Para el diario El Litoral
Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables”, escribió el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, el martes por la noche. “Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”, añadió.La apreciación del Presidente tal vez sea una reacción ante el impacto que generaron las imágenes de video capturadas el 31 de mayo y que registran un procedimiento policial en el domicilio de una familia qom en la localidad chaqueña de Fontana. Pero al hablar de “una deuda de la democracia”, tal vez esté mirando más profundamente los complejos factores que perfilan el accionar de las fuerzas de seguridad de muchas provincias, incluida Corrientes, que el martes 21 de abril asesinó a un recluso de 22 años durante un motín en el Penal N° 1.
Está claro que la del Chaco constituye una situación de alerta, de estructura y coyuntura, pues pese a la ferocidad del aparato represivo policial, que se ensaña con los sectores populares y aborígenes, la pandemia -que es su fundamento excepcional ¿y legal?- sigue avanzando.
Son reveladores en este sentido los datos de un informe del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, que depende de la Universidad Nacional del Nordeste. Su último reporte posó la lupa sobre la “represión y control social en el Chaco durante la emergencia sanitaria por covid-19”. La publicación abarca del 18 de marzo al 30 de mayo de 2020. El corte y la publicación preliminar están anclados a los hechos de Fontana, pero sirven de disparador para marcar lo que los investigadores advierten como una suerte de normalidad inquietante en la vecina provincia. ¿Será solo allí?
“La violencia, el racismo y el abuso de poder puestos de manifiesto en el hecho puntual de Fontana, constituyen solo un botón de muestra de un Estado policial que se ha ido instaurando en el Chaco a partir de la emergencia sanitaria. Una serie de mecanismos de control social, cuyo funcionamiento se complementa y yuxtapone, ha dejado a la ciudadanía a merced de unas fuerzas de seguridad con cada vez mayor cantidad de funciones, autonomía, legitimidad e impunidad en su accionar”, empieza diciendo el texto.
El tema es que ese poder sobre los derechos de la población no es proporcional a su eficacia para contener la pandemia, que “en el Chaco ha causado casi el 10% del total de muertes aunque su población representa el 2,5% de los habitantes de la Argentina”.
El covid-19 afectó de manera particular al Chaco. El primer caso fue confirmado el 9 de marzo (seis días después del primer caso en Argentina). Desde ahí, la vecina provincia tuvo algunos de los peores indicadores del país: el primer caso de un niño infectado (13/3), el segundo fallecimiento por covid-19 (13/3), el primer caso autóctono (16/3), la víctima más joven (31/05) y un crecimiento sostenido tanto de confirmados como de muertes, siendo la tercera jurisdicción provincial con mayor cantidad de casos. Este viernes superó el millar de personas con la enfermedad.
Un dato adicional, fuera del informe, dice que el Chaco mantiene dentro de su sistema sanitario un foco infeccioso que reportó alrededor del 30% del total de contagios desde el inicio de la pandemia. Esta es una línea importante, porque es la línea que intentó asegurar el Gobierno de Corrientes desde el primer momento para mantener bajo control, o al menos bajo la posibilidad de un manejo razonable, los casos en esta orilla del Paraná, costa que se relaciona fluidamente con la otra a través del puente General Belgrano. Recordemos además que esta situación provocó una especie de “guerra verbal” entre funcionarios de ambos gobiernos por la rigurosidad en el manejo de los controles.
La cuestión, entonces, que surge para el análisis colectivo, tiene que ver con la efectividad de las medidas de restricción y con el fundamento de la violencia con la que se aplican. ¿Qué pasaría si la violencia frena al covid-19?
La pandemia, además de desnudar asimetrías técnicas, culturales y económicas, al parecer también desnudó un rasgo de segregación y discriminación muy fuerte y arraigado. No ya en Estados Unidos, sino en el Chaco mismo, que es un Estado pluricultural, pluriétnico y diverso. Pero ¿será que solo ocurre allí? ¿Qué podemos aprender nosotros, mientras tanto, para no llegar a esos niveles de iracundia institucional?
