punto de parada momentánea con el libro “Largo pétalo de mar”, editado en 2019, el vigésimo octavo de su carrera.
El recorrido incluyó una avistaje por la construcción de las voces y el perfil de sus personajes, sin abandonar nunca la dimensión política que atraviesa la literatura de Isabel: la dimensión política y humana, moldeada para ella por el terror de la dictadura de Augusto Pinochet. De allí sus obsesiones, según dijo: la violencia, los autoritarismos en todas sus formas, los desplazamientos provocados por el odio al otro, al distinto, por sus datos de origen, color de piel o pensamiento.
—El abuso del poder absoluto en detrimento del ser humano es un tema que me obsesiona. El poder absoluto en todas sus formas y en los escenarios más injustos siempre ha sido un disparador en la temática y la trama de mis libros —dijo Isabel Allende, para luego enmarcar esa posición en cada una de sus obras, en sus personajes, muchos de ellos con carnadura y domicilio en la realidad.

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Fue una entrevista literaria, sí, pero también una declaración de principios políticos necesarios en un momento como este, en el que los abusos parecen recobrar vigor como consecuencia de los estados de excepción que, como resquicio sólido, posibilitó la pandemia. Estados de excepción que toman medidas en términos excepcionales bajo el pretexto de una preocupación anclada en la preservación de la vida, que en los hechos parece estar en estado de vulnerabilidad constante por imperio de las quiebras emocionales, el agravamiento de las asimetrías económicas y culturales que engendran, ante la falta de horizontes, diferentes modelos de violencia multicausal y multidimensional que no enajena a nadie en ningún lugar.
En Corrientes, por caso, la cosa es igual de preocupante que en cualquier otro punto del globo: se registró un caso de violencia familiar cada 30 horas durante la pandemia de Covid-19, según un relevamiento realizado hace unos días por la Inspectoría de Justicia de Paz, que depende del Superior Tribunal de Justicia.
¿Es esta una situación excepcional? Puede ser, como no. Lo alarmante es que la teoría advierte que ciertas situaciones derivadas de transformaciones o estados fundamentales, muchas veces tienen vigor para independizarse del caso respecto del cual habían surgido.
—Lo que nos está sucediendo ahora es tan pavoroso como fascinante. Es la primera vez que estamos todos, en simultáneo, conectados y afrontando lo mismo. Es la evidencia de que somos una gran familia humana —dijo al respecto Isabel Allende, pensando en las luchas contra el Sars-Cov-2.
No es una simple declaración de escritora. Allí hay un fuerte llamado de atención para las individualidades, para los colectivos, pero también para la política, que muchas veces, con sus actos magnificados por la difusión a la que tienen acceso, definen conductas generales.
El mundo asiste, estos largos días, a una pausa de los derechos con implicancias múltiples y disímiles según la geografía y su desarrollo, pero que en general constituye un escenario de complejidad extrema debido a la incertidumbre del futuro. De allí su trascendencia.

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Isabel habló de literatura, sí, pero también del alma humana de sus personajes, espejo del alma humana a secas.
Habló de los porfiados intentos de la investigación literaria para evitar caer en la caricatura, oponiendo esa postura a la exageración en la que cae muchas veces el discurso político binario y venal que se autopercibe cercano a la realidad en tanto insumo para cocinar a su gusto.
Isabel Allende habló de literatura desde la vereda del pensamiento; de los sentimientos e ideales, de la emoción y de las pasiones, de las aspiraciones personales y colectivas que cambian conforme avanza la cultura, estado de cosas a veces necesaria y que otras veces resulta un ancla. Habló de los contextos y de los escenarios. De las conexiones familiares y de las conexiones sociales; del encierro, de los desplazamientos y de las pérdidas.
Isabel Allende habló de literatura, sí, pero a lo largo de la hora que duró la charla, de a ratos conmovedora y de a ratos inspiradora, dio la impresión de decir mucho más. Cada palabra fue más que la descripción de una obra o del proceso creativo de la escritora viva más leída del mundo en habla hispana, con más de 74 millones de ejemplares vendidos y traducida a 42 idiomas.
Isabel habló del mundo de todos los tiempos y en un momento, arropada por el dolor de los migrantes —que ella misma fue en algún momento—, recordó la anécdota de aquellos “navegantes de la esperanza”: pasajeros en fuga de un barco zozobrante que aún en medio de intensas y peligrosas borrascas marinas, sentían que estaban un poco más a salvo que en la tierra, donde la firmeza del suelo era también la obstinada firmeza de la pobreza, de la violencia, de la muerte.
Isabel hablaba de literatura, sí, pero también de las urgencias, de las angustias y de la comprensión necesarias. Hablaba del hombre y del tiempo. Fue excepcional la charla: sin dudas un punto altísimo para inaugurar una feria que será recordada como la primera feria sin feria, la primera feria virtual y la primera en intentar una resistencia a los límites de la pandemia que a priori parece eso, pero a veces deviene en una gran oportunidad.
—Es que una de las cosas más fascinantes que tiene la literatura es la capacidad de conectarnos con la consciencia colectiva. De conectarnos con lo humano —agregó Isabel.
Puede ser esta, de hecho, una importante oportunidad para que la comunidad en general, y de ella sus dirigentes, asuman el precio de su estatus y puedan encontrar, tal vez en alguna forma de la literatura, voces y miradas que nos ayuden a ver más allá de una próxima gestión. Los desafíos del futuro requieren más que eso.

