Corrientes aprobó la ahesión a la ley nacional de voto joven

Publicado en La Nación

CORRIENTES.- Por unanimidad, la Cámara de Diputados de Corrientes aprobó hoy la adhesión de la provincia a la ley nacional de voto joven, sancionada hace 10 años, con lo cual corrigió un desequilibrio normativo que permitía a los jóvenes correntinos de entre 16 y 17 años elegir presidentes, pero no concejales, intendentes o gobernadores.

En los hechos, con la Ley 6.615 votada hoy, los diputados adhirieron a la provincia de Corrientes a la Ley 26.774 que está en vigencia desde octubre de 2012, y que significó la ampliación del derecho al voto en las elecciones nacionales de los jóvenes de entre 16 y 17 años.

Por imperio de esa norma, los jóvenes correntinos pudieron votar legisladores nacionales y presidentes. Incluso podían elegir cargos locales cuando las elecciones municipales coincidían con las nacionales, pero no cuando se desdoblaban, como ocurre en Corrientes por disposiciones constitucionales y por costumbre política desde antes de la aprobación de la ley de voto joven.

El desequilibrio, por tanto, era manifiesto, pero las voluntades políticas no consiguieron destrabar la cuestión hasta esta mañana, cuando la cámara de origen insistió con el proyecto enviado el año pasado por el gobernador Gustavo Valdés.

La primera sanción favorable del expediente ocurrió en Diputados el 20 de octubre de 2021. Salió con voto unánime. Casi un año después, es decir hace poco menos de una semana, el Senado le dió su visto bueno, pero introduciendo una modificación sustancial al proyecto: incorporó la obligatoriedad del voto joven, es decir que otorgó el derecho, pero le impuso las obligaciones del cuerpo electoral general, con sus sanciones y multas incluidas. Hoy, pasado el mediodía, la Cámara baja con 27 de sus 30 miembros presentes, resolvió tratar el proyecto sobre tablas e insistir con el texto original: la adhesión a la ley nacional y el voto joven facultativo.

En el medio quedó una situación de disputa interna entre los líderes del radicalismo y de la coalición de gobierno: por un lado el gobernador Valdés, autor del proyecto de voto joven opcional; y por el otro el senador Ricardo Colombi, autor y vocero de la obligatoriedad que sorteó el paso por el Senado, pero que naufragó esta mañana en Diputados.

Se descuenta ahora la pronta promulgación del texto por parte del gobernador y su publicación para que entre en vigencia inmediatamente y se aplique en las elecciones del año próximo, en conjunto con la ley de paridad de género para cargos legislativos que se aprobó la semana pasada.

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés
El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés

De esta forma, el voto joven optativo incorpora el goce de los derechos políticos de los jóvenes que hubiesen cumplido la edad de 16 años, quienes podrán ejercerlo de manera facultativa, en todos los comicios para todos los cargos electivos que se convoquen en la provincia de Corrientes.

Con esta adhesión, solo Santa Fe permanece fuera de la adhesión a la ley nacional, aunque  confían que se apruebe este año el proyecto que en junio pasado el gobierno envió a la Legislatura.

Esto es así porque en nuestro país cada provincia tiene la capacidad de dictaminar su orden político e institucional, siempre bajo la normativa establecida por la Constitución Nacional. Y para la elección de autoridades locales (legisladores provinciales, concejales, intendentes y gobernadores) se aplica la ley de cada provincia.

En la Argentina, luego de la reforma de la Ley de Ciudadanía, la mayoría de las provincias adaptaron su legislación y ampliaron el derecho al voto en las elecciones provinciales a los jóvenes de entre 16 y 17 años. El mismo 2012 lo hicieron 9 provincias. La primera fue San Juan. En 2013 adhirieron 5. Entre 2014 y 2017 se sumaron otras 5. Santa Cruz y Salta lo permiten de hecho, al utilizar para las elecciones provinciales el padrón nacional. Tucumán adhirió en 2019. Hoy lo hizo Corrientes y queda Santa Fe como la única de todo el territorio nacional que aún no permite el voto joven.

