Coronavirus: una joven residente desnudó la crisis del sistema sanitario de Chaco y fue amenazada

Publicado en La Nación

Corina Acosta es médica. Nació hace 27 años en Isla Apipé, frente a la represa hidroeléctrica de Yacyretá. Hace un año trabaja en el Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, como muchos profesionales correntinos. Pero en las últimas horas se convirtió en noticia porque le puso voz a un reclamo ensordinado de médicos, residentes y auxiliares sobre el contexto de alta vulnerabilidad en el que desarrollan su tarea en la primera línea de combate contra el coronavirus, que en el Chaco parece estar cobrando deudas atrasadas.

Fue apenas un posteo en Facebook, pero el efecto fue de una enorme supura. Incluso el gobernador Jorge Capitanich modificó ayer su agenda y recibió en la tarde a un grupo de médicos residentes, ante quienes se comprometió a mejorar sus condiciones laborales. Y según se informó, volverán a reunirse la semana próxima para analizar las propuestas, que serán incorporadas a la iniciativa legislativa para regularizar la situación y garantizar el acceso a la seguridad social, cobertura de seguros, condiciones de trabajo y especializaciones.

¿Qué fue lo que pasó? Acosta, junto con su colega Facundo Ávalos, utilizaron sus cuentas en Facebook para manifestar, el domingo, que trabajan desprotegidos. “Los equipos de protección personal que vestimos lo compramos nosotros”, contó, para señalar una larga lista de incumplimientos y concluir: “Estamos agotados, frustrados, decepcionados”.

La publicación se multiplicó y rápidamente se viralizó, pero también provocó una rápida reacción: una amenaza explícita de la directora del Hospital Perrando. A través de una nota del 8 de junio, la titular del Perrando, Nancy Trejo exigió a Acosta que “en el plazo de 24 horas proceda a rectificar o ratificar todas y cada una de las falaces afirmaciones efectuadas sobre falta de insumos”, debido a que “generan miedo e incertidumbre en la población”. Y amagó con aplicarle el Código Penal e iniciarle acciones administrativas y judiciales.

Repudio generalizado

La escalada siguió y casi no hubo sector social, sindical, e incluso político que no repudiara la actitud y la carta amenazante de la directora del Hospital, cuyo tono pareció querer acallar no una voz, sino la grave crisis del sistema sanitario que, por añadidura, deja en evidencia la crisis de control y de manejo que atraviesa el gobierno de Jorge Capitanich.

La Gremial Médica Hospitalaria salió entonces a acusar a directivos del hospital Perrando de abuso de autoridad, violencia laboral e intimidaciones. El titular de la Comisión de Salud de la Legislatura del Chaco, Alejandro Aradas, rechazó los hechos de violencia institucional y presentó un proyecto rechazando el abuso de autoridad para “silenciar los justos reclamos de los médicos residentes de Terapia Intensiva”.

Además, a través de comunicado enviado a los medios, las entidades médicas de la salud del Chaco expresaron su solidaridad con los Médicos Residentes de los Hospitales de la Provincia.

A su turno, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, junto a los legisladores que integran la bancada, expresaron su rechazo a las amenazas efectuadas por la directora y el subdirector del Hospital Perrando, Nancy Trejo y Daniel Pascual, y su preocupación por la crítica situación de la salud pública chaqueña frente a la pandemia Covid-19.

Apoyo y vuelta atrás

Ante semejante nivel de apoyo, Corina recobró el aliento. “Yo este viernes regreso a la terapia intensiva normalmente. Legalmente soy medica residente, tengo contrato y como tal no pueden echarme ni suspenderme. Es lo que me aseguraron los abogados”, dijo a LA NACION.

De todas maneras agregó: ” Estamos abrumados, sin descanso y con poco personal en el hospital, que es de referencia para toda la región. La unidad de Covid está colapsada, no tienen personal para el hospital modular (recientemente inaugurado) y quieren sacar a los pocos que quedan en la Unidad de Terapia Intensiva. Si pasa eso, no sé qué haremos”.

Las guardias de Corina son de 24 a 26 horas, día de por medio o cada 48 horas. Los únicos dos médicos de planta que están actualmente en el Perrando cubren hasta 36 horas. “Para dormir tenemos un día libre, luego volvemos, porque en la guardia no se duerme”, dijo.

Abrumada también por las críticas, la directora del Perrando no tuvo más remedio que salir a aclarar la situación. “No quise cortar la libertad de expresión de nadie”, dijo, para añadir que “cada uno es libre de expresarse”. De todas maneras no aclaró si habrá sanciones.

Hace unos días, el gobernador Capitanich dijo que la crisis sanitaria del Chaco se disparó por al menos tres factores: porque empezó muy temprano en el tiempo, porque no se cumplieron las medidas de aislamiento y porque el virus se ensañó de modo particular con el sistema sanitario, que aportó durante todo el proceso el 30% de lo infectados.

Nueva disputa con Corrientes

Por si fuera poco esta situación, este jueves surgió otra disputa con Corrientes por los profesionales de la salud. Sucede que la provincia gobernada por Gustavo Valdés volvió a registrar casos de Covid-19 y sus ministros de la Gobernación, Carlos Vignolo , y de Salud Pública, Ricardo Cardozo , apuntaron al Chaco.

“Necesitamos articular un ámbito de colaboración con los profesionales de la Salud que viven en Corrientes y trabajan en Resistencia y viceversa”, dijo Vignolo. “Estamos en el marco de una pandemia, con consecuencias muy serias, y eso requiere adquirir responsabilidades a la hora de transitar, y sobre todo de aquellos que trabajan en el ámbito de la salud, que están expuestos a una mayor posibilidad de contagio y a su vez de propagar el virus”, agregó.

Dijo también que hay algunos profesionales que no quieren hisoparse y eso levantó una ola de quejas e indignaciones. No obstante, el gobierno de Corrientes parece dispuesto a ser todo lo estricto que se pueda en el puente General Belgrano, que es el nexo con Resistencia.

“Pido que tengan buena voluntad, no con el Gobierno sino con toda la comunidad”, dijo Vignolo, a la vez que advirtió que si persisten las negativas, “no nos temblará el pulso para tomar medidas legales”.

Son muchos los médicos y auxiliares que pasan de Corrientes a Chaco diariamente. La razón principal: que el Chaco, aún con todas sus falencias, paga mejores salarios que Corrientes.

Corrientes: en menos de dos minutos robaron más de un millón de pesos de la Dirección de Rentas

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Al menos cuatro delincuentes, vestidos con mamelucos y cascos blancos, tipo escafandra , ingresaron a las 3.15 de hoy en la Dirección General de Rentas de Corrientes y en menos de dos minutos se llevaron más de un millón de pesos . La Dirección de Rentas es el principal agente recaudador de la provincia, está monitoreado por alarmas y por agentes de seguridad, pero nada de eso impidió el asalto. La zona, al parecer, estaba liberada al momento del atraco.