Lo que sabemos por el informe de la Unne es que en el Chaco “se fueron sucediendo diversas medidas de control social que -con la excusa de la emergencia sanitaria- profundizaron la represión operada por los aparatos del Estado”.
La paliza de un grupo grande de policías a chicos y chicas de una familia qom de Fontana se convirtió en un tema de debate nacional. Hasta referentes de la ONU pidieron intervención para frenar la escalada. El Gobierno del Chaco hizo varias cosas: repudió “este accionar ilegal, violento y arbitrario” y al mismo tiempo informó que todos los efectivos involucrados en la incursión del domingo en Fontana fueron separados de sus cargos. Se trata del oficial subayudante Cristian Foschiatti, del sargento Cristian Benítez, del cabo Cristian Flores, y del agente Orlando Cabrera, que son los que en principio aparecen en los videos que se hicieron viral.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, su titular, Silvana Pérez, confirmó que denunciaron a otros dos agentes y que pedirán la detención de todos (cosa que no ocurría hasta el viernes). Dijo que serán querellantes en la causa y que, además de la cuestión penal, elevarán recomendaciones para reconfigurar el esquema de poder dentro de la Policía.
Varios días después, el propio gobernador Jorge Capitanich se dio por aludido: pidió perdón a las víctimas, a sus familias y a la comunidad indígena, y aceleró una reforma policial cuyo anuncio formuló el pasado jueves. Tal reforma incluye un manual de buenas prácticas para la policía, capacitación en políticas de género, derechos humanos y derecho indígena. Capacitación en la Ley Micaela y en la Ley de Interculturalidad, lo cual será obligatorio para todos los agentes públicos. Además, planteó un cupo indígena para la integración a las fuerzas de seguridad. El viernes, en tanto, se reunió con referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para trabajar en acciones para las comunidades originarias.
Los datos
El Observatorio de Conflictos Sociales del NEA no denuncia, sino que informa. Pero los datos de este trabajo ya fueron analizados por el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) que es el órgano estatal que controla al Gobierno y vela por el cumplimiento de las normas en procedimientos de este tipo en el Chaco. Hay otros comités en media docena de provincias, uno de ellos, en Corrientes.
Sucede que el informe del Observatorio de la Unne enumera una serie de irregularidades que podrían resultar generales, como las detenciones por “violación de cuarentena”.
En específico informa que durante el período del 18 de marzo al 30 de mayo de 2020 se produjeron en el Chaco unas 15.224 detenciones por violación del aislamiento. Esto arroja un promedio de 200 personas por día (8 personas por hora), con un pico máximo de 563 detenciones el día 22 de marzo”. De ese total, unos 1.650 son menores de edad, a pesar de que su detención es ilegal de acuerdo con el Régimen Penal Juvenil, agrega el informe.
Hay más: “La Policía del Chaco, en los últimos 10 años, asesinó a 21 personas bajo la modalidad de ejecuciones ilegales, comúnmente llamadas ‘gatillo fácil’. Este número llega a 86 muertes por acción u omisión estatal si se agregan las muertes por cárcel y comisarías, por represión a la protesta social, en operativos, femicidios y desapariciones forzadas”.
Ante esta situación, el Comité Provincial contra la Tortura presentó denuncias y recomendaciones para los operativos y un habeas corpus preventivo y correctivo, que finalmente fue rechazado. Entre las razones del rechazo, el procurador general adjunto del Chaco, Miguel Fonteina, sostenía que “nos encontramos ante una crisis sanitaria sin precedentes, donde se requiere adoptar medidas inmediatas”, donde no se advierte “un accionar ilegal, represivo, anómalo por parte de la Policía de la provincia del Chaco, dado que las medidas a fin de hacer cumplir el aislamiento dispuesto resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y el riesgo sanitario que enfrentamos”. Los resultados no están a la vista. El peligro de semejante visión, sí.