Para ver la charla:
https://bit.ly/2ZjAeNb

Seguir la feria en:
corrientesferiaprovincialdellibro.net

Racismo, abuso de poder e impunidad

Para el diario El Litoral

Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables”, escribió el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, el martes por la noche. “Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”, añadió.
La apreciación del Presidente tal vez sea una reacción ante el impacto que generaron las imágenes de video capturadas el 31 de mayo y que registran un procedimiento policial en el domicilio de una familia qom en la localidad chaqueña de Fontana. Pero al hablar de “una deuda de la democracia”, tal vez esté mirando más profundamente los complejos factores que perfilan el accionar de las fuerzas de seguridad de muchas provincias, incluida Corrientes, que el martes 21 de abril asesinó a un recluso de 22 años durante un motín en el Penal N° 1.
Está claro que la del Chaco constituye una situación de alerta, de estructura y coyuntura, pues pese a la ferocidad del aparato represivo policial, que se ensaña con los sectores populares y aborígenes, la pandemia -que es su fundamento excepcional ¿y legal?- sigue avanzando.
Son reveladores en este sentido los datos de un informe del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, que depende de la Universidad Nacional del Nordeste. Su último reporte posó la lupa sobre la “represión y control social en el Chaco durante la emergencia sanitaria por covid-19”. La publicación abarca del 18 de marzo al 30 de mayo de 2020. El corte y la publicación preliminar están anclados a los hechos de Fontana, pero sirven de disparador para marcar lo que los investigadores advierten como una suerte de normalidad inquietante en la vecina provincia. ¿Será solo allí?
“La violencia, el racismo y el abuso de poder puestos de manifiesto en el hecho puntual de Fontana, constituyen solo un botón de muestra de un Estado policial que se ha ido instaurando en el Chaco a partir de la emergencia sanitaria. Una serie de mecanismos de control social, cuyo funcionamiento se complementa y yuxtapone, ha dejado a la ciudadanía a merced de unas fuerzas de seguridad con cada vez mayor cantidad de funciones, autonomía, legitimidad e impunidad en su accionar”, empieza diciendo el texto.
El tema es que ese poder sobre los derechos de la población no es proporcional a su eficacia para contener la pandemia, que “en el Chaco ha causado casi el 10% del total de muertes aunque su población representa el 2,5% de los habitantes de la Argentina”.
El covid-19 afectó de manera particular al Chaco. El primer caso fue confirmado el 9 de marzo (seis días después del primer caso en Argentina). Desde ahí, la vecina provincia tuvo algunos de los peores indicadores del país: el primer caso de un niño infectado (13/3), el segundo fallecimiento por covid-19 (13/3), el primer caso autóctono (16/3), la víctima más joven (31/05) y un crecimiento sostenido tanto de confirmados como de muertes, siendo la tercera jurisdicción provincial con mayor cantidad de casos. Este viernes superó el millar de personas con la enfermedad.
Un dato adicional, fuera del informe, dice que el Chaco mantiene dentro de su sistema sanitario un foco infeccioso que reportó alrededor del 30% del total de contagios desde el inicio de la pandemia. Esta es una línea importante, porque es la línea que intentó asegurar el Gobierno de Corrientes desde el primer momento para mantener bajo control, o al menos bajo la posibilidad de un manejo razonable, los casos en esta orilla del Paraná, costa que se relaciona fluidamente con la otra a través del puente General Belgrano. Recordemos además que esta situación provocó una especie de “guerra verbal” entre funcionarios de ambos gobiernos por la rigurosidad en el manejo de los controles.
La cuestión, entonces, que surge para el análisis colectivo, tiene que ver con la efectividad de las medidas de restricción y con el fundamento de la violencia con la que se aplican. ¿Qué pasaría si la violencia frena al covid-19?
La pandemia, además de desnudar asimetrías técnicas, culturales y económicas, al parecer también desnudó un rasgo de segregación y discriminación muy fuerte y arraigado. No ya en Estados Unidos, sino en el Chaco mismo, que es un Estado pluricultural, pluriétnico y diverso. Pero ¿será que solo ocurre allí? ¿Qué podemos aprender nosotros, mientras tanto, para no llegar a esos niveles de iracundia institucional?
Lo que sabemos por el informe de la Unne es que en el Chaco “se fueron sucediendo diversas medidas de control social que -con la excusa de la emergencia sanitaria- profundizaron la represión operada por los aparatos del Estado”.
La paliza de un grupo grande de policías a chicos y chicas de una familia qom de Fontana se convirtió en un tema de debate nacional. Hasta referentes de la ONU pidieron intervención para frenar la escalada. El Gobierno del Chaco hizo varias cosas: repudió “este accionar ilegal, violento y arbitrario” y al mismo tiempo informó que todos los efectivos involucrados en la incursión del domingo en Fontana fueron separados de sus cargos. Se trata del oficial subayudante Cristian Foschiatti, del sargento Cristian Benítez, del cabo Cristian Flores, y del agente Orlando Cabrera, que son los que en principio aparecen en los videos que se hicieron viral.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, su titular, Silvana Pérez, confirmó que denunciaron a otros dos agentes y que pedirán la detención de todos (cosa que no ocurría hasta el viernes). Dijo que serán querellantes en la causa y que, además de la cuestión penal, elevarán recomendaciones para reconfigurar el esquema de poder dentro de la Policía.
Varios días después, el propio gobernador Jorge Capitanich se dio por aludido: pidió perdón a las víctimas, a sus familias y a la comunidad indígena, y aceleró una reforma policial cuyo anuncio formuló el pasado jueves. Tal reforma incluye un manual de buenas prácticas para la policía, capacitación en políticas de género, derechos humanos y derecho indígena. Capacitación en la Ley Micaela y en la Ley de Interculturalidad, lo cual será obligatorio para todos los agentes públicos. Además, planteó un cupo indígena para la integración a las fuerzas de seguridad. El viernes, en tanto, se reunió con referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para trabajar en acciones para las comunidades originarias.

