En 2 meses reglamentaron una ley de hace 27 años para privatizar el Turismo

Una ley de la dictadura que tardó 27 años en reglamentarse, se instituyó rápidamente en los últimos días, en el colchón le-gal sobre el que cuidadosamente se posa una generosa oferta empresarial para canjearle al Estado la concesión del juego y la hotelería oficial por el prudencial plazo de 20 años, a cambio de una inversión de unos 27 millones de pesos para revaluar el viejo Hotel de Turismo y levantar una torre en sus patios, todo en el marco de un operativo que lleva el ambicioso nombre de “Hotel Internacional de Turismo”.

La noticia se conoció hace ya varios días. Un boletín de días hábiles, o publicación paraoficial, informó hace dos viernes que el Gobierno puso en marcha un llamado a licitación para conseguir oferentes que emparden o mejoren una oferta presentada por dos firmas para reacondicionar el Hotel de Turismo y ampliarlo, a cambio de una concesión de 20 años.

Pero la cosa no quedó allí. Días después se supo, por obra y gracia de un pedido de informes aprobado por el Senado, que las empresas autoras de una “iniciativa privada” de obra pública, pidieron a cambio de la inversión una especie de prolongación del formidable negocio del casino que la intervención federal pasada, dicho sea de paso, ya estiró hasta 2021. Pues bien: sus inversores quieren manejar el juego hasta 2031.

Pero más allá de esta cuestión, que podría entenderse en el marco de una voraz lógica empresaria, lo que llama la atención es la forma: la celeridad con la que el Gobierno quiere ahora, en dos años, tener un nuevo hotel, con dueños viejos, pero bien asegurados hasta las próximas generaciones de gobernadores.

Sucede que Ricardo Colombi se va en 2013, pero él y sus ministros ya opinaron favorablemente sobre un ne-gocio que concluirá en paralelo al mandato de su futuro quinto sucesor.

Interés

Lo que se desprende del análisis de las leyes y decretos empleados para dotar de legalidad al proceso, surge que el gobierno de Ricardo Colombi hurgó en los anales legislativos hasta toparse con una vieja ley de la dictadura, redactada, aprobada y promulgada el mismo día, el 8 de julio de 1983, en el ocaso de la administración de Juan Alberto Pita.

Esa ley, la N° 3796, del “Régimen de Concesión de Obra Pública”, sumamente beneficiosa para empresarios, sobre todo para los amigos del poder, tardó 27 años en ser reglamentada. El autor del texto complementario: Ricardo Colombi, en colaboración con sus ministros de Hacienda, José Enrique Vaz Torres; de Obras Públicas, Aníbal Godoy y de la Secretaría General, Carlos Vignolo. Por medio de un decreto pusieron el fuego en punto de llama para cocinar rápido lo que vino después.

Es que resulta más que llamativo que a días de publicar la reglamentación de la “Ley Pita” -que, vale reiterar, es muy beneficiosa para los interesados en financiarle una obra al Estado, incluso con plata de los bancos del Estado-, haya aparecido una oferta privada para adecuar a los cánones internacionales vigentes, el viejo Hotel de Turismo, pagando para ello un canon que de internacional sólo tiene el origen de la moneda de cambio. Pero hay más. Una de las empresas autoras del proyecto, Casinos del Litoral (la otra es Hoco SA), pone como condición de inversión estirar 10 años más la concesión del juego en Corrientes, cuyo plazo actual vence en 2021, dentro de poco más de 10 años.

Para los pocos interesados que se acercaron a mirar el pliego de bases y condiciones del proyecto, esta situación no hace más que romper el pie de igualdad con los demás oferentes que no tienen un casino para presionar al Estado por más utilidades.

Celeridad

Pese a todo, el gobernador Ricardo Colombi, sus ministros Vaz Torres, Godoy y Vignolo avanzaron y no sólo tomaron nota del proyecto sino que además, opinaron favorablemente para que el mismo sea declarado de interés público. A ese coro de funcionarios se sumaron la subsecretaria de Turismo, Inés Presman; el subsecretario de Cultura, Gabriel Romero e incluso el interventor de Lotería y Casinos, Leandro Alciatti, para quienes no hay nada mejor que este proyecto y estos empresarios, a quienes calificaron, en documento público, de exitosos y altamente solventes.

El pasado 6 de septiembre Colombi y sus tres ministros firmaron el decreto de interés público, texto que podría ser atacado por cierta inconstitucionalidad, según se encargó de denunciar la senadora Liliana Wetzel en el proyecto aprobado el jueves en la Legislatura. El pasado 28 de septiembre se aprobó el pliego de bases y condiciones que se vendió hasta el 7 de octubre ya que la apertura de sobres está prevista para el 1 de noviembre. Es decir que en menos de 4 meses se habrá cumplido todo el proceso que dará por inaugurada y plenamente vigente una ley de la dictadura que vivió en letargo por casi tres décadas.