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Paridad, voto y veto

Acabo de mandar nuevamente a la Legislatura dos proyectos de ley claves para Corrientes: voto joven y paridad de género. Debemos garantizar a los jóvenes la posibilidad de elegir a sus representantes y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en política”, avisó el viernes 3 de julio, por Twitter, el gobernador Gustavo Valdés.
La utilización del adverbio “nuevamente” no es ingenua ni producto de la impericia en el manejo del lenguaje. Remite a un hecho reiterado, simbólico y concreto, no resuelto por obstáculos políticos que se suceden, pero no se declaran.

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El camino de Valdés a la gobernación fue tapizado por promesas de inclusión y desarrollo. Ya en el poder, pidió que se lo juzgue por indicadores de lastre atávico, como el de la pobreza. En el mismo acto, empezó a transitar el camino de construcción de su propio liderazgo poniendo en discusión temas centrales de una agenda más progresista y desusada en una provincia aletargada por el conservadurismo que se meció, por muchos años (pero sobre todo desde 2001 en adelante), bajo la brisa tranquilizadora del pago de los sueldos. En rigor, el mecanizado sometimiento del salario estatal, que ante la falta de mejores oportunidades, allegó una paralizante opresión con efectos sociales y culturales insondables, a la vista de quien lo quiera ver.
En 2019, no obstante, el gobernador Valdés pasó a los hechos. Encolumnó detrás de su figura al frente político que lo sustenta y encaró una campaña para las elecciones de medio término blandiendo las banderas que plantó en el instante de asumir: la obra pública; los procesos de modernización e inclusión con trabajo; y el pedido a los legisladores para aprobar las leyes de voto joven y de paridad de género. Se comprometió con las políticas de igualdad de derechos; de contención para la comunidad Lgbtq+ y las acciones de ataque contra la violencia de género.
En junio ganó las elecciones y el gobernador obtuvo los avales legislativos que necesitaba para avanzar con las reformas, las declamadas y las necesarias para el gobierno. Y las que demanda la sociedad en su conjunto, que se impone con su agenda aún cuando los líderes tengan otras.
Valdés y los suyos lograron una diferencia de más de 40 puntos en las elecciones de 2019 y consiguieron, a partir del 10 de diciembre, no sólo mayoría sino dos tercios en ambas cámaras legislativas. Así y todo, los proyectos oficiales tropezaron contra una llamativa, férrea y silente quietud. El discurso se dió contra la evidencia. Y donde no se requerían las mayorías de otros, también hubo tropiezos. Lo que se dice no es igual a lo que se mantiene: un gabinete lleno de varones, veteranos en la función, incapaces ante la inclusión.

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Pues bien: los proyectos murieron intoxicados con el polvo de los cajones legislativos y por eso, hace casi un mes, el mandatario volvió a enviarlos. A un año calendario de las elecciones generales de 2021, Valdés insistió “nuevamente” con sus proyectos. Los expedientes ingresaron el viernes 3 de julio por la Cámara de Diputados.
Hablando por radio en esos días, a prudente distancia de una interna que fluye en napas de profundidades variables, Valdés respondió a la pregunta más obvia de todas:
—Si el gobierno tiene mayoría en la Legislatura, ¿por qué no avanzan los proyectos enviados por el gobierno?
—No sé por qué tienen miedo a debatir la ley. (En todo caso) que los legisladores y legisladoras digan de cara a las mujeres que no quieren el proyecto de paridad y que les digan a los jóvenes de 16 años que no tienen derecho a voto —dijo Gustavo Valdés.
—Las mujeres tienen que exigir sus derechos. Y no a un hombre, sino a una Legislatura: todos cumplen el mismo rol ahí adentro —añadió.
Usar la frase “no a un hombre”, tampoco fue casual, como el “nuevamente” del trino inicial.
El “hombre” es el senador Ricardo Colombi: inspector que habilita o frena el avance de las leyes en la Legislatura y que, por lo que se vio, apuró el reenvío oficial luego de que el jueves 2 de julio pasado, sin que se le mueva un músculo de la cara, presidiera una conferencia virtual con mujeres tras la cual hizo decir que “con otros senadores estamos trabajando en un proyecto para que la paridad de género se dé en los tres poderes del Estado”. El expediente ingresó el miércoles último, y el jueves, en plenario, el Senado lo mandó a comisión.
—Son los desafíos que se vienen —dijo Colombi, escupiendo altas dosis de cinismo, recién enterado de una demanda que antecede a su voluntad de patriarca. —Esperemos que en el transcurso de este año lo podamos aprobar —anunció luego, ya en su rol de presidente de la UCR, en el cierre de la conferencia online “Estrategias para una sociedad más igualitaria”.
Del webinario otrora impensado para alguien plantado en las antípodas de cualquier virtualidad, participaron, entre otras, varias legisladoras que en privado todavía se quejan de los maltratos o ninguneos proferidos por el ahora “comprensivo y progresista” legislador, que por efecto de alguna magia efectiva decidió abrir los ojos y visibilizar a un colectivo como el de las mujeres, a las que trató casi siempre con distancia y reiterado desdén.
Aún así, a la luz del momento histórico, no deja de ser una buena noticia que Valdés y Colombi estén pensando lo mismo en cuanto a la inclusión y a la igualdad. Tal vez ahora sí avance el proyecto, pues depende de ellos el resorte legislativo.
La oposición -mínima y fragmentada- no talla en esta discusión. Varios de sus miembros ya adelantaron votos favorables, pero no es garantía. El PJ no estuvo a la altura cuando tuvo que demostrar que es verdadero su apoyo a la paridad. Patricia Rindel tiene mucho para decir al respecto. O Rubén Bassi, senador peronista que sopló el escaño de una mujer con votos radicales: sí, con el aval de los mismos que ahora parecen convertidos a la religión del igualitarismo. Una circularidad asombrosa.