Según fuentes reservadas, el botín sustraído asciende a la suma de 1.057.000 pesos. Se habla de una supuesta entrega , pues los delincuentes fueron sin titubeos al lugar donde estaba el dinero. Dos de ellos fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar, lo que determina con precisión el horario del robo y la certeza de que tenían información precisa para localizar los fajos de billetes. Algunos investigadores creen, además, que los malvivientes conocían la ubicación y el barrido de las cámaras de seguridad.

Un dato que acredita esta hipótesis es el siguiente: la camioneta en la que se desplazaban fue captada por una cámara exterior, pero no así la chapa patente para poder identificarla .

El gobernador Gustavo Valdés afirmó que lo sucedido “es muy extraño” y que “llama la atención la forma” en que se perpetró el atraco. En declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno, aclaró que el dinero se encontraba en el edificio debido a que “no se puede depositar en el banco” y que “fue la recaudación del día”. “Vamos a dejar a la Justicia y a la policía que investiguen”, dijo.

Fuentes de la Policía contaron a LA NACION que incluso los agentes de la empresa de seguridad privada que monitorea el lugar asistieron a la Dirección de Rentas tras el disparo de la alarma, pero al no ver movimientos extraños en el frente, abandonaron la escena del robo.

Según las primeras informaciones, al menos cuatro delincuentes habrían participado del ataque a las oficinas de Rentas. Dos fueron captados por las cámaras internas. A la oficina donde se encontraba el dinero entraron a las 3.15.57 y se retiraron de allí un minuto y medio después..

La Dirección de Rentas de Corrientes está ubicada en una zona residencial del centro de la capital, por avenida Poncho Verde, entre Perú y Vélez Sarsfield. Es una zona de alta seguridad y donde regularmente hay agentes de la policía provincial. Frente a la oficina de Rentas vive el exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi.

Zona liberada y sospechas de un entregador

El jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, dijo que al momento del robo en el lugar no había custodia policial. Afirmó que es materia de investigación cuántos delincuentes ingresaron y cuánto tiempo estuvieron dentro.

A primera hora de la mañana se constituyó en el lugar el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, mientras que personal de la comisaría 5a. y de las divisiones especiales de la policía concretan las actuaciones investigativas.

En diálogo con la prensa, el ministro Desimoni sostuvo que en la entidad no se maneja efectivo habitualmente, pero por la pandemia cambiaron la modalidad de trabajo. Esto significa que la caseta del Banco de Corrientes, que está en el lugar, dejó de funcionar dado el aislamiento, por lo que las oficinas de Rentas hacían de agente recaudador y al final de cada día depositaban el dinero de las tasas e impuestos cobrados.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el ingreso al salón se realizó a través del techo y mediante la rotura de una ventana.

La Fiscalía de Instrucción 5, a cargo de Graciela Fernández Contarde, está a cargo de la pesquisa, al igual que personal de la División de Delitos Complejos, Investigaciones y de la Policía Metropolitana.

La emotiva carta de una niña que habilitó los reencuentros para el Día del Padre

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CORRIENTES.- El viernes por la noche, Lucía Torres subió a su cuenta de Facebook una carta abierta . Era un pedido especial dirigido al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, para que la provincia habilite un permiso especial, el Día del Padre, y ella pudiera estar con el suyo, al que no ve desde que empezó el aislamiento obligatorio.

“Señor gobernador: me llamo Lucia, tengo 13 años, y vivo en Saladas con mi mamá, mis hermanos y mi papá del corazón. Pero mi papá biológico, el hombre de mi vida, por cuestiones de trabajo vive en Corrientes Capital y no lo veo hace exactamente 87 días”, dice el texto que se hizo viral una vez que el gobernador Valdés anunció que había leído la carta y que actuaría en consecuencia.

Misas sin agua bendita, gimnasios con termómetros y bares al aire libre: escenas de la nueva normalidad en el interior del país
Lucía le explicó a Valdés “la angustia” que siente en su corazón y la manera en que extraña a su padre, Daniel Torres, que trabaja en una fábrica de revestimientos en la capital provincial, distante unos 100 kilómetros de Saladas, donde vive la niña.
“Se aproxima una fecha muy importante para nosotros (el Día del Padre) y me pone muy triste no pasarlo con él por primera vez en 13 años, por eso quería pedirle por favor, si aunque sea por un día, podría permitir los viajes para poder ver a mi papá”.
“Disculpeme el atrevimiento -dice finalmente-, pero sentía que debía hacer esto… ¡Porfi atienda mi pedido! Le prometemos que nos vamos a cuidar mucho. Gracias”. Lucy firmó la carta con un corazón rojo como punto final.
Valdés, que también es un activo usuario de la plataforma, no dejó pasar la oportunidad política y contestó allí mismo. “Hola Lucía. Leí tu publicación y quiero decirte que tengo una muy buena noticia para vos. El Día del Padre vas a poder pasarlo con tu papá porque habilitamos los permisos de circulación para que, ese día, puedan estar juntos. Un fuerte abrazo”, posteó el mandatario.

El anuncio del gobernador
La historia, de inmediato, acaparó la atención en redes sociales y medios. Esta mañana, en el marco de la conferencia de prensa en la que Valdés perfiló la nueva etapa de la cuarentena, anunció que permitirá los viajes por el Día del Padre en todo el territorio provincia.

Luego de anunciar cómo será la nueva etapa, con mayor flexibilización en varias actividades ( la pesca deportiva y la apertura de templos religiosos, por ejemplo), Valdés dio a conocer la situación planteada por Lucía.
“Me escribieron desde el interior, Lucía me dijo que el mejor de los regalos es poder venir a ver a su padre y vamos a estar acompañando ese pedido que es lógico y razonable”, manifestó Valdés, y agregó: “Es por ello que Lucía, al igual que muchos otros hijos e hijas, podrán viajar para visitar a sus padres dentro del territorio provincial”.

La revolución para Lucía no terminó allí. Llamó inmediatamente a su padre, le contó lo sucedido, pero como todavía estaba en horario laboral, postergaron la charla. Lucía y Daniel volverán a hablar hoy mismo, pero ya en la noche, como hacen siempre.

“No te das una idea de la alegría que tenemos. El corazón no nos cabe en el pecho”, le dijo a LA NACION Sofía Battilana, mamá de Lucía, quien facilitó las fotos de su hija.

La niña volvió a utilizar Facebook para hacer saber de su alegría y agradecimiento. “Estoy muy feliz. Muy contenta, la verdad, muy contenta, no solo por mí, sino también porque otros niños que están alejados podrán ver a su papá en su día y celebrarlo con él”, añadió, aunque con una recomendación final: “Quiero pedirles que por favor se cuiden, que tomen las medidas necesarias, usen barbijos y respeten el distanciamiento social”.

“Lo que pasa es que después de todo lo que pasó, ella quiere que salga todo bien. Pide que las personas se cuiden para evitar que la situación de la pandemia retroceda en Corrientes. No quiere que sea por un pedido suyo”, explicó Sofía Battilana a LA NACION.

