Reforma: un debate que desnuda

El largo debate por la reforma del Código Procesal Penal, que se fricciona según las oportunidades políticas y se contamina desde posturas inconfesables, constituye un indicador más de una triste realidad provincial, acuciada por sus problemas históricos: la pobreza económica, pero también la desnutrición intelectual de sus actores institucionales y la infección de inmoralidad de los referentes políticos.
Esta discusión insumió ya una década y aún no puede zanjar las diferencias de preparación, financiación y oportunidad, caballito de batalla de sus detractores. Varios proyectos fueron presentados. La Cámara de Diputados sancionó uno en 2012, pero terminó muriendo de inanición.
La Cámara de Senadores lo rescató del archivo y procuró ahora la sanción de una nueva iniciativa que -hasta el momento- no encuentra su correlato de interés en la Cámara baja. Sus integrantes dicen que hay que estudiarlo. Es decir, volverán a estudiar lo que ya aprobaron. Están en su derecho, aunque suene a decorado de una trama oculta.
Hay que decir igualmente que esto no sería un problema (pues los tiempos legislativos no siempre son los que demanda la “gente”) a no ser por los fundamentos que sostienen los que se oponen a una norma que, según la mayoría de los profesionales intervinientes en el proceso de su confección, no sólo pondría a las actuaciones judiciales en el marco de la legalidad, sino que además acercaría un sinnúmero de beneficios para el Estado, el sistema judicial, los imputados y las víctimas de los delitos y procedimientos que prevé el plexo procedimental.
Quienes se niegan a su aprobación piensan en nombres, no en instituciones. Piensan en la plata, cuando nunca han hecho nada ante otros descalabros. Piensan en el poder de los otros, sin decir que tal vez, este nuevo escenario recorta las desmesuras propias.
Hablan de desequilibrio cuando en realidad se podría equilibrar un sistema que hace tiempo y según todos los especialistas, sobrevive en falsa escuadra, desde la década del ‘70, para ser exactos. Piensan -dicen en off muchos miembros de la propia casta-, que tal vez la Justicia se les vendría encima, escondiendo que a lo mejor han hecho algo para sustentar su temor.
Ante tal situación, resulta al menos grave que la calidad institucional dependa de personas insolventes desde lo técnico, temperamentales desde lo político y temerosas desde el prontuario, que miran su propio interés ante la necesidad colectiva de adecuar las normas, acortar los procesos, profesionalizar las acciones y aún así, promover ahorros en favor del Estado y hasta el ambiente.
Esto es también Corrientes. Estos también son sus problemas. Y aquí, como en muchos otros casos, no es culpa del otro, como se acostumbran a discursear para excusarse quienes desde hace años ya no saben cómo esconder su propia incapacidad.
(Quien esto escribe abriga la esperanza de que esta nota sea rebatida con hechos).

About the author: Eduardo Ledesma

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