Los datos
El Observatorio de Conflictos Sociales del NEA no denuncia, sino que informa. Pero los datos de este trabajo ya fueron analizados por el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) que es el órgano estatal que controla al Gobierno y vela por el cumplimiento de las normas en procedimientos de este tipo en el Chaco. Hay otros comités en media docena de provincias, uno de ellos, en Corrientes.
Sucede que el informe del Observatorio de la Unne enumera una serie de irregularidades que podrían resultar generales, como las detenciones por “violación de cuarentena”.
En específico informa que durante el período del 18 de marzo al 30 de mayo de 2020 se produjeron en el Chaco unas 15.224 detenciones por violación del aislamiento. Esto arroja un promedio de 200 personas por día (8 personas por hora), con un pico máximo de 563 detenciones el día 22 de marzo”. De ese total, unos 1.650 son menores de edad, a pesar de que su detención es ilegal de acuerdo con el Régimen Penal Juvenil, agrega el informe.
Hay más: “La Policía del Chaco, en los últimos 10 años, asesinó a 21 personas bajo la modalidad de ejecuciones ilegales, comúnmente llamadas ‘gatillo fácil’. Este número llega a 86 muertes por acción u omisión estatal si se agregan las muertes por cárcel y comisarías, por represión a la protesta social, en operativos, femicidios y desapariciones forzadas”.
Ante esta situación, el Comité Provincial contra la Tortura presentó denuncias y recomendaciones para los operativos y un habeas corpus preventivo y correctivo, que finalmente fue rechazado. Entre las razones del rechazo, el procurador general adjunto del Chaco, Miguel Fonteina, sostenía que “nos encontramos ante una crisis sanitaria sin precedentes, donde se requiere adoptar medidas inmediatas”, donde no se advierte “un accionar ilegal, represivo, anómalo por parte de la Policía de la provincia del Chaco, dado que las medidas a fin de hacer cumplir el aislamiento dispuesto resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y el riesgo sanitario que enfrentamos”. Los resultados no están a la vista. El peligro de semejante visión, sí.