El gobierno nacional auxilió al Chaco, en una virtual intervención sanitaria

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CORRIENTES.- Visiblemente preocupados por la grave situación sanitaria en el Chaco, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, viajaron a Resistencia para coordinar con el gobernador Jorge Capitanich un plan de emergencia para contener el avance del coronavirus.

Los enviados de la Casa Rosada visitaron hospitales y recorrieron el barrio Toba, uno de los epicentros principales de los altos niveles de contagio en la provincia, y acordaron con Capitanich la aplicación del plan Detectar para intensificar los controles en las viviendas. Para ello, el gobierno nacional entregó ayer 4000 kits de testeos a la administración chaqueña y colaborará en un plan de inversiones en infraestructura, entre otras acciones, para mitigar el impacto de la pandemia.

La intervención del Estado nacional en el Chaco, que empezó con el envío de fondos, obras y equipamiento sanitario, se intensificará con un “trabajo conjunto”, similar al desarrollado con la ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Eso lo hacemos independientemente de la situación epidemiológica”, explicó Cafiero, ante una pregunta de LA NACION.

Aunque las autoridades nacionales aclararon que no habrá una “intervención sanitaria” en el Chaco, se espera una presencia más activa del gobierno nacional frente a la emergencia.

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“Esto es algo mundial, no es patrimonio de los argentinos, ni de los chaqueños. El mundo no ha encontrado la vacuna, ni los medicamentos. Lo que nos queda es la responsabilidad colectiva”, declaró Cafiero.

Sin embargo, tras la recorrida conjunta por hospitales, barrios del Gran Resistencia y una empresa textil que recibe ayuda del Estado nacional para el pago de sueldos, Capitanich reconoció la intervención nacional en el Chaco.
Dijo que “es un modo de abordar con seriedad el problema” y agradeció al jefe de Gabinete la intensificación del trabajo en Resistencia y el envío de recursos para montar un hospital modular. También llegarán respiradores mecánicos, se implementará el plan Sumar y otras herramientas administrativas y regulatorias para morigerar la gravedad de la emergencia sanitaria.

Urgencias
La provincia de Chaco es el tercer distrito del país con mayor número de contagios. Pasó la barrera de los 1000 casos y ya reportó 61 muertos, tres en las últimas 24 horas. “La situación requiere una intervención técnica, porque tenemos poblaciones distintas y cualidades culturales diferentes”, precisó el mandatario.

Vizzotti confirmó que entregó a la provincia 4000 test serológicos para la aplicación inmediata del plan Detectar y el desarrollo de un trabajo articulado para la formulación de protocolos. La intensificación de los testeos apunta a determinar la proporción de contagios en los barrios donde están los focos. “Ese estudio se va a planificar con el equipo de epidemiología de la provincia para definir las áreas geográficas y tener un panorama más claro de la circulación del virus”, anunció la funcionaria nacional.

En la última semana, Capitanich declaró que tres cuestiones se conjugaron para favorecer la propagación del Covid-19 en el Chaco: la temprana aparición de brotes en personal e instituciones sanitarias, el incumplimiento de medidas de aislamiento de enfermos o potenciales infectados y “la mayor virulencia del tipo de cepa que circula en el Gran Resistencia”.

Cafiero y Capitanich hablaron, también, de la agenda económica y productiva. Dijeron que, al igual que el resto del país, el 85% de la provincia está en marcha, trabajando y produciendo porque logró controlar la circulación comunitaria del virus, lo que no pasó en Resistencia.

“No dejamos de lado la otra realidad de la provincia, que avanza en sus actividades productivas y reanuda cada vez más sus actividades”, dijo el jefe de Gabinete, al desdramatizar la realidad del distrito.

Los funcionarios visitaron la fábrica textil Santana en Puerto Tirol, una de las primeras en ponerse en funcionamiento dentro de la cuarentena, y concluyeron la recorrida por el barrio Toba, uno de los focos más importantes de contagio.

Santiago Cafiero acordó con Jorge Capitanich la aplicación inmediata del plan Detectar, para realizar mayores testeos en la provinciaSantiago Cafiero acordó con Jorge Capitanich la aplicación inmediata del plan Detectar, para realizar mayores testeos en la provincia
Además de atravesar una muy difícil situación sanitaria y económica, la provincia de Chaco se vio envuelta en los últimos días en un grave episodio de violencia institucional y policial. Un video que se viralizó por las redes sociales mostró a un grupo de policías ensañándose con ferocidad contra varios miembros de una familia qom, en la localidad de Fontana.

Los policías fueron separados de sus cargos y denunciados, por lo que están siendo investigados, con el Estado como querellante. El martes pasado, el presidente Alberto Fernández condenó la agresión por Twitter y dijo que “las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables”.

El gobernador Capitanich pidió perdón a las víctimas, a sus familias y a la comunidad indígena, y anunció una reforma policial, que incluye un manual de buenas prácticas en la institución policial, la capacitación en políticas de género, derechos humanos y derecho indígena y la obligatoriedad de la ley Micaela para todos los agentes públicos.

Además, prometió un cupo indígena en las fuerzas de seguridad.

En Chaco hay 15.200 detenidos por no acatar la cuarentena

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CORRIENTES.- Tras la preocupación transmitida por el presidente Alberto Fernández a raíz de la violencia policial contra una familia qom en la localidad chaqueña de Fontana, se conoció un informe del Observatorio de Conflictos Sociales de la región, que depende de la Universidad Nacional del Nordeste, que posó la lupa sobre la “represión y control social en el Chaco durante la emergencia sanitaria por el Covid-19”.

El organismo advirtió que entre el 18 de marzo y el 30 de mayo pasado se produjeron 15.224 detenciones por violación de la cuarentena, unas 200 por día.

“La violencia, el racismo y el abuso de poder puestos de manifiesto en Fontana constituyen un botón de muestra de un estado policial instaurado en el Chaco a partir de la emergencia sanitaria. Una serie de mecanismos de control social han dejado a la ciudadanía a merced de unas fuerzas de seguridad con cada vez mayor cantidad de funciones, autonomía, legitimidad e impunidad”, revela el informe.

“Su poder y eficacia para doblegar los derechos de la población contrastan con la poca eficiencia para contener la epidemia, que en el Chaco ha causado casi el 10% del total de muertes, aunque su población representa el 2,5% de los habitantes de la Argentina”.

A partir del aislamiento obligatorio, en la provincia “se sucedieron medidas de control social que -con la excusa de la emergencia sanitaria- profundizaron la represión operada por los aparatos del Estado: detenciones callejeras, arbitrariedad policial, dispersión con postas de goma, creación de divisiones policiales especializadas, represión en contextos de encierro, cerramiento territorial, restricción de la movilidad en vehículos y a través de teléfonos celulares, toque de alarma sanitaria, ciberpatrullaje, persecución de dirigentes sociales y criminalización de la protesta”, enumera el informe de la UNNE.
El profesor Maximiliano Román, coordinador general del observatorio, explicó a LA NACION que el objetivo del relevamiento fue aportar información a un análisis colectivo. “Decidimos publicar el informe por lo ocurrido en Fontana y ahora esperamos que las organizaciones de derechos humanos hagan lo que crean conveniente”.