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Tampoco fue casual este movimiento de piezas, en medio de la pandemia por coronavirus. No fue casual por cuestiones del momento histórico y político, por el atraso provincial en varias materias de debate candente, y por las acciones del propio Estado nacional. Sucede que el mismo viernes 3 de julio, el presidente Alberto Fernández, tras presentar el “Plan nacional de acción contra las violencias por motivos de género”, marcó un rumbo para enfrentar una problemática que no excluye a Corrientes.
El plan nacional tiene un presupuesto de 18.000 millones de pesos y responde a otro número escalofriante: hasta el 30 de junio se registraron 162 femicidios –81 durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio-, de acuerdo con el relevamiento del Observatorio “Ahora que sí nos ven”: el promedio fue de un femicidio cada 27 horas.
En Corrientes la cosa es igual de preocupante: hasta junio y con la cuarentena de fondo, se registró un caso de violencia familiar cada 30 horas, según la Inspectoría de Justicia de Paz del Superior Tribunal de Justicia.
Ante semejante presente, hablar de contención a las demandas de género o de paridad sólo en clave electoral parece por lo menos poco. Es un derecho que se reclama, no una dádiva que se espera.

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Corrientes está muy lejos de una “real inclusión” como manda la Constitución, y esta no es una apreciación sólo geográfica. Por ello resulta necesario que la intención se convierta en acción, y que el derecho esté por encima de la especulación proselitista, juego que practican al borde de la fascinación algunos referentes caudillescos de este firmamento político aldeano.
Los derechos inclusivos son fundamentales para cambiar realidades. Servirían para mejorar, ya que estamos en épocas de pandemia, los determinantes sociales de la salud.
Haber manejado con (relativo y todavía parcial) éxito la pandemia en la provincia, no fortalece la integralidad del sistema sanitario. Hablar de coronavirus en vez de los enfermos por siniestralidad vial, cardiopatías, desnutrición, chagas, dengue, o aborto, por ejemplo, no elimina la realidad que subyace al efecto totalizador de la peste. Para decirlo claro: silenciar no es erradicar.
Negar el aborto no disminuye la cantidad de interrupciones de embarazo que se siguen haciendo en la clandestinidad y que condena a muerte a muchas chicas desesperadas.
Corrientes tiene un código postal, al decir de la sanitarista Carolina Centeno, que determina también nuestra forma de vivir y de morir. Afecta más a las mujeres, sobre todo a las más pobres poco educadas, que son muchas en nuestro contexto. Esa es la conclusión de años de política negadora, internista, fratricida, excluyente, que convierte en tabú ciertos temas que queman como el fuego en cualquier sociedad del Siglo XXI.
Hay malas noticias: nada mata tanto como la costumbre.
También hay buenas noticias: tenemos una oportunidad para empezar a revertir el cuadro, ahora que internet llegó a ciertas cavernas.
¿Tenemos una nueva oportunidad?

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