Cooperar para vivir

Para el diario El Litoral
Si es verdad que en estos largos días de cuarentena aprendimos que “nadie se salva solo”, entonces hemos aprendido también que la cooperación humana es la tecnología mejor acabada para ponernos de nuevo de cara al sol, cuando todo pase.
Ejemplos a lo largo y ancho del planeta confirman el diagnóstico vuelto sentencia. Y la buena noticia, para hacer frente a los escépticos, es que la cooperación también resultó en Argentina, con efectos que están a la vista.
La cooperación entre los tres niveles de Estado en el Area Metropolitana de Buenos Aires no sólo dio resultados en términos sanitarios (más allá del desfase de los últimos días en los barrios hacinados y marginales ubicados en la porción de tierra más rica del país) sino que también aportó un sedante de magnitud insospechada para la grieta política, repeliendo incluso el intento de quienes, fuera del reparto de la consideración ciudadana, intentan a toda hora y por cualquier orificio sembrar un poco de cizaña para envenenar la magra cosecha de estos días.
La cooperación que dio resultados en todo el mundo, dio también sus frutos en Argentina. ¿Eso molesta? ¿A quién? ¿Por qué?
Atravesamos como humanidad -no ya como nación, o como naciones- una situación crítica por pandemia. Es cierto que sus efectos no encuentran parangón en la historia mediana del globo, pero las bases de lo bien hecho se volverán sólidas si sabemos aprovecharlas.

 

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La cooperación del Estado con los científicos, médicos, infectólogos, fue el primer modelo en el que nos pusimos de acuerdo como sociedad. Nadie, o pocas personas a estas alturas, dudan de la importancia que tuvo para el manejo de la pandemia que el gobierno de Alberto Fernández se respalde en la ciencia, en sus expertos, en los estudiosos que dedican sus vidas al diseño de políticas y estrategias sanitarias.
La cooperación del Estado con los científicos y los CEO (de muchas empresas nacionales) hizo que la Argentina pueda desarrollar tecnología y aparatología médica, además de insumos y reactivos que nos permitirán estar mejor preparados si es que el coronavirus decide golpearnos todavía más de lo que lo ha hecho hasta el momento.
El Estado, las empresas, el conocimiento industrial y la mano de obra calificada, que procede -por ejemplo- de las universidades, como la de los estudiantes de la Universidad del Nordeste, permitieron, por decir algo, el ensamble de respiradores mecánicos para asistir al hospital de campaña de Corrientes, pero también, a futuro, a los institutos u hospitales que lo requieran.
La cooperación del Estado con los empresarios, en el plano de los productos y servicios, hizo posible muchas otras inversiones necesarias, pero al mismo tiempo mostró los agujeros que eran invisibles en el trajinar cotidiano de la vieja normalidad.
Se trata del conocimiento, más que nunca, en la era del conocimiento. Pero en este caso, se trata del saber al servicio de las políticas públicas implementadas bajo el régimen de la evidencia y no bajo el yugo de los caprichos personales, lo que supone un antes y un después, de mínima, en la toma de decisiones de Estado. Y de muchas empresas.

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Por supuesto que hay desafíos, falencias. Hay carencias estructurales. Hay dudas. Por supuesto que hay algunos desconfiados que azuzan con denuncias, y sus razones tendrán. Nunca fue fácil la cosa, nunca del todo transparente. Y nada hace suponer que de repente lo será, en medio de una pandemia, cuando el Estado, a través del gobierno, muchas veces coquetea con la fuerza absoluta que surge de la excepción. Cuando más bien se reviste de poderes que lo alejan del deber ser de la rendición de cuentas. Pasa aquí como en las sociedades más avanzadas. No es un consuelo, pero pasa.
No obstante, habrá un “antes y después”, previenen hasta el cansancio médicos, psiquiatras y analistas, docentes, gremialistas, economistas y políticos de toda caladura.
Ojalá el después, en todo caso, sea un poco mejor que el antes. Que muchas de las acciones apuradas por el coronavirus se queden para contener otros problemas que nos aquejan. Que las campañas sanitarias sirvan, por ejemplo, para atacar al dengue, que es otro de los males que nos zumban en clave de epidemia desde hace bastante tiempo.
Habrá un antes y un después -dicen a coro los expertos- en cuanto a la forma de vida, a la forma de manifestar los afectos, a la forma de realizar los trabajos, muchos de los cuales no tendrán más remedio que adaptarse. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre abril y junio se perderán 195 millones de empleos en el mundo. Los sectores más afectados con pérdidas de mano de obra son el hotelero, el de producción de alimentos, el gastronómico, el inmobiliario, las actividades administrativas, las fábricas y los servicios de reparación, los comercios, el área de los negocios y el sector artístico.
Otra mala noticia, publicada ayer por Daniel Santa Cruz en La Nación: la Argentina reúne el 41% de sus empleos dentro de este grupo de riesgo, de acuerdo al mismo informe de la OIT.