Al convertirse el hecho en un tema de debate nacional, el gobierno de Jorge Capitanich repudió el “accionar ilegal, violento y arbitrario de la policía” y separó a los efectivos involucrados. Se trata del oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, del sargento Cristian Benítez, del cabo Cristian Flores y del agente Orlando Cabrera, quienes aparecen en los videos viralizados.

La secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez, adelantó a LA NACION que denunciarán a otros dos agentes, actuarán como querellantes y elevarán recomendaciones para reconfigurar el esquema de poder dentro de la policía.

En la misma línea se pronunció el presidente del Interbloque de diputados del Frente Chaqueño, Juan Manuel Pedrini, para quien “la policía, por ley, deberá capacitarse en derechos indígenas”.
Policía brava, en datos
Los datos del Observatorio de Conflictos Sociales están siendo analizados por el Comité de Prevención de la Tortura (CPT), que ya presentó un informe preliminar, con carácter urgente, en la Fiscalía de Derechos Humanos. “Seguimos analizando pruebas y recabando información para formular una estrategia inteligente de actuación”, dijo a LA NACION Silvio Del Balzo, titular del organismo.

El informe del observatorio enumera irregularidades en las detenciones por violación de la cuarentena. Detalla que entre el 18 de marzo y el 30 de mayo hubo 15.224 detenciones por violación del aislamiento, un promedio de 200 personas por día (ocho personas por hora), con un máximo de 563 detenidos el 22 de marzo. Del total de detenidos, 1650 son menores de edad, a pesar de que su detención es ilegal, de acuerdo con el Régimen Penal Juvenil, agrega el informe.
“Estos operativos de control pueden encuadrarse en las formas de represión preventiva, definida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), como aquella que se aplica de manera indiscriminada sobre los más pobres, y en particular los jóvenes, para disciplinarlos en el respeto al orden y la autoridad. Su objetivo real es imponer el miedo”, se explica en el relevamiento.

Y denuncia que la policía del Chaco “asesinó a 21 personas en los últimos diez años, bajo la modalidad de ejecuciones ilegales”.

Violencia policial y discriminación en Chaco: la historia detrás del video del ataque a una familia qom

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CORRIENTES.- Con niveles de violencia desmadrados y un grado de ensañamiento anclado en la discriminación racial -tal lo demuestran los registros fílmicos de los propios damnificados-, un número todavía indeterminado de agentes de la Policía del Chaco que prestan servicio en la Comisaría Tercera de Fontana fueron denunciados pública y formalmente. Los acusan de ingresar sin orden de allanamiento a la casa de una familia de la comunidad qom ubicada en el barrio Bandera Argentina, de esa localidad, y golpear a quienes estaban en el interior de la vivienda, entre los que se encontraban mujeres, jóvenes y menores de edad.

Fontana es una localidad cercana a la capital, parte del Gran Resistencia. El hecho ocurrió el domingo a las 4 de la mañana. Varios agentes policiales ingresaron a las patadas a una humilde vivienda y golpearon a hombres y mujeres de la comunidad qom. Al parecer, buscando a varios jóvenes que habrían apedreado la comisaría, a cuatro cuadras de allí.
El violento accionar policial -que consiguió un repudio casi unánime -, empezó con un allanamiento ilegal contra una familia originaria y que terminó con cuatro jóvenes detenidos y torturados, con sus familiares golpeados por intentar defenderlos y una menor de 16 años en estado de shock por vejaciones que se investigan.

A las 4 del domingo, más de 15 policías de uniforme y de civil, derribaron a patadas la puerta de la casa ubicada en el barrio Bandera Argentina y después de agredir a culatazos y patadas a hombres, mujeres y niños, arrastraron a cuatro jóvenes a la comisaría.
Una vez allí, los encerraron en un cuarto oscuro, los golpearon, les rociaron con alcohol y los amenazaron con encender fuego. Saltaron sobre sus cuerpos al grito de “indios infectados”, haciendo alusión a la situación que atraviesan las comunidades originarias, golpeadas por el coronavirus. Incluso los amenazaron de muerte, según contó por radio Daniel Rolón, dirigente de la comunidad. Su relato sustentó la denuncia de varias organizaciones de Derechos Humanos del Chaco.

Las denuncias públicas posteriores a la represalia policial sostienen que el ataque no fue solo con golpes, sino también con balas, tortura y abuso, lo cual es materia de investigación. Un episodio que suma zozobra a la crítica situación que atraviesa el Chaco por el avance no controlado de la pandemia de Covid-19.

Pasado el mediodía, la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Zalazar, informó en una conferencia de prensa que todos los efectivos involucrados fueron separados de sus cargos. “Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario por parte de la policía”, procedimiento “que nada tiene que ver con el compromiso del Gobierno con el estado de derecho y las garantías de derechos humanos”, dijo.

Racismo y discriminación
“Agarraron del cabello a mi hija y la arrastraron. Entre seis policías agarraron a mi hija y a mí. El oficial Antonio Fernández me pegó con la 9 milímetros en el rostro “, relató Elsa, en uno de los videos que se viralizaron desde este lunes.

“A los chicos los molieron a palos. Y a las chicas es irreparable lo que le hicieron, todavía no se animan a contar, solo lloran y tiemblan”, relató también Daniel Rolón, del Comité Provisorio Indígena por la Pandemia.
Ese es otro punto clave. La comunidad Qom se mantiene hace días en el centro del escrutinio público justamente desde que el coronavirus se metió en el Área Gran Toba de Resistencia, un territorio extendido y que incluye unos seis barrios resistencianos con más de 5000 personas en su interior.

La propagación del virus en esas barriadas pobres de la capital chaqueña, sin infraestructura básica ni medioambiental, además de la actuación diferencial del Estado, que blindó la zona con tierra y vallas, algo que no hizo en otros lugares de la capital ni de la provincia, los expuso al ojo discriminador del resto de la comunidad. Y también al miedo.

” Pero ese ensañamiento, ese racismo y discriminación no brotó como un hongo. Estaba desde antes de la pandemia, sólo que ahora fue magnificado. Y muchas veces desde el mismo Estado”, dijo a LA NACION Cecilia Solá, integrante de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chaco.

El Inadi también repudió la violencia policial hacia una familia de la comunidad qom. La delegada del Instituto Nacional en la provincia, Nancy Sotelo, emitió un comunicado amonestando el hecho que ocurrió en la madrugada del domingo. ” Este procedimiento se da en un contexto de fuerte racismo, en el marco de la pandemia de Covid-19, que ya se venía denunciando desde el Inadi “, señaló Sotelo.

