“…ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna, ya lo verás.”

“Memoria de mis putas tristes”, Gabriel García Márquez

Mucho se dijo en estos días acerca de la pretensión del senador José María Roldán de intervenir el Poder Judicial de Corrientes. Por lo tanto, sumar un comentario al respecto puede que no agregue más que otro hilo a la urdimbre en la que se mezclan todo tipo de intereses, muchos de los cuales responden más que nada a la individualidad de quienes lo sostienen.
Pero como no hay peor gestión que la que no se hace, vale el intento de sumar algunos elementos que pueden ayudar a entender este déjà vu abonado por algunas piezas non sanctas del sistema político provincial y nacional.
El pedido de intervención federal presentado en la semana por el senador Roldán hace hincapié en ciertos asuntos que ciertamente pueden reprocharse de la Justicia. El paradero desconocido y el estado general de salud incierto del doctor Juan Carlos Codello, miembro del Superior Tribunal y tío del gobernador, por ejemplo.
La designación sospechada de fiscales y las denuncias que pesan sobre el fiscal general, César Sotelo, entre otros asuntos relacionados con el sistema de votación que se utiliza en el seno de la Corte local a la hora de dirimir cuestiones de variada índole, se suman a la lista de las supuestas “irregularidades”.
La gravedad de la que habla Roldán en su presentación, puesto que según él la Justicia esta impedida de dar respuestas a la ciudadanía, puede verse no obstante relativa, a pesar de todo, puesto que hasta la denuncia del senador, lejos de generalizar, hace foco claramente en el Superior Tribunal (con la defensa expresa del ministro Niz) y en el jefe de los fiscales. Lo de más es música.
Lo raro del caso es que se avance blandiendo la amenaza de intervención pero no se repare sobre el Poder Legislativo que, constitucionalmente, tiene en sus manos las potestades suficientes para separar la paja del trigo. Condenar a los pecadores y absolver a los inocentes.
Aquí no se procede de tal modo. Se amenaza con la intervención recordando que es la última instancia, pero no se echa manos sobre las instancias intermedias. De hecho se la ignora.
De Roldán se dijo mucho en estos últimos días. La corporación judicial lo tuvo en sus oraciones permanentemente. Hasta le enviaron saludos a su madre en más de una ocasión. Una consideración generosa que debería no ser exclusiva, pues hay otros personeros de la política doméstica que están con él o en su contra, pero que sin querer o queriendo, aunque con argumentos contrapuestos, no hacen más que generar pánico y climas enrarecidos a unos pocos meses de las elecciones.
Acorralado por las circunstancias, el presidente del Superior Tribunal, Carlos Rubín, salió a decir, sin tapujos que la intervención es el sueño de algunos para evitar la cárcel. Habló de Roldán, pero también de ex gobernadores, algunos procesados y otros condenados, precisó, aunque sin dar nombres. Tampoco hace falta. Sobran en Corrientes los buenos entendedores.
La Legislatura mantiene un llamativo silencio. Son ellos quienes pueden (y deben) terciar en la cuestión, pero los intereses, en este punto, parecen impedirlo.
Es que más allá de la defensa institucional que hace el gobernador Ricardo Colombi, pocos caen en el amague. Colombi defiende la justicia que logró armar en todos estos años de gobierno radical y ello incluye la preservación del Ministerio Público. Así, aunque no haya forma de probarlo, tanto Roldán como Colombi quieren lo mismo. El Superior y la Fiscalía General.
El senador, aliado a algunos pares suyos, a referentes con y sin votos y a un sector agazapado del kirchnerismo que parece no medir del todo las consecuencias de un posible desenlace intervencionista.
Colombi, por su parte, suma a toda la corporación judicial que siente pánico de solo pensar en perder la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad del salario y a los sectores políticos afines a su estrategia reeleccionista.
En el medio y en la superficie queda la disputa entre un ex ministro, ex aliado, ex correligionario que, como un despechado, parece dispuesto a salvarse de lo que sea, aunque para ello juegue algunas fichas políticas que ni siquiera se animan a arriesgar quienes probablemente saquen réditos más grandes de esta movida.
La soledad de Roldán en la presentación del proyecto habla a las claras de un vacío que tiene más olor a finta que otra cosa.
De todos modos, estas son las cosas que logra la política. Junta detrás de un pedido de intervención a los que siempre ganaron con el río revuelto; a los que quieren manejar la justicia, aun dictando sentencias a través de los medios; e incluso a quienes padecieron viejas y dañinas intervenciones federales. Todo sea por la coyuntura, por el momento político, tal vez por un beneficio o la promesa de alguna dádiva. De los costos, bien gracias.
Aquí es donde parece urgente advertir que un poder del Estado no puede ser la pelota del gordito que se enoja. Hoy jaquean a la Justicia. Pero mañana puede ser la Legislatura y pasado el Ejecutivo, como pasó ya en 17 oportunidades. ¿Habrá responsables si eso pasa?
El peronismo, en toda esta década de gobierno radical en Corrientes, opinó cada vez que pudo acerca de la devastación (política y dineraria) de la intervención que empezó Ramón Mestre y terminó Oscar Aguad (a instancias de Ricardo Colombi, que también tiene en su haber un pedido de ayuda externa). Ahora, según Roldán, mas allá de la soledad de su firma, el peronismo versión K apoya el remedio federal, sólo que lo harán saber recién en su momento.
Referentes nacionales del espacio abonan la teoría, pero se cuidan de lastimar a los elementos locales del modelo que, según las usinas de Salta y Mayo, son los verdaderos ideólogos de la acción.
La sabiduría popular se mofa de estas cuestiones. Porque al estigma radical de no terminar los mandatos se le suma este de pedir que otros se hagan cargo de las cosas cuando estas se ponen un tanto complicadas.
Los medios también juegan su parte. Cada cual genuinamente puede defender una postura, pero no sólo a instancias de la política.
Los argumentos esgrimidos hasta el momento, más que rigurosos alegatos, galvanizan posicionamientos personales ante los asuntos de la ley, que en todo caso pueden resolverse, como ya se dijo, activando otros mecanismos.
Sin el necesario cuidado, así, late con fuerza el peligro de caer presos de una incoherencia histórica. Como muchos dirigentes. Hoy se hacen encima de la continuidad institucional que hace no mucho sostenían como bandera de lucha. Como la moral, todo parece cuestión de tiempo.