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Habrá un antes y un después en la forma de educar.
La educación, tal vez como ninguno de los otros estamentos, pone al desnudo las asimetrías y brechas, tecnológicas y de aprendizaje. He allí un enorme desafío.
El cambio de mentalidad asociado al cambio de ritmo en el paso de lo analógico y semianalógico a lo digital, por influjo de una crisis sanitaria, insufló la transformación digital, el teletrabajo, la inteligencia artificial. Dispersó la productividad, pero al mismo tiempo dejó más pobres a los pobres y más excluidos a los que ya lo estaban.
La brecha digital es mucho más que eso en provincias y regiones como las que habitamos nosotros. Es eso, pero sobre todo es la pobreza, la falta de trabajo, de viviendas dignas, de infraestructura básica.
Semejante brecha en semejante zona acentúa todavía más las diferencias. Las familias, incluso las que tienen algún recurso tecnológico, sucumbieron ante la cuarentena, que también es asimétrica. En todo caso no hay una sola cuarentena. Las hay a distinto precio.
Las familias sucumbieron ante la falta de aparatos y de servicios de internet y energía suficientes para atender las demandas de todos los miembros del núcleo en el mismo momento, que por trabajo o por estudio, intentan de ese modo hacer sus propios esfuerzos para vincularse con un afuera que cada vez queda más lejos. Ya en una familia tipo se manifestaron esos problemas, y las familias tipo, está claro, son mucho más numerosas en las provincias del Norte. No hay espacio para todos en el mismo momento, y así es difícil pensar, aprender. Avanzar.
Las otras familias, en las que la realidad virtual está lejos de ser siquiera una realidad, volvieron a ser castigadas, ahora en simultáneo por la brecha tecnológica, educativa, por la pandemia y por la economía que se paró como protección ante el virus. El combo es demasiado dañino.
En cuadros como esos es donde anidan los militantes anticuarentena que se mueven por el parámetro único de la economía. Son los que denunció hace unos días el doctor Pedro Cahn, director de la Fundación Huésped y uno de los integrantes del comité de expertos que asesora al Gobierno. “Odio la cuarentena, no la amo. Pero más odio a la morbilidad y mortalidad”, lanzó. Pidió, en todo caso, “que alguien me explique cuál es la alternativa”.
Es muy complejo todo, pero al mismo tiempo esperanzador.
Si la crisis del coronavirus logró sacar -en parte al menos- lo mejor de nosotros, en aspectos cooperativos de proyección positiva, sería bueno que esa voluntad sobreviva cuando acabe la amenaza.
Hasta aquí vimos los efectos multiplicadores de la cooperación como artefacto tecnológico para el avance humano. El coraje de los trabajadores de la salud, el espíritu de solidaridad y compasión de muchos voluntarios y voluntarias, su disposición a ir más allá de sí mismos para colaborar en el bien de todos. También vimos experiencias demoledoras que forzaron a muchos ciudadanos a poner de manifiesto lo peor que llevan dentro: sus miedos, broncas, odios. Afloraron las “conductas regresivas” y muchos se pusieron como niños, como dijo la doctora Nadia Vaschuk Semper en la entrevista #ELP de la semana pasada.
Pero “algo se aprende en medio de las plagas”, nos dijo Camus en “La peste”: “Que hay en los hombres (y mujeres) más cosas dignas de admiración que de desprecio”. Ojalá sea una mayoría la que pueda quedarse con esta mirada.