El racismo es un elemento central. El Chaco convive con extendidas comunidades aborígenes en todo su territorio, pero muchas veces no son tratados como iguales.

“En el lenguaje oficial ya empieza la discriminación. Cuando pedimos asistencia, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos nos dicen que ‘ya están bajando con la asistencia’, como si ellos estuvieran arriba”, graficó Cecilia Solá.

Encerrados
En este juego de divisiones, se acentúan los parámetros negativos de los determinantes sociales de la salud de la población Qom, donde hace punta la discriminación. Laura Pérez, referente de una de las comisiones vecinales del barrio Toba contó días pasados a LA NACION que cuando “pedimos intervención sanitaria urgente y un cordón sanitario” el Gobierno “puso vallas y montículos de tierra”.

En su mayoría, los vecinos del Gran Toba y las demás barriadas aborígenes son artesanos o changarines hoy desempleados. Ya ni siquiera pueden salir a vender en los espacios públicos, pues aflora con ellos lo peor de la segregación.

“Métanse en sus chozas, indios infectados”, le dice la gente, pero también los efectivos policiales que todas las noches recorren las ciudades por el toque sanitario, contó Solá.

“Aflora el racismo, porque nos exponen. A los otros barrios no se los menciona. Y a nosotros nos tratan de salvajes. Pero además no nos escuchan. La gente dice que no respetamos el protocolo, que ni siquiera usamos barbijo. Pero, ¿alguien se preguntó si podemos comprarlo? “, se quejó Laura Pérez, hace unas semanas, cuando surgió el brote en el Toba.
Ahora, dado este nuevo episodio de violencia policial, las organizaciones de mujeres del Chaco trabajaron activamente en la contención de las familias agredidas de las niñas. Insistieron para que puedan ser contenidas desde el punto de vista sanitario, de seguridad y de los derechos humanos. La asistencia sanitaria llegó con demora, pero llegó. Ahora se quejan de que los procedimientos administrativos no se hicieron como mandan los protocolos.

Este martes las organizaciones feministas y de derechos humanos supieron que los policías que actuaron ya fueron sumariados.

” En la comisaría, les apagaron la luz, les dieron una paliza, los chicos tienen las caras y los cuerpos reventados a golpes y las chicas hablan de abuso, manoseo y de métodos de tortura. La policía puso la excusa de que cascotearon la comisaría. Aunque hayan o no hayan cascoteado, el grado de tortura y violencia que han sufrido esos jóvenes y sus familias es inenarrable”, agregó Cecilia Solá, en su carácter de integrante también de la Mesa Multisectorial Feminista.
Desde esa organización dicen además que no es un hecho aislado la represión y persecución a los pibes de los barrios y asentamientos populares. Es moneda corriente en el Chaco, dicen, pero este caso ha cobrado relevancia gracias a la valentía de la familia que decidió difundir los hechos.

Tras entender la gravedad del hecho, la delegada del Inadi solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para que impulsen una investigación que permita la identificación del personal policial que intervino y que se establezcan responsabilidades y sanciones para quienes actuaron al margen de lo que establece la ley para este tipo de procedimientos. También pidió al Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y llevar tranquilidad a toda la ciudadanía.

El parte policial
Oficialmente, antes de la viralización de los videos, las oficinas de información de la policía del Chaco señalaron que cuatro jóvenes, entre ellos dos menores, atacaron una comisaría de Fontana y que como saldo de ese ataque, hay dos policías heridos.

“Si bien todavía no se determinó el motivo del ataque por parte de dos parejas a la comisaría Tercera de Fontana, se logró identificar a los agresores: tienen 20, 18 y 16 años”, dice el parte.

Según consta en el texto policial, pasada las 4.30 un grupo de personas arremetió contra la dependencia policial tras arrojar objetos contundentes. A raíz de ello, “los agentes iniciaron un operativo para calmar la situación logrando, luego de unos minutos, reducir y detener a los agresores”. Sin embargo, dice el parte, dos agentes resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital Perrando: Antonio Fernández y Cristian Flores.

Chaco: la víctima más joven y los motivos de una crisis sin control

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CORRIENTES.- La cara mortal de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus no deja de mostrar su ferocidad en el Chaco. Esta vez se llevó la vida de una adolescente de 14 años, que se ha convertido en la víctima más joven del país desde el comienzo de la pandemia. La menor falleció alrededor de las 20 del domingo 31 de mayo, en una de las salas del Hospital Perrando, que desde el inicio de la crisis sanitaria es, además, uno de los focos infecciosos más grandes del Chaco. La provincia ya suma 54 muertes y 896 contagiados. Más de 500 siguen activos.

La víctima argentina más joven de Covid-19 tenía 14 años. Estaba internada desde el sábado en la Pastilla 6 del Hospital Perrando, con asistencia respiratoria mecánica. Dio positivo en los últimos días, pero también, según los informes médicos, tenía lupus como patología de base. Otros informes extraoficiales hablan de que fue alcanzada por una insuficiencia renal en el marco de un posoperatorio por apendicitis aguda, con compromiso pulmonar.

En el parte epidemiológico de este lunes, el subsecretario de Salud del Chaco, Alejandro García, dijo que la adolescente de 14 años era oriunda de Presidencia La Plaza, una localidad distante 104 kilómetros al noroeste de la capital chaqueña, y que se encontraba internada desde el sábado. El domingo murió.

La chica era conocida de los médicos. Primero del Hospital Pediátrico y luego del Perrando, al que fue derivada por cuestiones de edad. Era tratada hace años por lupus, pero en los últimos días ingresó a la internación por un cuadro de neumonía agudo. Luego de los estudios de rigor, se detectó que padecía Covid-19. Ahora, los epidemiólogos trabajan en la confirmación del nexo.

Se cree, por un lado, que la chica tuvo contacto con el virus en un barrio de Resistencia, que hacía de residencia familiar temporaria, donde está confirmada la circulación comunitaria del virus. No obstante, tampoco se descarta la línea de investigación de contagio intrahospitalario.

Sucede que el subsecretario García también confirmó este lunes que el Ministerio de Salud se encuentra investigando un nuevo brote de casos de pacientes que se infectaron con coronavirus dentro del Hospital Perrando. Dijo que allí se optimizaron las medidas de aislamiento, de fortalecimiento de la seguridad, que se hicieron testeos de pacientes asintomáticos y que hubo restricción al máximo de circulación. Así, se readecuaron los grupos y las guardias para seguir atendiendo.

Por el momento, en esa institución hay 52 personas internadas con el virus, pero además se reportaron contagios entre médicos, un kinesiólogo y varios enfermeros y enfermeras.

El agotamiento, la falta de materiales de protección, pero también la subestimación de los efectos de la enfermedad por parte de los profesionales, según dicen desde el Gobierno, llevaron al Perrando a ser uno de los mayores focos de contagio de todo Resistencia, aunque no es el único. Varias clínicas privadas también registraron brotes entre sus agentes sanitarios.

Esa, la de los profesionales de la salud, es hasta hoy la línea de contagio por contacto estrecho que denuncia incluso el gobierno de Corrientes como puerta de entrada del virus a la vecina provincia. El protocolo de control para los médicos y auxiliares correntinos que trabajan en el Chaco es cada día más riguroso, sobre todo desde que Corrientes decidió pasar a la fase 5 de la cuarente, de apertura casi total.

Situación crítica
La situación en Chaco es crítica. Las localidades más afectadas por Covid-19 son Resistencia (715 casos), Barranqueras (78) y Fontana (45). Pese a esto, en un intento por transmitir una calma que escasea hace días en la provincia, referentes del Poder Ejecutivo mencionaron este lunes que hubo una disminución en la notificación de casos en los barrios de Resistencia donde hubo brotes, por caso en el Área Gran Toba.

No obstante, a la crisis sanitaria se suma la falta de una idea clara en el manejo de la pandemia, y un perenne y subrepticio chisporroteo político entre facciones internas del peronismo gobernante. Ante tal escenario, incluso la Universidad Nacional del Nordeste decidió acercar, hace poco más de 10 días, un protocolo básico de actuación y también ofreció equipos técnicos. La oferta continúa en estudio. El gobierno de Jorge Capitanich reacciona cambiando nombres propios en lugares clave, pero hasta el momento sin conseguir resultados nítidos.

La difícil situación social es la otra parte del problema. La informalidad de Chaco en su movimiento económico (como muchas de las provincias del norte) obliga a la gente a salir aún a riesgo de contagios para ganarse el sustento. El Gobierno blindó la provincia. Desde este lunes empezó a regir un sistema único de control con permisos estrictos para circular, pero los resultados son magros. Resolvieron posponer hasta el jueves la tramitación de las habilitaciones.

Voces críticas
El sábado último, el Gobierno del Chaco, a través de la Policía, impidió la realización de una manifestación de médicos que intentaban sumar su voz a la protesta del 30M, e incluso labró varias actas de infracción, pero al mismo tiempo, tanto el gobierno grovincial como el municipal capitalino, custodiaron y permitieron (con instrumentos legales incluidos), la organización de un encuentro religioso masivo.

Fue el domingo: una celebración por el día de Pentecostés, convocada por el pastor Jorge Ledesma, que se realizó en el estacionamiento del Portal del Cielo, un mega auditorio que tiene la Iglesia Cristiana Universal en avenida Arribálzaga al 2000, en el sur de Resistencia.

Si bien el pastor dijo que obtuvo el permiso por parte del Gobierno, y se exageraron las medidas de bioseguridad pensadas para una celebración con feligreses en sus respectivos vehículos (un “auto-culto”, cómo hacían otrora los autocines), la situación estuvo al borde del descontrol por la cantidad de gente, que al final fueron cerca de mil personas, las cuales llegaron en autos, pero también en motos y a pie, lo cual por lo menos se erigió como una contradicción en el manejo de la pandemia.

Es la misma contradicción que marcan ciudadanos y algunos medios locales, pues por un lado se persigue, criminaliza y desprotege a los médicos y médicas; y por otro lado propician encuentros religiosos masivos.

La cuestión es compleja, porque es el propio gobernador Capitanich uno de los principales promotores de la vuelta a la actividad espiritual. Ya lo intentó antes, pero su propuesta de apertura de templos se retrasó oficialmente por la muerte del pastor Raúl Gómez, del barrio Toba, ocurrida el 15 de mayo. El asunto es que el auto-culto del domingo dividió a la sociedad chaqueña, razón por la cual el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, tuvo que salir a negar que la actividad haya contado con el aval del Ejecutivo provincial. “La Provincia no autorizó oficios religiosos en ninguna modalidad”, remarcó en la tarde de este lunes.

Otra faceta de la contradicción es que mientras todo esto ocurre, se informó hoy mismo desde el Ministerio de Salud Pública que la provincia transita el aumento en la curva y que, aunque no se sabe cuándo llegará el pico, el sistema sanitario se prepara para ello.

Cuarentena estricta o apertura general: Chaco debate entre dos modelos extremos

Publicado en La Nación
El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, emitió esta mañana un mensaje a la población, vía Facebook, en el que insta a “tomar decisiones que tengan que ver con la realidad” para evitar una “tragedia”. Inmediatamente después propuso volver a la fase inicial del aislamiento a partir del lunes, es decir, a una “cuarentena estricta”.

El mensaje, arropado por la situación de zozobra sanitaria que vive la provincia del Chaco, que suma 38 muertos, no oculta su costado político y las diferencias que se exponen cada vez con mayor intensidad en relación con la postura asumida por el gobernador Jorge Capitanich, quien había dicho el miércoles que el asunto de las fases ya no se discutía y que el Chaco estaba lista para pasar a Fase 5.

El intendente Martínez reconoció que la situación en el área metropolitana es “extremadamente complicada” producto del aumento en la curva de contagios y en la letalidad del coronavirus. En ese contexto evaluó que la cuarentena estricta debería extenderse por 15 días.

“Creemos que llegó el momento de tomar decisiones”, dijo el jefe comunal. “A mucha gente le va a caer bien, a otras no tan bien, pero tenemos que tomar medidas que nos devuelvan a la Fase 1”, añadió.

“Después del 24 de mayo tenemos que hacer 15 días de cuarentena estricta y tenemos que pensar desde lo municipal y provincial cuáles son las acciones mínimas indispensables para llevar adelante, pero la mayor parte tiene que estar dedicada al aislamiento físico”, remarcó.

En nuevo brote
Sucede que el nivel de contagios se ha disparado en la capital chaqueña. Y lo que al parecer estaba concentrado en el macrocentro y en algún otro sector, se desmadró tras el brote en el barrio Toba. “Hoy está desperdigado por toda la ciudad y todos estamos expuestos a contagiarnos”, dijo el jefe comunal. “No se puede esperar más. Tenemos que regresar a la Fase 1. Sé que estamos cansados, pero si no se hace esto, la situación se va a transformar en tragedia y es lo que no queremos en Resistencia”, finalizó.

Los números que justifican sus pedido son elocuentes: la provincia registra 38 muertos y 675 contagios, siendo la tercera jurisdicción más castigada del país. El Área Metropolitana es la zona que concentra más del 90% de los casos del Chaco, con Resistencia como punto crítico.

El plan de Capitanich
Pese a estos guarismos de alarma, el gobernador Jorge Capitanich dijo el miércoles que “el tema fase es una discusión cerrada”, que “no se vuelve atrás”. “Debemos convivir con el virus”, sostuvo. Este jueves, en declaraciones radiales, atenuó sus afirmaciones. Dijo que “la cuarentena debe seguir hasta por lo menos el mes de agosto” y que tiene que ser “con un sistema de administración inteligente”.