Coronavirus: una larga noche sin sueño

“La pobre humanidad, loca de miedo, huía en todas direcciones al escuchar el galope de la Peste, la Guerra, el Hambre y la Muerte”.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis
Vicente Blasco Ibáñez

 

Acaso el Mundo, hoy enfermo de coronavirus y amodorrado por una noche sin sueño cada vez más larga, ya demostró lo que algunos se resisten a aceptar todavía: que nadie se salva solo. Es verdad también, y cualquiera podría alegar que siempre pasó: que en todos los tiempos y circunstancias hubo quienes pensaron en la salvación como una mercancía de uso personal, tal vez familiar, incluso comarcal, pero no más que eso. Malas noticias: la peste de estos días viaja a caballo de esos que se creen impolutos o son simplemente irresponsables por su individualismo extremo.
Irresponsables como los administradores y diseñadores de la cadena de pagos de los bancos, que el viernes poco menos que tiraron por la borda el efecto positivo que venía teniendo la cuarentena en todo el territorio nacional, exponiendo a la población más vulnerable a la posibilidad de un contagio masivo y, quien sabe, tal vez a cosas peores.
Irresponsables los que cobran sueldos abultados para prever lo que en su mezquindad y ceguera no previeron. Imperdonable casi, porque saben -y no de ahora-, que la inmensa mayoría de los viejos, no sólo en Corrientes, pero sobre todo aquí, usa dinero físico para transaccionar, pues por razones distintas se mantienen alejados de las tarjetas y los cajeros automáticos. Así, la debilidad relativa de los adultos mayores creció el viernes. Y ahora habrá que esperar unos 15 días más para calibrar este mal cálculo administrativo-sindical-laboral en términos sanitarios.
Las filas en los bancos, aun de esa gente incluida en el sistema, expone nuestros problemas estructurales. Nos muestra la cara de la miseria: nuestra condición cuasi natural de carencia, de incultura general, la lejanía del firmamento virtual y también la vigencia del deporte nacional de culpar al que menos tiene de su necesidad.
Lo del viernes nos mostró además la sordidez de algunos funcionarios, flojos de boca, que olvidados de su propio devenir, creen poder calificar a las personas en función de su condición económica. Algunos treparon a la soberbia de la descalificación clasista, como quien cree que tener fortuna en Corrientes, Chaco, o incluso en las demás provincias pobres de la región toda, reviste de oro su miserabilidad y, por lo tanto, los exculpa.
También expuso la ruindad de ex funcionarios, que aun pesados por el lastre de la inoperancia que acumularon en sus épocas en la función pública, se creen ahora con entidad suficiente como para dar clases de política y, lo peor, de gestión comunitaria.
Los funcionarios deberían ponerse a trabajar mirando datos, evidencias, modos y procesos exitosos. Deberían pensar, por una vez, en alguien más que en ellos mismos. Y antes de decirse encima, mantener la calma, o al menos tratar repetir su existencia habitual, más reposada, quieta incluso, porque atravesamos un momento álgido de ánimos, como ocurre siempre cuando un pueblo se bate. De mínima, deberían no estorbar y dejar hacer. Pero al que sabe.
Habrá que recordar algo más: la guerra, si es que hay alguna, es contra un virus invisible. Es contra el coronavirus, no entre nosotros. No vale ahondar la crisis, por ejemplo, de la llamada guerra de los médicos, que en los últimos días escaló a una disputa interprovincial entre Chaco y Corrientes, en estrados judiciales, por el manejo de los criterios sanitarios que impone con urgencia la necesidad de controlar la propagación de la pandemia.
Están en juego la vida como valor supremo, la salud general y una serie larga de derechos, como el derecho al trabajo que muchos correntinos ejercen en el Chaco, entre otras cosas, porque allí son mejores las condiciones de sobrevida y desarrollo. Mejores incluso que en su propia tierra.
Nadie duda de las medidas preventivas adoptadas por el gobernador Gustavo Valdés. Nadie, de buena fe, puede desconfiar de su intención de guardián del bienestar general de la población que gobierna. Y esto, entre otras cosas, porque él más que nadie sabe de las deficiencias del sistema sanitario nacional y provincial. Nadie mejor que él sabe que un colapso sería casi una sentencia de muerte para mucha gente.