La polémica promete subir su intensidad, porque en el Chaco -pese a que Capitanich y Martínez reporten desde distintos batallones al mismo sello del PJ- no se logró articular nunca una cooperación como la que está dando resultados, por caso, entre los tres niveles de gobierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Mientras se desarrolla la polémica, se pidió a los chaqueños del interior desistir de viajar hacia Resistencia. Se informó además que planean suspender la circulación de colectivos hasta el 31 de mayo.

También, y a instancias de las autoridades correntinas, se dispuso que aquellas personas que viven en Corrientes y trabajan en el Chaco deberán cumplir una “cuarentena estricta”. Solo tendrán permitido salir de sus casas para reportarse en sus respectivos puestos laborales de Resistencia.

Coronavirus en la Argentina: ya hay siete muertos en las comunidades indígenas del Chaco

Publicado en La Nación
Con 98 casos positivos informados y siete muertes ocurridas la mayoría en las últimas horas, las comunidades indígenas y el Área Gran Toba de Resistencia se convirtieron en un problema en sí mismo, y de un alcance aún imposible de calcular dentro de la crisis sanitaria que enfrenta la provincia del Chaco por el nuevo coronavirus. En Chaco ya se registraron un total de 30 muertes y más de 500 afectados.

El brote declarado dentro de esa población aborigen es uno de los más importantes de Covid-19 que se haya dado hasta el momento en la provincia, y puede desmadrar la situación general -de por sí alarmante- si no dan resultado los trabajos de contención múltiple que intenta implementar el gobierno de Jorge Capitanich, que por momentos parece desconcertado ante el avance de la pandemia.

La situación es compleja: a las dificultades propias de una alta movilidad por necesidad económica, la circulación comunitaria del virus y las condiciones de precariedad en cuanto al saneamiento y a la infraestructura ambiental, en las populosas barriadas indígenas se suma la brecha cultural, que demanda un trabajo amalgamado, interdisciplinario, que respete por un lado los protocolos de salud y por otro, las prácticas ancestrales de la comunidad.

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Esa interrelación fue un tanto deficiente en los primeros días desde que se detectó el primer caso positivo en la zona, el 27 de abril pasado. Hace cinco días, por esa razón, el Gobierno del Chaco designó a una médica sanitarista al frente de los operativos. Su experiencia en el trato con sectores de alta vulnerabilidad es la carta que juega ahora el Ministerio de Salud para sortear las diferencias iniciales, sobre todo por las demandas particulares de los referentes barriales: algunos de ellos son caciques de la comunidad Qom, y otros, “caciques” con una variada gama de intereses políticos.

El cerco de metal que se montó como cordón sanitario en el barrio generó enojo en referentes de las comunidadesEl cerco de metal que se montó como cordón sanitario en el barrio generó enojo en referentes de las comunidades Crédito: Ministerio de Salud Pública de Chaco
El objetivo central de la medida es impedir el brote generalizado en el área, donde viven cerca de 5000 personas, y evitar un colapso del sistema de salud. Los números no son alentadores: la aceleración de contagios achicó en los últimos días la tasa de duplicación de casos. Otro temor: la alta tasa de positividad, que la semana pasada era del 75% en el barrio Toba, según confirmó el jueves pasado el subsecretario de Salud, Alejandro García.

El mismo funcionario confirmó el viernes la muerte por coronavirus del pastor evangélico Raúl Gómez, de 58 años. El deceso de Gómez se dio justo en momentos en que el Gobierno evaluaba reabrir las iglesias y las celebraciones religiosas. La realidad se impuso y activó la prudencia de la que no fueron capaces las autoridades.

El viernes por la tarde, el ministro de Gobierno del Chaco, Juan Manuel Chapo, confirmó que “no habrá oficios religiosos, al menos hasta el 24 de mayo”, en acuerdo con la Mesa Interreligiosa.

Acciones sanitarias
La zona en cuestión está ubicada a solo 16 cuadras de la plaza central de Resistencia. Desde que apareció allí el primer caso los vecinos reclamaron que las acciones del gobierno fueron insuficientes. Además miembros del Comité de Emergencia Indígena apuntaron que la aplicación de las medidas no tuvieron en cuenta la idiosincrasia de la población, que fueron mal comunicadas e implementadas de prepo, razón por la cual, dicen, surgieron reacciones con dispares niveles de violencia.

Ahora ya funciona en el lugar un espacio de aislamiento y, en caso de urgencias, se brinda atención en el hospital. Se hacen fumigaciones y trabajos permanentes de limpieza general, ya que es una zona donde también hay problemas con el dengue.

A los vecinos les recomiendan no salir de sus hogares para evitar el contagio, lo que también es complejo porque la realidad socioeconómica de los vecinos de esa zona los obliga a salir para ganarse el sustento diario, problema que se acrecentó ante la tardanza oficial en la entrega de módulos alimentarios, medicamentos e insumos de higiene hogareña y personal.

Las cuadrillas sanitarias recorrieron casa por casa con equipos de salud interdisciplinarios para la detección temprana de síntomasLas cuadrillas sanitarias recorrieron casa por casa con equipos de salud interdisciplinarios para la detección temprana de síntomas Crédito: Ministerio de Salud Pública de Chaco
Los módulos alimentarios llegan tarde o no alcanzan. El Ejército, que también está en el lugar, repartió 630 raciones de comida en los últimos días, pero solo para chicos que asistían a las escuelas. Hay pocos comedores y merenderos en la zona, lo que dificulra la supervivencia de la gente, según informó a LA NACION Laura Pérez, vicepresidenta del Consejo Comunitario de barrio Toba.

Además de la preocupación y del miedo que reina en el sector, piden mejorar el diálogo con el Estado para atender tres ejes problemáticos centrales: la salud, la seguridad y la alimentación de los vecinos de los seis barrios que constituyen grupos de riesgo.

El Área Gran Toba está conformado por los barrios Toba, Cheliyí, Camalote, Crescencio López, América y Cotap, donde la población registra enfermedades de base diversas: hay hipertensos, pacientes oncológicos, otros con chagas, diabetes, chicos y grandes con bajo peso o malnutrición, y una gran población anciana, algunos incluso, con más de 100 años.

Dos áreas
Por eso el Ministerio de Salud, a instancias de la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos y coordinadora del Covid-19 en el barrio Gran Toba, Carolina Centeno, dividió en dos el polo sanitario montado en el lugar: uno específico para Covid-19 y otro para el resto de las patologías. Operan en el Centro Integrador Comunitario, en el Centro de Salud del barrio Toba y también hay un camión sanitario apostado. “La idea es fortalecer la asistencia y mitigar el brote”, dijo Centeno, consultada por LA NACION .

Centeno conoce las dificultades del barrio, sabe de la falta de infraestructura y de las barreras culturales, por eso intenta un abordaje complejo mejorando, en principio, la comunicación con los referentes y vecinos, que por si fuera poco, también empiezan a dividirse, producto de las discrepancias que se evidencian entre los mandos políticos: la disputa entre el gobierno provincial y el municipal.