Lo que está en juego, en todo caso, es revisar el modelo de prevención. Y en eso está, según declaró en las últimas horas: “No hay ningún problema en que (los médicos) vayan a Chaco, pero cuando vienen a Corrientes deben permanecer aislados. No impedimos la circulación, solicitamos a los agentes de salud que en Corrientes permanezcan en su domicilio porque los casos positivos que tenemos de médicos que trabajan en el Chaco dispararon la cuarentena obligatoria de decenas de personas más por tener contacto directo”.
Con el Chaco, y sobre todo con Resistencia, el pueblo correntino tiene más cosas en común que el puente que vino a unir lo que el río separó desde los primeros días de la Creación. Discriminar, señalar e inculpar habla más de quien lo hace, de su inseguridad o de su ignorancia.
Los gobiernos ya lo entendieron. Primero Valdés y después el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, cortaron por lo sano cualquier intento “separatista”. Consultado por El Litoral, en la conferencia online del viernes, Capitanich fue contundente: “No vamos a promover el conflicto con Corrientes, sino la unidad”. “El canal político siempre estuvo abierto con Corrientes, lo que pasa es que en cada jurisdicción se tomó una resolución distinta al decreto de necesidad y urgencia sobre las medidas preventivas del coronavirus, pero lejos de pretender un conflicto interjurisdiccional, queremos para los médicos oriundos de Corrientes el libre ejercicio del derecho y la libertad de trabajo”.
La guerra es contra el virus, no contra el otro. Los poderes constituidos deberían dar el ejemplo, lo mismo que las demás instituciones, públicas y privadas. Incluso el periodismo.
La pandemia, como su nombre lo indica, es un problema planetario, no de los chaqueños, más allá de la pericia o de la idea de pericia con la que uno cree que el Chaco está tratando su crisis, con más de cien casos positivos y siete muertos. Más allá, todavía, de la idea de trabajo conjunto que puedan tener Capitanich y el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que al parecer se hablan menos que Carlos Vignolo y Arturo Colombi en aquellas épocas fratricidas del radicalismo vernáculo.
Nadie, sano de discernimiento, buscaría contraer una enfermedad que podría matarlo. Por lo tanto, una buena manera de pasar esta larga noche sería informarse para desterrar el miedo.
El pánico al pánico no ayuda. De nada sirve la exageración estigmatizante que viene acompañada de los peligros misteriosos, ligados más al sentido común medieval que al actual. Se podría, en todo caso, seguir las recomendaciones de los especialistas, empezando por la Organización Mundial de la Salud, como incluso hizo el Papa Francisco, y dejar para el fuero íntimo las cuestiones relacionadas con las creencias. Hay por lo menos 500 años de ciencia arbitrada y de cultura humana acumulada como para guardar, al menos por un rato, aquellos saberes extemporáneos, nacidos al contacto del peligro o de la ignorancia. O de la “infodemia”, esa práctica nacida a la sombra del coronavirus y que consiste en difundir noticias falsas o maliciosas sobre la peste para aumentar la angustia en las sociedades.
La pandemia demuestra nuestras falencias. Está claro. Pero también, si queremos, puede exponenciar la fraternidad que contagia al hombre el contacto con la muerte, como dice Blasco Ibáñez.
Tal vez sea hora de empezar a revisar la caladura de los cambios que nos dejará la pandemia, y actuar en consecuencia. Tal vez sea hora de echar mano a la audacia que infunden estas circunstancias extraordinarias para pensar estrategias conjuntas de mitigación, de solidaridad y empatía con los que menos tienen, con los más vulnerables; de intensificar la revisión de ciertas formas anquilosadas, por caso en la administración local. De revisar el tratamiento que reciben, por ejemplo, los médicos, pero también el resto de los trabajadores de los servicios esenciales que demuestran su imprescindibilidad en momentos de crisis. De amonestar la actitud de algunos empresarios, sobre todo de ciertos supermercadistas que amparados en la impunidad del dinero, en la lentitud de la burocracia o en la miopía del ojo estatal, sacan rédito en la remarcación de los productos que perfilan la necesidad.
Quizás sea hora de revisar, no solo el tamaño en el que se distribuye un cronograma de pagos, sino también aquello de particionar semanalmente el mendrugo que como salario reciben en su mayoría los trabajadores del Estado, aquí como en todas partes.
La pandemia cambió la cultura relacional entre las personas. Los gobiernos deberían tomar nota, porque están obligados a estar por delante de los problemas, no a perseguirlos.
Están obligados, por lo menos, a hacer realidad el retórico optimismo de sus partes oficiales.