En este juego de divisiones, se acentúan los parámetros negativos de los determinantes sociales de la salud de la población Qom, donde hace punta la discriminación. Laura Pérez sostiene que las acciones iniciales no se comunicaron ni se consensuaron, y que eso generó enojos, reacciones y preocupación. “Pedimos intervención sanitaria urgente y un cordón sanitario, pero pusieron vallas y montículos de tierra”, dijo.

En los barrios de esta zona del Gran Resistencia hay problemas de infraestructura, pero también de personas con malnutrición y distintas enfermedades de baseEn los barrios de esta zona del Gran Resistencia hay problemas de infraestructura, pero también de personas con malnutrición y distintas enfermedades de base Crédito: Ministerio de Salud Pública de Chaco
En su mayoría, los vecinos del Gran Toba son artesanos, changarines hoy desempleados, muchos de los cuales trabajan en el Mercado Central de Resistencia, donde hoy por hoy no los dejan entrar. Afloró allí lo peor de la segregación, que se manifiesta también, según Pérez, en las medidas que toma en el Estado en el barrio Toba, diferentes a las que aplica en otros barrios con el mismo problema.

“Aflora el racismo porque nos exponen. A los otros barrios no se los menciona. Y a nosotros nos tratan de salvajes. Pero además no nos escuchan. La gente dice que no respetamos el protocolo, que ni siquiera usamos barbijo. Pero, ¿alguien se preguntó si podemos comprarlo?”, se quejó la referente barrial.

Dudas
El 27 de abril los vecinos del barrio Toba escucharon de funcionarios del gobierno la confirmación del primer caso de Covid-19 en el barrio. Desde entonces les embarga una sospecha: que ese contagio ocurrió en el Hospital Perrando. Tiene sentido: cerca de un 30% de los 573 casos reportados hasta hoy en el Chaco se dieron dentro del sistema sanitario público y privado, aunque las medidas para morigerar este brote intrahospitalario no se conocen con claridad.

Más allá de eso, la subsecretaria de Salud Comunitaria, Carolina Centeno, dijo a la prensa local: “Estamos tratando de contener y reforzar la atención con la toma de muestras y el aislamiento para aquellas personas que lo requieran. La gente está cumpliendo con los protocolos. También aumentó el uso de tapabocas”, dijo.

La idea de contención es otro asunto discutible: ante la falta de una medida mejor, el cordón sanitario es un cerco de metal y tierra que busca aislar a toda la población Qom. Una medida del Estado que genera indignación.

En Chaco fallecieron cinco personas por coronavirus y subió la tasa de mortalidad

Publicado en La Nación
La tragedia parece ensañarse con el Chaco : desde el viernes hasta hoy se reportaron cinco decesos a causa del coronavirus en la provincia . La última confirmada es la de un hombre de 72 años, que falleció el sábado en una clínica de Resistencia. En total, Chaco suma 19 muertos desde que se inició la pandemia.

En el Gobierno hablan de un estado de “alarma”, más allá de que hasta el momento esa calificación no encuentra su correlato en las conductas sociales. Tales conductas parecen avanzar en paralelo, aisladas de la situación de peligro que marcan las autoridades. La gente sale y, según advierten desde el Gobierno, relajó las medidas de resguardo e higiene. Algunos vecinos, dicen, asimismo, que también se relajó el control.

“Esta situación nos tiene que alarmar”, dijo hoy María Elisa Flores , directora de Epidemiología . En conferencia de la prensa, Flores alertó sobre un “aumento de la tasa de letalidad de la enfermedad”, situación que también se está dando en todo el país, pero que impacta fuerte en el Chaco. Dijo que la tasa se ubicó por encima del 5%, cuando venía estacionada un poco por arriba del 4%. Informó además que continúan los casos de transmisión comunitaria. “Hay gente que nos dice que se contagió yendo al supermercado o al banco”, sostuvo.

“En estas últimas semanas tuvimos un nuevo aumento de casos, y esto es importante entender y que todos lo sepan”, sostuvo la funcionaria, tratando de hacer mella en la población acerca de la necesidad de extremar las acciones preventivas. Sucede que el pedido ante la situación de alerta epidemiológica se da de bruces contra el alto índice de movilidad que viene manifestando la población, entre otras cosas por la necesidad de mover la economía, que en el Chaco como en la mayoría de las provincias del Norte, se inscribe en la informalidad.

Gruesos sectores sociales están por fuera de las pequeñas ayudas oficiales, y esto explica gran parte del fenómeno de desatención a las medidas que tensionan entre la salud y el dinero para la comida diaria.

Ante esto, la epidemióloga pidió cuidarnos entre todos. “Este fin de semana tuvimos cinco muertes. Y estas cinco muertes fueron de personas con enfermedades crónicas. No fueron solamente adultos mayores sino también personas jóvenes (uno de los fallecidos tenía 33 años), con alguna patología crónica de base. Esto quiere decir que tenemos que cuidar a estas personas”, añadió.

En ese contexto, las autoridades sanitarias chaqueñas remarcaron la gravedad del aumento de la tasa de mortalidad, que ascendió al 5%. “Esto a nosotros nos tiene que alarmar”, dijeron, porque además hubo un incremento en los casos de transmisión comunitaria. Son casos reportados de personas que, al parecer, solo fueron al supermercado, a cobrar a un banco o a un cajero automático.

Hasta el mediodía de hoy, el parte epidemiológico diario del Ministerio de Salud Pública registraba 346 casos positivos de COVID-19, con 136 personas con alta clínica confirmada y 19 fallecimientos. El punto es que hay 28 personas internadas y ocho de ellas en estado grave. La mayoría de los casos se concentra en la capital, Resistencia, y en algunas ciudades vecinas, como Barranqueras. En tanto, hay 1802 personas con diagnóstico de dengue en el territorio provincial, que es otro de los grandes problemas sanitarios que comparten todas las provincias del Norte del país.

Corrientes, otro panorama
Cruzando el puente General Belgrano, en Corrientes, la situación por el momento es distinta. La provincia no registra muertos, tiene 50 casos confirmados de coronavirus, 33 de los cuales ya están recuperados: solo 17 quedan en actividad, aislados y en buen estado de salud. Su tasa de duplicación de casos es superior a los 30 días y por eso el gobernador Gustavo Valdés anunció la habilitación de caminatas deportivas en lugares controlados y por turnos a partir de pasado mañana. Esta medida se suma a la apertura de comercios y de un shopping que, con restricciones, empezó a operar la semana pasada.

En conferencia de prensa, Valdés anunció que entre las actividades permitidas para realizar en la cuarentena se sumarán las caminatas y trotes deportivos desde el miércoles en tres lugares de la Capital y en un lugar en cada uno de los municipios de la provincia. Será con cupos, por turnos y por finalización del DNI, para lo cual hay que pedir una autorización online.